Baleares cierra la puerta a nuevos chalés en el campo que no tengan una explotación agraria
Por Nekane Domblas Hermoso — Portada
Baleares cierra la puerta a nuevos chalés en el campo que no tengan una explotación agraria
Urbanismo
Solo en Mallorca se calcula que que existen más de 60.000 chalés construidos en suelo rústico

Imagen de viviendas diseminadas en la Serra de Tramuntana de Mallorca. .
Efe
25/09/2026 16:32 Síguenos en Google 0:00 Audio generado por IA 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR
Baleares prohibirá la construcción de nuevas viviendas en suelo rústico que no estén vinculadas a una explotación agraria, una medida que pretende ser clave para frenar la creciente urbanización del campo, de manera especial en Mallorca y en Eivissa. En Menorca no se permite nuevos usos residenciales en suelo rústico. A partir de ahora, no se podrán construir nuevos chalés en terrenos rústicos salvo que estén vinculados a una explotación agraria activa o cumplan con una condición agraria que asegure la continuidad de la actividad agrícola o ganadera.
Este paso normativo busca frenar la proliferación de viviendas que no guardan relación con el sector primario y contribuir a que se preserve la función agrícola y forestal del suelo rústico, según asegura el Govern balear. Un estudio del Instituto Tecnológico de Massachussets sobre la urbanización extensiva del suelo rústico señala que en Mallorca hay actualmente 55.256 viviendas legales en este tipo de suelo a las que se suman 22.587 piscinas. A ellas hay que añadir unos 15.000 chalés ilegales, solo en Mallorca.

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Nekane D. Hermoso
La norma que acaba de aprobar el Govern de Marga Prohens y que debe recibir el visto bueno del Parlament balear establece que las nuevas viviendas unifamiliares aisladas superiores a 100 metros cuadrados solo podrán edificarse en fincas de al menos 14.000 metros cuadrados si cumplen con una condición agraria durante un mínimo de quince años.
Esta condición se puede acreditar mediante el desarrollo o mantenimiento de actividades agrarias, inversiones para la puesta en producción de terrenos, o el vínculo con explotaciones agrarias profesionales. Además, se prevé la posibilidad de poner los terrenos a disposición del banco público de tierras para su gestión agrícola. Hasta ahora, la única condición para poder construir una vivienda en suelo rústico común era disponer de una parcela mínima de 14.000 metros cuadrados y obtener la declaración de interés general, que ahora desaparecerá.
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El proyecto refuerza la prioridad de los usos agrarios en suelo rústico con el fin de que se conserve para cultivos, ganadería y actividades forestales. Se da prioridad a las actividades relacionadas tradicionalmente con el campo frente al uso residencial del suelo rústico. La ley también facilita el acceso al agua para explotaciones agrarias, que tendrán prioridad ante otros usos, e impulsa la transformación agroalimentaria, la venta directa y la promoción del producto local.
Otro aspecto novedoso es la regulación de las agroestancias vinculadas a explotaciones preferentes con actividad agraria real, limitadas a un máximo de seis plazas por explotación y sin crear nuevas plazas turísticas. El proyecto mantiene la idea de utilizar el alojamiento turístico como una vía complementaria de ingresos para las explotaciones agrarias, pero trata de evitar que esta figura se convierta en una fórmula para introducir usos residenciales o turísticos en el campo. Las agroestancias no permiten, por sí mismas, crear nuevas plazas turísticas al margen de la actividad agraria, y su regulación corresponde en parte a los consejos insulares.
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