Rosario, otro rostro de la crisis de la vivienda: con 75 años se enfrenta a un desahucio en Sevilla pese a su “especial vulnerabilidad”
Por Sara Rojas — eldiario.es – eldiario.es
Esta vecina del Casco Antiguo tiene reconocido un 38% de discapacidad y lleva más de un año retrasando una intervención en la cadera ante la posibilidad de tener que abandonar su casa. Los servicios sociales afirman que sufre “una grave situación de exclusión social debido a la inminente pérdida de vivienda”
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Rosario vive desde hace más de 40 años en un piso ubicado en el entorno de la plaza del Pumarejo, en el sevillano barrio de San Gil, donde nació hace 75 años. Igual que le sucedió a Maricarmen en Madrid hace unas semanas, una situación que agravó su estado de salud y ha derivado en su fallecimiento este jueves, esta vecina se enfrenta ahora a una orden de desahucio pese a que los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla han acreditado su condición de “especial vulnerabilidad”.
El piso de Rosario está sujeto a lanzamiento debido al impago de la hipoteca por parte de su hijo, quien adquirió la propiedad del inmueble cuando sus padres dejaron de poder afrontar las cuotas. A raíz de dificultades económicas derivadas de la pandemia, el hijo dejó de pagar el piso donde seguían residiendo sus padres. Rosario asegura que desconocía que su hijo había dejado de pagar y así lo recoge también el informe de los servicios sociales al que ha tenido acceso este periódico.
La vivienda fue entonces ejecutada por el banco, subastada y finalmente adquirida en 2025 por un nuevo propietario, que reconoce ser titular de otras viviendas en alquiler y figura como administrador de una sociedad cuyo objeto social incluye la compraventa y el alquiler de bienes inmobiliarios.
El primer lanzamiento estaba fijado para el 2 de diciembre de 2025, pero pudo frenarse porque la orden no estaba dirigida contra Rosario, en calidad de tercera ocupante, según explica a SevillaelDiario.es su abogado, Alberto de Lara. Durante el procedimiento falleció el marido de Rosario, en abril de 2026. Meses después, en una nueva vista judicial, su defensa aportó un contrato de arrendamiento fechado en mayo de 2015 y firmado con su hijo y su nuera, que figuraban como arrendadores, para acreditar el derecho de Rosario a permanecer en la vivienda.
El juez, sin embargo, ha desestimado este contrato al considerar que ha superado el periodo de cinco años durante el cual el nuevo propietario está obligado a subrogarse en un contrato de alquiler, según el artículo 14 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), como consta en el auto firmado el pasado 7 de septiembre. La resolución concluye que Rosario “no tiene derecho a permanecer” en la vivienda y decreta su lanzamiento, aunque sin señalar fecha.
Rosario busca ahora una habitación que pueda pagar con su pensión, de menos de 535 euros al mes
El actual propietario no concreta qué uso dará al inmueble en caso de que finalmente Rosario tenga que abandonarlo. Según manifiesta a SevillaelDiario.es, está dispuesto a buscar una solución “en la medida en que esté en su mano” para evitar que Rosario se quede sin casa. “Yo no voy a llevar a lanzamiento a una señora mayor que se puede quedar en la calle”, afirma en conversación con este periódico. El titular de la vivienda explica que la adquirió a un fondo de inversión y, cuando se hizo con ella, “no constaba” que hubiera nadie viviendo en el inmueble. Fue posteriormente cuando tuvo conocimiento de la existencia de Rosario y de su situación personal.
En julio de 2025 se registró una solicitud de baja en el Padrón Municipal a nombre del nuevo propietario del inmueble contra Rosario y su marido. La administración local denegó la petición después de recibir las alegaciones de la afectada y un informe de la Policía Local, emitido el 11 de marzo de 2026, que confirmaba, tras varias inspecciones presenciales, que ambos continuaban residiendo de manera habitual y efectiva en la vivienda, según consta en la resolución a la que ha tenido acceso este periódico. El propietario, sin embargo, niega haber realizado esta gestión.
“Grave situación de exclusión social”
El caso de Rosario recuerda por su complejidad al de Maricarmen, la vecina madrileña de 87 años cuyo desahucio prendió la mecha del clamor social por la vivienda que ha recorrido el país e impulsado al Gobierno a convocar elecciones después de que la derecha tumbara los nuevos decretos sobre vivienda.
Los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla concluyeron que Rosario “sufre una grave situación de exclusión social debido a la inminente pérdida de vivienda”. Según el informe, elaborado en noviembre de 2025, su “avanzada edad le imposibilita acceder a un contrato de alquiler en el mercado libre”, a lo que se suman “sus escasos ingresos” y la falta de una red de apoyo familiar. En la actualidad, Rosario percibe una pensión que no llega a 535 euros mensuales.
Esta vecina de 75 años sufre, además, “un grave problema en las caderas del que tiene que ser intervenida lo antes posible, pero hasta la fecha ha retrasado la operación por la difícil situación emocional que está sufriendo en relación con la vivienda”, en palabras de la trabajadora social que firma el informe. Como consecuencia de este problema en la cadera, Rosario tiene reconocido un 38% de discapacidad.
La propia afectada reconoce que debería estar operada desde mayo del año pasado, pero que aún no ha entrado en quirófano debido a la incertidumbre que le produce la posibilidad de tener que abandonar su casa y no poder disponer de un hogar donde pasar su recuperación.
Rosario, de espaldas para preservar su identidad, en la vivienda en la que lleva más de 40 años
Falta de alternativa habitacional
Cuando se elaboró este informe, su marido todavía seguía vivo, aunque se encontraba ingresado en una residencia de mayores de Sevilla debido a las múltiples enfermedades que padecía. Falleció en abril de 2026. Desde entonces, Rosario afronta sola el procedimiento de desahucio y la pérdida de la vivienda en la que lleva más de cuatro décadas. “Teniendo en cuenta la edad de Rosario, un nuevo cambio supondría para ella un fuerte desarraigo”, sostienen los servicios sociales.
Sus vecinos del bloque en el que vive también han manifestado su “profunda preocupación” ante el impacto que podría tener en la salud de Rosario la posibilidad de un desahucio. En un escrito firmado por casi la totalidad de los miembros de la comunidad y remitido al juzgado, aseguran que “toda la red de apoyo de Rosario se encuentra en el barrio, son sus vecinas y comerciantes locales, y un traslado para ella supondría un comenzar de cero que consideramos intolerable a su edad”.
El informe señalaba que la única alternativa habitacional inmediata para Rosario sería el ingreso en un albergue municipal, un recurso que los propios servicios sociales consideraban “no idóneo” dadas sus características. También fue orientada para inscribirse en el registro de demandantes de vivienda de Sevilla –donde ya está dada de alta– y se emitió un informe de excepcionalidad para que pudiera ser tenida en cuenta para la adjudicación urgente de una vivienda pública. Los servicios sociales advertían, no obstante, de que esta solución no era inmediata.
Rosario nació en otra casa del mismo barrio en el que ha construido todo su arraigo
Esperanza puesta en los nuevos decretos
El informe describía además a Rosario como una mujer sin apoyos familiares ni alternativas de alojamiento y señalaba que, pese a la gravedad de su situación, se trata de una mujer “autónoma” que “con apoyo puntual profesional y una correcta organización económica” podía continuar residiendo “en una vivienda normalizada”.
Para Rosario, su casa es “toda su vida”. Nació en el barrio de San Gil y desde los seis años vive en ese mismo bloque, situado cerca de la plaza del Pumarejo, donde se encuentra un emblema de la resistencia vecinal frente a la gentrificación en la capital hispalense: la casa palacio del Pumarejo.
Mientras aguardan la fecha del nuevo lanzamiento, el abogado de Rosario mantiene sus esperanzas puestas en los dos decretos de vivienda que ha vuelto a aprobar este martes el Consejo de Ministros y que está previsto que sean convalidados por la Diputación Permanente. Las medidas llegan después del desahucio de Maricarmen, que puso rostro a la crudeza de una crisis de vivienda que afecta a otras tantas mujeres y familias en todo el país.
En el caso de Rosario, la incógnita es si esas nuevas medidas pueden ofrecer alguna vía para evitar que una mujer de 75 años, con una situación de vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales y sin una alternativa habitacional inmediata, termine fuera de la casa en la que lleva más de cuatro décadas.
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