AL, la región más letal para defensores de tierras y ambientalistas

La Jornada

Concentra 85% de crímenes, revela Global Witness

Son indígenas tres cuartas partes de los asesinados

En 2025, al menos 124 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron asesinadas por proteger sus tierras. 85 por ciento de los casos se registraron en América Latina y el Caribe, región que ocupa el primer lugar como la más letal desde el año 2012, de acuerdo con la organización Global Witness.

El informe “Poder Colectivo: La lucha por la protección de las personas defensoras del territorio y el ambiente“ indica que las disputas por la tierra fueron la causa principal de los asesinatos con 84 de los casos, seguida de la oposición contra proyectos extractivistas, como la minería, con 11; tala de árboles, con ocho e industria agroindustrial, con seis.

Casi tres cuartas partes de las personas asesinadas fueron indígenas –siete de ellos eran miembros de alguna guardia– y pequeños agricultores. De los 124 homicidios, 109 fueron hombres, 14 mujeres y uno de una persona no binaria.

Colombia encabeza la lista con 39 personas asesinadas, seguido de Brasil con 26, Honduras, con 12 –estos dos últimos países duplicaron las muertes frente a 2024– y Filipinas con 12.

México ocupa el quinto lugar con 10 personas asesinadas, nueve menos respecto al año previo. Empero, puntualiza que en el país otras formas de violencia se han hecho más agudas al detectar 107 casos de criminalización, así como desapariciones, estigmatización e intimidación, al retomar datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.

Recordó el caso de Marco Antonio Suástegui, quien murió en 2025 en Acapulco, Guerrero, tras ser atacado a balazos mientras buscaba a su hermano, también defensor del ambiente, que desapareció en 2021.

Mayor intimidación en redes sociales

El documento destaca que entre 2012 y 2025, a escala global, el número total de asesinatos y desapariciones documentados asciende a 2 mil 375 personas.

Subraya que si bien hay una tendencia a la baja, ya que en 2024 se documentaron 142 asesinatos y cuatro desapariciones, y en 2023, 196, puede deberse a “una subestimación considerable, ya que una gran cantidad de casos no se denuncian”.

Expone que los asesinatos son la forma más extrema de represalia que enfrentan las personas defensoras, pero bajo ellos se esconde un “iceberg oculto” de agresiones no letales, entre las que figuran la criminalización, las amenazas y las campañas de desprestigio.

“Cada vez más, las redes sociales se instrumentalizan para desacreditar y acosar a las personas defensoras, lo que socava la confianza pública y aísla a este colectivo de sus comunidades. Esta diversificación de las estrategias represivas, que comparten el mismo objetivo de intimidar y silenciar a las personas defensoras, podría también explicar, en parte, la disminución del número de asesinatos que se observa en nuestros datos”.

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