Los desahucios agitan el choque entre los modelos de gestión de Illa y Ayuso
Por Asier Martiarena Olveira — Portada
Los desahucios agitan el choque entre los modelos de gestión de Illa y Ayuso
El escenario político
La presidenta madrileña usa el número de desalojos en la comunidad catalana para defenderse

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ayer, en un acto en Madrid
Dani Pozo / EFE

Madrid
24/09/2026 19:24 Síguenos en Google 0:00 Audio generado por IA 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR
El desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada de su vivienda en el distrito madrileño del Retiro, ha acabado abriendo una vía de confrontación que va mucho más allá de su caso. Lo que en un principio comenzó como un choque entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso por la responsabilidad política sobre el desalojo derivó ayer en un nuevo pulso territorial, con la presidenta madrileña y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, enfrentados por sus distintas respuestas a la crisis de la vivienda.
Fue la madrileña quien, después que Sánchez le atribuyera la responsabilidad política por lo ocurrido, se parapetó en la ley y en las competencias para sostener que el desahucio de Maricarmen le es ajeno a su Gobierno. Y fue también Ayuso quien emprendió la disputa con Catalunya, recurriendo a las cifras para cuestionar la gestión de Illa y reivindicar, por contraste, su propia política de vivienda.
Ayuso situó el desaojo de Maricarmen como “uno más de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España a manos de la Policía Nacional, “que la gestiona el Gobierno”, por orden judicial. Y se apoyó en las cifras para advertir que “por cada desahucio que hay en Madrid se producen cinco en la Catalunya de Illa y de Sánchez. Por cierto, comprando voluntades que luego no funcionan”, recriminó.
La comunidad catalana registra tres veces más lanzamientos pero tiene más población y un parque de alquiler mayor
La réplica del Govern no se hizo esperar. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, tildó de “fake news” los datos aportados por Ayuso para “ocultar vergüenzas propias”, en referencia a la polémica del ático de Chamberí. Illa también lamentó el “sobrecogedor” lanzamiento de Maricarmen por la “ceguera” y “la codicia del dinero”. “Este no es el modelo de sociedad que queremos, que pisa a una persona de 87 años”, señaló, para defender que “las instituciones estamos para combatir esto, al menos las catalanas”.
El rifirrafe se asienta en una concepción opuesta a la hora de abordar el problema habitacional. Ayuso sostiene que intervenir los precios y limitar el mercado genera inseguridad jurídica y reduce la oferta disponible. Y Catalunya defiende que, ante la dificultad de acceso a la vivienda, las Administraciones deben intervenir. Dos recetas para un mismo problema y, sobre todo, dos concepciones distintas sobre hasta dónde debe llegar el poder público.
Pero los datos oficiales que ofrece el Consejo General del Poder Judicial muestran que ambas administraciones tienen, dentro de sus competencias, mucho que hacer. Catalunya, con 6.814 desahucios, el 26,6% del total nacional, fue en el 2025 la comunidad en la que se practicaron más lanzamientos, seguida por Andalucía, con 3.782; la Comunidad Valenciana, con 2.992; y Madrid, con 2.267. Así, Catalunya registró tres veces más desahucios al año que Madrid, no cinco.
Pero estos datos brutos no tiene en cuenta variables importantes, como la población de ambas regiones y el respectivo parque de viviendas de alquiler, puesto que el mayor número de lanzamientos se producen sobre este uso (el 71,7%) y no sobre la propiedad.
Así, Catalunya tiene una población que supera los 8 millones frente a los 7 de Madrid, y un parque de vivienda de alquiler que ronda los 590.000, según el Incasòl, frente a las 350.000 de la Comunidad. Por tanto, “en términos relativos”, según la economista Carme Trilla, “el número de desahucios es similar”, y los datos lo corroboran: Catalunya registró el año pasado 5.025 desahucios en alquileres, y Madrid casi 2.000.
Otro elemento para entender las diferencias es la inversión presupuestaria en políticas de vivienda. En este ámbito, España está a la cola de Europa. Dedica un 0,48% del presupuesto a vivienda, mientras que la recaudación tributaria por las compraventas asciende al 3,5%. En el caso de Madrid, los presupuestos de este año, de unos 30.000 millones de euros, reflejan una inversión en vivienda de 714 millones de euros, lo que representa el 2,38%, y Catalunya dedica 1.900 millones, el 3,8% de su presupuesto. Pero Catalunya dedica una parte de estos recursos a ayudas sociales al alquiler, unos 200 millones, mientras que Madrid solo destina 32 millones.
La ONU afea a la jueza que mantuviera el lanzamiento de Maricarmen
El relator de la ONU en Vivienda, Koldo Casla, criticó ayer el desahucio de Maricarmen y reprochó a la jueza no haberlo suspendido para “evitar un daño irreparable”. Casla recordó en las redes sociales que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de la ONU, decretó medidas cautelares hace unos meses para suspender el desahucio temporalmente, por lo que no debía producirse “sin alternativa habitacional”. “Esto significa que todo desahucio que pueda dejar a alguien en la calle debe ser paralizado hasta que el Ayuntamiento o la comunidad autónoma ofrezca una alternativa viable y justa”. A su juicio, “no hay manera de entender de qué forma puede justificarse primar la rentabilidad de una inversión inmobiliaria sobre el derecho a la vivienda de una mujer de 87 años (…) y lleva 70 años viviendo en esa casa”.

Asier Martiarena
Redactor de la sección de política tras una década cubriendo la actualidad de Madrid entre 2011 y 2022. Antes en Microsoft News y el diario Metro
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