Una sociedad neerlandesa pide sondear 18.000 hectáreas en cuatro localidades de Zaragoza para almacenar CO₂ bajo tierra
Por ElDiarioAragón — eldiario.es – eldiario.es
El PSOE de Caspe denuncia que nadie se ha dirigido a los ayuntamientos afectados y lleva a las Cortes de Aragón preguntas sobre la sismicidad inducida, la afección a los acuíferos y las posibles fugas de gas
Un macroalmacén de CO2 bajo el Maestrazgo: una empresa explora 13.534 hectáreas del subsuelo turolense
Una sociedad neerlandesa ha pedido al Gobierno de Aragón, a través de su filial Carbon Storage Caspe, el permiso de investigación ‘Caspe Mayals’ para comprobar si el subsuelo de 17.876,6545 hectáreas de Caspe, Fabara, Maella y Nonaspe, en la provincia de Zaragoza puede servir como almacén geológico de dióxido de carbono (CO₂). Según denuncia el PSOE caspolino, nadie se ha dirigido formalmente a los ayuntamientos de la zona para explicarles qué se pretende hacer. La solicitud, publicada el 1 de octubre, abre un plazo de dos meses para presentar ofertas en competencia o formular oposición.
La resolución, firmada por la directora general de Energía y Minas, María Yolanda Vallés Cases, detalla que la empresa registró la solicitud el 19 de mayo y tuvo que subsanarla el 17 de agosto. Toda la superficie está en la provincia de Zaragoza, por lo que resuelve la comunidad autónoma. El anuncio no recoge qué trabajos prevé la promotora, cuánto invertirá ni quién está detrás de la sociedad.
Carbon Storage Caspe se inscribió en Málaga el 16 de abril, apenas un mes antes de pedir el permiso, con 3.000 euros de capital y sede en Estepona. Su matriz tiene sede en Schoorl (Países Bajos), su administrador único es Gerard Cornelis Otto Bernard Essing y su socio único, Essing Management BV. El 14 de mayo nombró apoderado a Sergio Martínez Fernández. Ambos repiten cargo en Ocean Ionics España, filial de Ocean Ionics BV, con la misma dirección.
El Grupo Municipal Socialista de Caspe, en la oposición, ha expresado su “profunda preocupación e inquietud” y ha anunciado que el PSOE ha presentado en las Cortes de Aragón una batería de preguntas para respuesta escrita sobre la tramitación, los plazos, los protocolos de seguridad y las garantías medioambientales. Su portavoz, Abraham Martínez, ha advertido de que su grupo no permitirá “que se tome ninguna decisión a espaldas” de los vecinos y exigió al Ejecutivo autonómico “respuestas inmediatas y rigor técnico antes de dar un solo paso más”.
La iniciativa pregunta por la sismicidad inducida, la contaminación de los acuíferos “de los que dependen la agricultura, la ganadería y el abastecimiento urbano” y las eventuales fugas de gas. Los socialistas reclaman además “canales de participación directa y vinculante” para alcaldes, concejales y tejido social de la comarca de Bajo Aragón-Caspe.
Qué permite el permiso
El permiso no autoriza a explotar un almacén. La Ley 40/2010 lo define como el título para evaluar si una estructura subterránea es apta mediante técnicas geofísicas, perforaciones y, en su caso, ensayos de inyección. Da a su titular la exclusiva durante cuatro años, prorrogables, y prioridad para obtener la concesión de almacenamiento, que otorga el Gobierno central con evaluación de impacto ambiental, dura hasta 30 años y permite expropiar los terrenos necesarios.
La técnica consiste en capturar el CO₂ que emiten industrias como cementeras o refinerías, comprimirlo e inyectarlo a gran profundidad en rocas porosas cubiertas por una capa impermeable. No es el primer expediente en Aragón: en agosto de 2025 se publicó la solicitud del permiso ‘Maestrazgo’, sobre más de 13.500 hectáreas, y las Cortes aprobaron en comisión instar a rechazarlo, con la abstención del PP.
Seísmos, acuíferos y fugas
Los riesgos por los que pregunta el PSOE están descritos en la literatura científica, aunque su probabilidad depende de la geología de cada emplazamiento. Inyectar fluidos a presión puede inducir sismicidad si desestabiliza fallas, según el proyecto europeo GEoREST. El antecedente más citado en España no es de CO₂, sino de gas natural: el almacén Castor, frente a Castellón, desencadenó en 2013 más de 500 seísmos y costó al Estado una indemnización de 1.350 millones de euros. Investigadores del CSIC sostienen que el CO₂ difícilmente provocará terremotos grandes si los emplazamientos se eligen y gestionan bien.
Si el gas alcanza acuíferos de agua dulce, acidifica el agua y puede liberar metales pesados. En Decatur (Illinois, EEUU), la corrosión de un pozo de control permitió que unas 8.000 toneladas de CO₂ salieran de la formación autorizada, y el regulador federal notificó en 2024 a la empresa una infracción de la ley de agua potable.
Parte de las respuestas debe constar ya en el expediente: la ley obliga a acompañar la solicitud de un plan de investigación con “todas las actuaciones programadas”, pero el anuncio del BOA se limita al nombre de la empresa y al perímetro
Fonte: eldiario.es – eldiario.es
