Miles de personas deciden seguir con la acampada por la vivienda en Lisboa tras el desalojo: “La indignación es muy grande”

Por Ruben Martins — eldiario.es – eldiario.es

El movimiento de protesta contra la crisis de la vivienda en Portugal se prepara este miércoles para desafiar de nuevo a las autoridades tras una intervención policial que dejó 55 detenidos

La Policía portuguesa desaloja las acampadas por la vivienda de Lisboa y Oporto y detiene a 55 manifestantes

Después del fin de la acampada de Lisboa, varios miles de personas volvieron al centro de la ciudad este martes para llamar la atención sobre la crisis de la vivienda y pedir soluciones. “La indignación es muy grande, pero hay muchas formas de mostrar la indignación y nuestra indignación es pacífica”, dice Ana Carmo, una de las manifestantes. Pese al carácter pacífico del campamento, la policía ha reprimido a quienes protestaban, acusándolos de desobediencia por pernoctar en tiendas instaladas en el espacio público.

La policía ha prometido “tolerancia cero” ante un nuevo campamento, pero miles de personas decidieron, en una multitudinaria asamblea en la céntrica plaza del Rossio, volver a montar las tiendas de campaña en la capital este miércoles, desafiando a las autoridades. Además de Lisboa y Oporto, a las concentraciones de la noche de este miércoles se sumaron manifestaciones en Coimbra, Évora y Faro con varios cientos de personas.

“La propuesta es la siguiente: ¿existe voluntad popular en esta plaza para volver a la acampada con tiendas a partir de mañana?”, preguntó una de las portavoces del movimiento por la vivienda. Tras los alegatos, los asistentes votaron “sí” a volver a montar las tiendas este miércoles.

Desalojo con 55 detenidos

Aún no despuntaba el día en las calles de Lisboa este martes cuando un grupo de agentes de las fuerzas especiales de la policía confiscó las tiendas y detuvo a manifestantes que, desde el pasado sábado, acampaban en tiendas improvisadas en la plaza del Rossio, en el centro de la capital portuguesa. Pasaban pocos minutos de las 5:30 de la mañana, sin previo aviso, en una acción realizada simultáneamente en el campamento de la ciudad de Oporto, que comenzó antes que el de Lisboa y ya duraba diez días.

El portavoz de la policía, Sérgio Soares, había dicho que el campamento, inspirado en las protestas que se suceden en varias ciudades de España, no se podía prolongar in aeternum, pero nadie esperaba que la intervención se produjera esa misma noche, tras las imágenes del pasado jueves que conmocionaron al país: a las 3:00 de la mañana, cuando los periodistas ya habían abandonado el lugar del campamento de Oporto, los policías cargaron de forma indiscriminada contra los manifestantes, algunos de los cuales aún dormían en sus tiendas, dejando 37 heridos y ofreciendo una imagen de violencia policial desproporcionada ante la naturaleza pacifica de las protestas. Las imágenes llevaron a muchos a salir a las calles en los días posteriores.

Este martes, la actuación policial fue más contenida, pero uno de los portavoces del campamento de Lisboa, João Veloso, explica a elDiario.es que lo ocurrido fue una acción “completamente desproporcionada”, ya que el movimiento se manifestaba “pacíficamente”, descansando en silencio a la hora en que los agentes intervinieron. Sobre el futuro a partir de ahora, João promete que el movimiento va a “resistir”, defendiendo que la “capacidad de movilización no ha terminado”.

La acción policial de este martes se saldó con 55 detenidos y la incautación de 228 tiendas. Algunos de los manifestantes “resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados al hospital”. Desde el sábado, la policía advertía a los acampados de que no tenían autorización para permanecer en el centro de la plaza y les pedía que se retiraran.

João Veloso señala que “se confiscaron bienes donados a los manifestantes”, quienes siguen sin conocer el paradero de sus tiendas y de otros objetos, como los libros donados por la Fundación José Saramago. La organización del campamento de Lisboa afirma que, a diferencia de lo ocurrido en Oporto esa misma noche, “la policía ni siquiera dio tiempo a los presentes para recoger sus pertenencias, empujando violentamente a las personas que estaban allí reivindicando sus derechos”. 

La policía justifica su actuación en los campamentos de Lisboa y Oporto basándose en una ley de 1974, de la época posterior a la Revolución de los Claveles, que limita el derecho de manifestación “más allá de la medianoche y media, salvo que se realice en un recinto cerrado, sala de espectáculos o edificios”. Sin embargo, la Constitución aprobada posteriormente en 1975 garantiza que los “ciudadanos tienen derecho a reunirse, pacíficamente y sin armas, incluso en lugares abiertos al público, sin necesidad de autorización alguna”. En la historia del Portugal democrático existen diversos antecedentes de momentos en los que esta ley de 1974 fue incumplida sin consecuencias, incluso por las juventudes del PSD, actualmente en el Gobierno, que en 2020 decidieron acampar frente al Ministerio de Educación para pedir más residencias universitarias. Lo hicieron sin consecuencia alguna.

Hacia una “gran huelga general ibérica”

La organización del campamento ha prometido resistir y parece cada vez más firme la voluntad de los movimientos por la vivienda de Portugal de unirse el próximo 11 de noviembre para lo que definen como una “gran huelga general ibérica”. La acampada exige “el fin de los desahucios sin alternativa habitacional”, la “prohibición de la compra de viviendas por parte de fondos inmobiliarios”, el “aumento de la vivienda pública” y la “aplicación de topes a los precios del alquiler” en el país.

Las organizaciones promotoras de la acampada portuguesa buscan tender más puentes con colectivos y sindicatos de vivienda españoles para coordinar una jornada de protesta inédita que movilice a ambos países. La idea de una respuesta conjutna gana adeptos a medida que los manifestantes señalan que los fondos de inversión y las dinámicas del mercado inmobiliario operan a escala global, mientras que las respuestas de los gobiernos siguen siendo “insuficientes”.

El primer ministro llamó “egoístas” a los manifestantes

Tras pedir a los manifestantes que “no sean egoístas” respecto al orden público, palabras que no sentaron bien y llevaron a más gente a la calle, el primer ministro, Luís Montenegro, ha moderado su discurso en los últimos días debido al efecto explosivo que tiene la vivienda en la sociedad portuguesa.

El Gobierno de derechas intenta agitar el fantasma del “caos” de los disturbios de Francia para justificar las intervenciones policiales. Este miércoles, el ministro del Interior, Luís Neves, declaró “el fin de los campamentos” y lanzó a modo de advertencia: “Que nadie se atreva a intentar traer el caos o la violencia”. Ni en Lisboa ni en Oporto se ha registrado ningún acto violento provocado por los manifestantes.

Lo que ocurre por estos días en ambas ciudades no es un hecho aislado ni una anomalía portuguesa: es el reflejo amplificado de una crisis que atraviesa sin frenos a todo el sur de Europa. Si en Madrid, Barcelona o Málaga la presión del alquiler, la turistificación y la especulación inmobiliaria han expulsado a miles de familias de los centros urbanos, Portugal representa hoy la versión más acelerada y drástica de ese mismo proceso, dados los salarios aún más bajos y el coste todavía más alto de la vivienda en las principales ciudades del país.

Portugal aprobó en los últimos años medidas agresivas para atraer capital extranjero, como los visados de oro y el régimen fiscal para residentes no habituales, que convirtieron a las principales ciudades en polos de inversión especulativa. El resultado ha sido demoledor: en la última década, los precios del alquiler en Lisboa se han duplicado, mientras que los salarios medios y mínimos continúan entre los más bajos de Europa occidental. El acceso a una vivienda digna ha dejado de ser un derecho constitucional para transformarse en un privilegio inalcanzable para los jóvenes y la clase trabajadora.

La respuesta que den las calles en los próximos días determinará si la contencion y la presión policial lograrán frenar el movimiento o si, por el contrario, servirán de catalizador para una movilización social aún mayor, en un momento en que el coste de la vida no deja de encarecerse.

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