Luis Hernández Navarro: La infinita tristeza de los padres

Por Luis Hernández Navarro — La Jornada

on Francisco Rodríguez Morales falleció el 21 de agosto de 2026, en Omeapa, municipio de Tixtla. Murió con la inmensa pena de no saber cuál fue el paradero del cuarto de sus siete hijos, Everardo Rodríguez Bello, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y el 27 de septiembre de 2014.

Everardo tenía 21 años cuando se le vino la tragedia encima. También nació en Omeapa, y lo conocían como El Shaggy, porque se parece al de Scooby Doo. Es técnico en mecánica automotriz del Conalep.

Don Francisco usaba una camiseta con la frase “Moveré montañas para estar contigo”. Era viudo. En febrero de 2018, falleció su esposa Minerva Bello Guerrero, madre de Everardo. La tía Mine, como la llamaban sus cercanos, era una mujer alegre, que disfrutaba bailar, hasta que la tristeza provocada por la desaparición de su hijo la apagó. En el lecho de muerte, pidió a su hija que encontrara a su hermano y lo abrazara tan fuerte como pudiera. Su marido le prometió que lo iba a hallar, y no pensaba parar hasta cumplir con la promesa. Fue fiel a la palabra empeñada.

Don Francisco fue el octavo padre fallecido con la herida abierta de no saber dónde están sus hijos, después de casi 12 años de que se los llevaron. La primera en partir fue Minerva Bello, quien murió por un cáncer y la desolación. También en 2018, fallecieron don Tomás Ramírez Jiménez, padre de Julio César Ramírez Nava, y, por diabetes, don Saúl Bruno García, papá de Saúl Bruno Rosario. En 2021, el covid-19 se llevó a don Bernardo Campos Cantor, padre de José Ángel Campos Santos. El papá de Alexander Mora Venancio, Ezequiel Mora Chora, falleció en 2022. Y en 2025, se le acabó la vida a doña Genoveva Sánchez Peralta, madre de Israel Sánchez Caballero. Todos y todas batallaron, día tras día, por conocer dónde estaban los suyos.

Las familias de los normalistas que sobreviven, entre carencias, dolores inimaginables y precariedades, mantienen prendido el fuego de la esperanza de saber dónde están sus hijos. Han transcurrido casi 12 años y siguen sin tener verdad, justicia ni reparación del daño.

El pasado 27 de agosto, sostuvieron una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su equipo, la séptima en lo que va de su administración. Allí, los funcionarios presentaron lo que, según ellos, son cuatro líneas en las que la investigación ha avanzado.

La primera es la detención del ex gobernador de Guerrero entre 2011 y 2014, Ángel Aguirre, por ocultar evidencia. Cacique de la Costa Chica guerrerense, ex priísta que llegó por segunda ocasión a la jefatura del estado de Guerrero por el PRD, se le acusa de obstrucción de la justicia y desaparición forzada. A él –según un testigo protegido– se le habría entregado un video captado por las cámaras de vigilancia del palacio de justicia en Iguala, en el que se grabó la detención por parte de policías municipales y estatales de uno de los camiones en el que se transportaban algunos de los 43 estudiantes desaparecidos. Otro testigo protegido aseguró que el mandatario exigió destruir toda evidencia de lo sucedido.

La segunda tiene que ver con la telefonía celular. Al menos nueve móviles y varios chips de los jóvenes estuvieron activos con llamadas y mensajes varias semanas (e incluso hasta 2015) después de los hechos. Según los funcionarios participantes en esa reunión, están identificando a algunas personas que utilizaron estos dispositivos, pero no dieron datos más específicos por la secrecía de la investigación.

La tercera consiste en que se mantienen las búsquedas en campo en comunidades de la periferia de Iguala. Estos puntos de búsqueda se decidieron en función de las informaciones que han dado algunas personas detenidas y del análisis de las comunicaciones telefónicas. En su segundo informe presidencial, la presidenta Sheinbaum reportó que se han llevado a cabo 37 nuevas acciones de búsqueda.

La última consiste en la digitalización de más de 5 millones de hojas que integran el expediente de Ayotzinapa, agrupados en 3 mil tomos. Esto ayudaría a hacer cruces de la información y búsquedas.

Los padres y madres consideraron que es importante la detención de Ángel Aguirre, pero insistieron en que no se ha avanzado en el regreso de los expertos del GIEI. De acuerdo con Ángela Buitrago, el año pasado, a ella y a Carlos Beristain los buscó el subsecretario de Gobernación Arturo Medina, para saber si tenían disposición de regresar. Su respuesta fue que si podían ayudar a los padres, estaban dispuestos a hacerlo. Preguntaron, además, ¿cuál sería la razón según la lógica gubernamental para algo así? y ¿qué piensa la Presidenta que se pueda realizar? No han recibido más comunicaciones.

Los familiares insistieron también en que no hay respuesta a la solicitud de que el Ejército entregue los más de 800 folios que no ha proporcionado, claves en la investigación. También insistieron en la extradición de Israel de Tomás Zerón, y de Ulises Bernabé de Estados Unidos, juez de barandilla en Iguala en 2014.

Desde su punto de vista, las informaciones que dieron las autoridades no los acercan a tener información concreta que esclarezca los sucedido la noche del 26 de septiembre y el paradero de los 43 estudiantes.

De acuerdo con Isidoro Vicario, abogado de los padres, estos fueron informados en marzo de una diligencia formal en la funeraria El Ángel. Se les comunicó que encontraron una bolsa que pudiera contener restos óseos, con una etiqueta de 2014. Esa funeraria ha sido investigada por procuradurías y fiscalías intermitentemente. En octubre de 2015 se realizó un primero cateo de cuatro más, pero no se encontró la bolsa, que ahora milagrosamente apareció. ¿Cómo se localizó? Los padres piden que por medio del Equipo Argentino de Antropología Forense se hagan los estudios necesarios para dilucidar.

A 12 años de lo que, según la comisión presidida por Alejandro Encinas, fue un crimen de Estado, los padres y las madres de los 43 desaparecidos deben tener la palabra.

X: @lhan55

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