Las viviendas deben ser un hogar, no un negocio turístico
Por Jordi Valls — Portada

Teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona
Las viviendas deben ser un hogar, no un negocio turístico
Opinión
20/10/2026 06:00 Actualizado 20/10/2026 06:51 Síguenos en Google 0:00 Audio generado por IA 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR
Las viviendas son para vivir. Parece redundante y debería ser innecesario decirlo, de tan obvio. Porque esa es su función principal y, aunque pueden tener otros usos, éstos deben estar subordinados al objetivo esencial de garantizar el derecho constitucional a la vivienda, sea de propiedad o de alquiler residencial.
Existe abundante evidencia de que los alquileres turísticos de corta duración reducen la oferta de pisos para los residentes y contribuyen al aumento de los precios. Así lo reconoce la propia Comisión Europea en el borrador de su nueva normativa sobre vivienda, la Affordable Housing Act.
Es por ello que Barcelona eliminará en 2028 la totalidad de las más de 10.000 licencias de viviendas de uso turístico para que recuperen su uso prioritario y natural: ser un hogar.
Pero hasta que llegue ese momento, desde el gobierno municipal utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance para acelerar el proceso. Entre ellas, efectivamente, el incremento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para los propietarios de viviendas con licencias turísticas.

Este incremento se aplica con progresividad, en tres tramos, entendiendo que no es lo mismo quien sólo dispone de una vivienda con licencia turística (que tendrán un recargo del 50%), quien tiene 2 o 3 (con un recargo del 100%) y finalmente los que tienen 4 o más, grandes tenedores que acaparan, de hecho, el 60% de las viviendas con licencia turística, y a los que se les aplicará el recargo máximo del 150%.
Esta medida servirá también para adecuar sus condiciones y exigencias a la actividad económica que realmente desarrollan: un negocio. Porque lo cierto es que, durante años, han disfrutado de unas condiciones privilegiadas respecto a las obligaciones y responsabilidades que asume el resto del mismo sector turístico.
Para empezar, en su contribución fiscal. El IBI no es un impuesto arbitrario: está vinculado al valor catastral del inmueble, y dicho valor depende, entre otros factores, del uso que se le otorga. Y los usos vinculados a actividades económicas comportan valores catastrales superiores a los usos estrictamente residenciales. Es un principio básico de equidad fiscal: quien obtiene un beneficio económico de un bien debe contribuir de manera acorde a ello. Otro ejemplo es que la actividad de los pisos turísticos esté sujeta al pago del Impuesto de Valor Añadido (IVA), -hasta ahora no aplicaban este impuesto- como hacen todas las actividades económicas vinculados al turismo, desde un hotel a un comercio o un restaurante.
Además, cualquier sector económico que desarrolla una actividad turística abierta al público debe asumir costes y obligaciones regulatorias.
Sin embargo, las viviendas turísticas han operado durante mucho tiempo en una situación singular. Obtener una autorización para ejercer esta actividad tenía un coste reducido, en torno a 250 euros, mientras que el volumen económico que genera el sector es extraordinariamente elevado: más de 3.000 millones de euros de facturación anual, según datos de su propia patronal. No parece que les vaya mal.
Pero cuando llega el momento de relacionarse con la administración, reclaman mantener un tratamiento fiscal y regulatorio equiparable al de una vivienda convencional. Es decir, pretenden disfrutar simultáneamente de las ventajas de una actividad empresarial muy lucrativa y de las obligaciones limitadas propias de un uso residencial.

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Todo ello refuerza la necesidad de que las administraciones locales actúen con determinación para proteger el interés general.
El alcalde Collboni lo ha repetido en numerosas ocasiones: la prioridad es garantizar el derecho de los vecinos y vecinas de Barcelona a quedarse en su ciudad. Y para conseguirlo no vamos a escatimar esfuerzos. Las viviendas deben ser un hogar, no un negocio turístico.
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