Buitres
Por Mariano Guindal — Portada
Buitres
Opinión
15/10/2026 06:00 Síguenos en Google 0:00 Audio generado por IA 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR
En la acampada de la Puerta del Sol de Madrid puede leerse un cartel escrito por uno de los jóvenes: “Ser casero no es ningún oficio”. Y tiene razón. Para la gran mayoría de quienes alquilan una vivienda, ser casero es una forma de ahorro. Tengo amigos y compañeros que, con el fruto de su trabajo, han comprado uno o dos pisos para alquilarlos y complementar así su pensión cuando se jubilen.
De hecho, según el Banco de España, el 92% de los cerca de cuatro millones de viviendas arrendadas pertenece a pequeños propietarios. Los llamados fondos buitre, o fondos inmobiliarios dedicados a la especulación, apenas concentran algo más de cien mil viviendas y, desde luego, no son la causa del actual problema habitacional.
Nada sería más erróneo e injusto que equiparar al pequeño propietario con un especulador
Nada sería más erróneo e injusto que equiparar al pequeño propietario con un especulador y calificarlo de “buitre”. Al contrario: el trabajador que reserva una parte de su sueldo para comprar una vivienda y destinarla al alquiler contribuye a aumentar el ahorro nacional. España necesita recurrir al exterior para obtener buena parte del dinero con el que financia su desarrollo y sus gastos corrientes.
Pese a este déficit de ahorro nacional, el Gobierno apenas ha adoptado medidas para incentivarlo fiscalmente. Al contrario, hasta la reforma de las pensiones promovida por José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España, millones de trabajadores ahorraban mediante planes de pensiones. Sin embargo, el Gobierno ha limitado esta vía al reducir los beneficios fiscales a una aportación anual de 1.500 euros. Esta falta de ahorro equivale a condenar a muchos trabajadores a una vejez precaria.
Además, estos propietarios facilitan el acceso a una vivienda a quienes la necesitan. Cuantos más pisos se destinen al alquiler, mayor será la oferta y, por tanto, menor la presión sobre los precios. El problema se agravó a partir del 2020, cuando la creación de nuevos hogares se disparó con la llegada masiva de inmigrantes, mientras el Gobierno ni invirtió ni impulsó la construcción de viviendas para alquilar. No solo no actuó, sino que aprobó una legislación que generó una fuerte inseguridad jurídica al congelar los alquileres en zonas tensionadas, ampliar las prórrogas de los contratos y dificultar los desahucios de inquilinos morosos u ocupantes ilegales. Como resultado, 200.000 pisos desaparecieron del mercado del alquiler. Muchos caseros prefirieron mantener sus viviendas vacías por temor a perderlas.
Tampoco se facilitó la compra de vivienda. España es un país de pequeños propietarios: el 73,6% del parque residencial está en propiedad, frente al 68% de media en la Unión Europea y al 47% en Alemania. Solo Italia registra un porcentaje superior. El llamado decreto Boyer, aprobado en 1985 por el Gobierno socialista, demostró que era posible impulsar de forma masiva la construcción y la compra de viviendas en España. Querer es poder.
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