Mariana Mazzucato: “Estamos privatizando el conocimiento”

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Por Piergiorgio Sandri — Portada

“Estamos privatizando el conocimiento”

Entrevista a Mariana Mazzucato, profesora de la University College London

No basta con redistribuir: hay que predistribuir. Para esta economista, hay que volver a redactar los contratos sociales en lugar de corregirlos

Mariana Mazzucato, profesora de la University College London y autora de 'Bien común: una nueva economía que funcione para todos'  

Mariana Mazzucato, profesora de la University College London y autora de ‘Bien común: una nueva economía que funcione para todos’  

Judith de la Hinojosa

Piergiorgio Sandri

Piergiorgio M. Sandri

Barcelona

11/10/2026 00:05 Síguenos en Google 0:00 Audio generado por IA 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR

Mariana Mazzucato (1968, Roma) se ha convertido en los últimos años una de las economistas de referencia en la defensa de un papel más activo del Estado. Su último libro es Bien común: una nueva economía que funcione para todos (Taurus). Estuvo unos días en Barcelona, donde dio una charla en el Cidob y se reunió con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

“Dependemos cada vez más de la filantropía: es un poco como volver a la Edad Media”

¿Qué es el bien común? ¿Es algo diferente del interés público? ¿Para esto no teníamos ya a la socialdemocracia?

Ni los economistas, ni los políticos, ni los filósofos, ni los teólogos tienen una teoría del bien común. Hablan del bien público, que es un concepto muy distinto, que sería más bien una corrección de los fallos del mercado. El bien común en cambio es un objetivo, en el que la forma de alcanzarlo importa tanto como aquello que se pretende lograr. Porque no tenemos ni idea, desde el punto de vista económico, de cómo alcanzar este objetivo.

Vaya.

En este bien común hay cinco pilares. Uno es la definición del propósito. Porque si no tienes una misión clara, la gente no entiende de qué estás hablando. No puedes, por ejemplo, citar la desigualdad o el cambio climático en términos genéricos. Es mucho bla, bla, bla.

¿El segundo?

Es la cocreación y la participación. ¿Quién define la misión? Sostengo que si las personas que han sido decepcionadas por el capitalismo del siglo XXI no tienen voz en esta definición, entonces el sistema no funciona.

¿El tercero?

Compartir el conocimiento. Es inútil hablar de inteligencia colectiva, economía del conocimiento, inteligencia artificial cuando, al final, hay una pandemia y Pfizer se niega a compartir sus avances. Cada vez más, la forma en que están estructurados los derechos de propiedad intelectual los hace demasiado rígidos, demasiado fuertes, demasiado extensos. En realidad estamos privatizando el conocimiento.

¿El cuarto?

Compartir los beneficios para evitar lo que ya ocurrió en Silicon Valley y que ahora vemos llevado al extremo: estas empresas de inteligencia artificial que acumulan miles de millones, que derivan no solo de la investigación financiada con fondos públicos, sino de la evasión fiscal y de la explotación laboral. Y también de la forma en que el mercado bursátil interactúa con ellas, a través de su financiación: la socialización de los costes y la privatización de los beneficios. Hay que cambiar absolutamente esta situación si queremos el bien común.

Y por último, el quinto.

La transparencia y la rendición de cuentas.

¿Y cómo logramos el bien común?

Las estructuras existentes nos impiden alcanzarlo. Así que, al final, uno acaba teniendo que recurrir a las personas, a la filantropía, a la beneficencia, a la Iglesia. En mi propio sector hay cada vez más filantropía: estamos volviendo a la Edad Media.

¿No es bueno redistribuir?

Es mejor predistribuir. Asignar los derechos sobre el agua, rediscutir los derechos de propiedad, las compras públicas, los rescates financieros. Para ello, hay que volver a redactar los contratos sociales desde el principio, con el objetivo de fijar una creación colectiva de valor.

¿No existen ya acuerdos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas?

Los gobiernos hablan con facilidad de misiones o de los ODS desde 2015. Todos los firmaron y ni se interesan por ver si se aplican en todas partes. En realidad estamos dando pasos atrás en la mayoría de ellos. No tenemos un enfoque económico para alcanzarlos, aunque sepamos muy bien cómo hablar de ellos, eso sí.

Pero esta cocreación y coparticipación ¿en qué consiste? ¿Es una forma de activismo ciudadano?

Hay tantas ONG, consultoras y otras entidades implicadas que ya ni se entiende quién está dirigiendo un proceso y quién se está apropiando de los fondos. Yo no soy religiosa pero tuve un intercambio de opiniones con el Papa Francisco. Al menos en los primeros planteamientos de la doctrina social católica se habla del principio de subsidiariedad. Por ejemplo, que hay que partir del nivel más local posible, en materia de salud, de vivienda y también de sostenibilidad. Pero defiendo esta participación ciudadana –aunque no todos los ciudadanos sean activistas—. Hay asociaciones, cooperativas… Mire, ahora he estado en Amazonia, donde hay un movimiento que empezó con Chico Mendes, el de “People in the Forest”. Ellos dicen: “Nosotros estamos en la selva desde hace 500 años, sabemos cómo mantener viva la selva, sabemos cómo preservar la biodiversidad socioambiental, y sin embargo no tenemos ninguna voz en el Fondo Amazónico”.

¿Y el actual sistema capitalista no ofrece esta posibilidad?

Hay una relación parasitaria total en el capitalismo moderno. Pero se puede hacer distinto. Alemania, por ejemplo, tiene un banco público que cuando concede préstamos pone como condición que se utilice menos acero, reduciendo el contenido de material en la producción. Todo debería funcionar así: no una condición impuesta como castigo, porque entonces se mata la innovación, sino que esta relación recíproca debe estar en la base del proceso negociador hasta llegar al bien común. En cambio, casi todos los procesos –los contratos públicos, las subvenciones, los incentivos fiscales— son todos un simple regalo.

¿La vivienda es un bien común?

Es un derecho humano. Pero hay que entender las relaciones entre el ayuntamiento y los promotores inmobiliarios. Aquí hay sobre todo viviendas viejas, pero si se mira también cómo se construyeron las banlieues de París, son viviendas construidas de manera problemática. Ya no hay, por cierto, artistas y diseñadores que construyan viviendas populares. En el Londres de antaño, el 70% de los arquitectos que trabajaba en esa ciudad construía vivienda pública, mientras que ahora son menos del uno por ciento.

Y ¿qué opina de regulaciones e incentivos?

Primero, hay que tener cuidado con los préstamos para la vivienda. No tienen sentido si lo único que hacen es endeudar cada vez más a las personas cuando ni siquiera pueden permitírselo, porque sus rentas reales no aumentan. Si el objetivo no es endeudar a todos, sino garantizar que haya vivienda para todos, lo primero es asegurarse de que, cuando se dispone de un patrimonio de vivienda pública, no se privatice.

¿Para atraer inversiones no sería mejor rebajar impuestos?

El capital en este momento se está dirigiendo hacia Dinamarca. Allí existe todo un sector extremadamente innovador en el campo de los servicios digitales y ecológicos de alta tecnología. Es el lugar donde estar, igual que antaño lo era Silicon Valley, o como lo era en su momento Alemania para las máquinas herramienta. En realidad no hacen falta ingresos fiscales para invertir: si se dispone de una estrategia industrial inteligente, se genera crecimiento, que a su vez produce después ingresos fiscales. El hecho de que sigamos teniendo un impuesto sobre las plusvalías que premia las operaciones a corto plazo no favorece las inversiones a largo plazo.

Piergiorgio Sandri

Piergiorgio M. Sandri

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En La Vanguardia desde el 2000. Especializado en Economía internacional, ha cubierto como enviado el Foro Económico de Davos, la OMC o el BCE. Licenciado en Derecho en Roma, Master en Periodismo UB/, PDD del IESE. Premio AECOC.

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