Desahuciada en Barcelona una madre soltera, vulnerable y víctima de estafa, a pesar del decreto de vivienda

Por Sandra Vicente — eldiario.es – eldiario.es

­El juzgado se niega a suspender la ejecución porque la mujer no figuraba en el contrato de alquiler, sino que estaba subarrendada por un intermediario que jamás llegó a transferir la renta a la propiedad

¿Han retirado los caseros sus ofertas de alquiler por los decretos de vivienda?

Ghariba hace dos años que vive, junto a su hijo de 9 años, en un piso del barrio del Clot de Barcelona. Este martes ha sido desahuciada de su casa, a pesar de que pagaba religiosamente su renta. El motivo: el contrato no estaba a su nombre, sino que ella pagaba a un hombre que le realquilaba y que jamás llegó a transferir ese dinero a la propiedad, la empresa Rambert 2001 SL..

Esa es la razón que ha esgrimido la Justicia para no suspender la expulsión de esta madre en base al decreto de vivienda que prohíbe los desahucios a familias vulnerables y que viven en pisos de grandes tenedores. Aunque el caso de Ghariba cumple todos los requisitos expuestos en la ley, la letrada de la Sección Civil 31 de Barcelona considera que, al no estar a su nombre el contrato, “carece de legitimación” para que se le suspenda el desahucio, tal como se expone en el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es.

Este razonamiento se basa en el artículo 2 del decreto de vivienda, que es el que establece la suspensión de los desahucios. En el texto no se habla en ningún momento de inquilinos, sino de “parte demandada” y eso es a lo que se acoge la Justicia para considerar que Ghariba, a la que se considera “tercera parte”, no está amparada por la ley.

“Eso es absurdo, porque al final a quien van a desahuciar es a ella, no a quien le realquiló la habitación”, apunta una fuente jurídica consultada por este medio, que afea al tribunal que se haya acogido a un “vacío legal” fruto de una “circunstancia tan particular”. “Es imposible legislar para todas las casuísticas y, en este caso, ha habido mala voluntad”, zanja.

“Los beneficios economicos de la propiedad pasan por encima del derecho a la vivienda y los gobiernos aprueban leyes que no sirven para nada”, lamentan desde el Sindicat d’Habitatge del Clot. Además, alertan de que hay muchas más personas que, como Ghariba, están subarrendadas y que podrían quedar desprotegidas.

A pesar de que los activistas del barrio llamaron a parar el desahucio y a la presencia de diversos vecinos, estos no pudieron impedir que la policía entrara en casa de Ghariba y acabaran desahuciándola. Decenas de personas, en su mayoría muy jóvenes, han acudido a las puertas del hogar de esta mujer para intentar impedir que los agentes antidisturbios de los Mossos, que han movilizado seis furgonas, ejecutaran el lanzamiento, pero han sido desalojados uno a uno.

Se trata de la tercera vez que se intentaba ejecutar esta expulsión: la primera vez, el 5 de octubre, fue suspendido por las lluvias, que obligaron al Govern a decretar la alerta roja. El segundo intento fue el 14 del mismo mes, ya con el decreto de vivienda en vigor; en ese caso se suspendió por “falta de un dispositivo policial”. La nueva fecha fue fijada para este martes a las 9h; la comitiva no ha llegado hasta las 11:30h y la expulsión se ha acabado efectuando dos horas más tarde.

Víctima de una estafa

Esta madre supo que había sido víctima de una estafa cuando le llegó la denuncia por impago. A partir de entonces, se acercó al sindicato de inquilinas del barrio, que fueron quienes la ayudaron a entender lo sucedido y descubrieron que, aunque Ghariba no había dejado de pagar, su dinero no llegó nunca a la propiedad.

En ese momento, los activistas intentaron mediar con Rambert 2001 SL, pero lamentan que no obtuvieron respuesta. La empresa desoyó las peticiones de regularizar la situación de Ghariba o de ofrecerle un alquiler social, al que esta madre tendría derecho por ley. Porque, aunque su proceso de desahucio empezó antes de que se aprobaran los llamados ‘decretos Maricarmen’, en Catalunya ya existía la ley 24/2015, que lleva más de 10 años en vigor.

Esta dicta que si la propiedad es un gran tenedor y el inquilino está en situación de vulnerabilidad, antes de interponer cualquier demanda por impago de alquiler, se debe ofrecer un alquiler social. Y eso no ha sucedido.

Con todo, esta madre cuenta con un informe de vulnerabilidad emitido por los Servicios Sociales de Barcelona y carece de alternativa habitacional. Pero todavía nadie le ha ofrecido un lugar en el que reubicarse junto a su hijo de 9 años. Ghariba lleva más de tres años en la Mesa de Emergencia, pero esta se encuentra colapsada y no ha podido acceder a una vivienda social.

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