Las derechas meridionales y la colonización institucional
Por Carlos Mármol — Portada
Las derechas meridionales y la colonización institucional
Cuadernos del Sur
16/10/2026 06:00 Actualizado 16/10/2026 06:57 Síguenos en Google 0:00 Audio generado por IA 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR
Nadie ha descrito mejor las falsas apariencias y el arte (político) del disimulo que Molière, que en su Tartufo identifica ambas cosas con la capa que usaban los hombres para transitar por la calle sin revelar su identidad. “No hay que mostrar el juego entero. El gran arte consiste en disimular”, escribió Gracián, patrón de los escritores con ingenio. Cuando un político convoca elecciones conviene juzgar su conducta por lo que ha hecho, lo que dejó de hacer y, sobre todo, por las decisiones de sus últimos días.
En el caso de Sánchez el patrón es nítido: promete lo que ni siquiera ha intentado en ocho largos años (viviendas) y riega con dinero público a todos los colectivos sociales dependientes, desde los pensionistas a los funcionarios, insistiendo en un clientelismo que contrasta con el hecho de no haber presentado nunca los presupuestos que prescribe la Constitución.
Moreno Bonilla, el Gran Laurel andaluz, no vive los últimos días de su mandato, sino los primeros compases de su tercera legislatura, sin mayoría y con Vox. Aquí la norma cambia: los primeros días de un gobernante también pueden ser tan peligrosos y descarados como los últimos.
Básicamente porque todos los políticos creen que el tiempo diluirá el juicio de sus caprichos. ¿Qué ha hecho el inquilino del Quirinale en estos escasos cuatro meses? Poca cosa, salvo hacer suyos los argumentarios de Génova –el presidente andaluz habla más de Ceuta que de Málaga, su tierra–, nombrar a un gobierno con un claro perfil continuista y recompensar a la gente a la que profesa afecto con cargos, canonjías y prebendas.
Moreno es alérgico al reformismo porque cree que supone un desgaste político. Se limita a cambiar caras y personas, sin tocar las estructuras ni alterar la herencia de los gobiernos del PSOE, que sigue intacta ocho años después de que el PP meridional accediera al Palacio de San Telmo.
Esto no va a cambiar tras el pacto de gobierno con los ultramontanos, que también han olvidado, con una rapidez asombrosa, sus promesas electorales de reformar a fondo la Junta y reorientar el gasto público.
Las dos derechas meridionales, que hasta ahora no han evidenciado en público discrepancia alguna, en buena medida porque Moreno ha virado a su derecha, dejando huérfano el centro del tablero político en Andalucía, acaban de cerrar un plan para colonizar las instituciones autonómicas y los órganos de extracción parlamentaria con políticos afines, de perfil partidario y nula experiencia en los puestos para los que serán designados.
El Quirinale ya venía haciendo esto desde la segunda legislatura de Moreno, cuando el hundimiento de Cs –socios del PP en la primera legislatura de las derechas– hizo que el presidente de la Junta recolocara en la Junta –con sueldo, coche oficial y todos los atributos que correspondían– a prácticamente todos los altos dirigentes de la organización naranja.
El presidente de la Junta colabora con quienes colaboran. Es agradecido con sus aliados. Se preocupa por el porvenir de sus exconsejeros y sus favoritos del partido. Vox se suma con decisión a esta práctica porque, en lugar de cambiar el juego de las sillas, ahora tiene derecho a elegir sillones.
Las dos derechas han acordado el nombramiento de Marta Bosquet (Cs), expresidenta del Parlamento andaluz y alto cargo de confianza del PP, como Defensora del Pueblo en sustitución de Jesús Maeztu, que ocupaba este puesto desde que Susana Díaz destituyó a José Chamizo, el último Defensor independiente, por no someterse a las consignas de San Telmo.
Maeztu, amigo personal de Manuel Chaves, ha estado trece años en este cargo sin hacer ninguna crítica a la Junta y sin que Moreno propusiera un candidato independiente, en consonancia con su política de quietismo.
El acuerdo con Vox –que a cambio obtendrá una cuota mayor en las instituciones de extracción parlamentaria– garantiza la designación de Bosquet como Defensora y renueva como director de Canal Sur (la televisión autonómica) a Juan de Dios Mellado, nombrado con Rafael Porras –presidente del Consejo de Administración de la RTVA– cuando Elías Bendodo todavía ocupaba la consejería de Presidencia.
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El Quirinale no quiere cambios en la dirección de la cadena autonómica, que todos los años recibe 163 millones de euros (su presupuesto asciende a 180 millones) a fondo perdido de las arcas públicas para evitar la quiebra técnica por falta de ingresos propios y poder funcionar con estabilidad.
Vox siempre ha defendido cerrar la televisión regional –para hacerlo habría que modificar el Estatuto de Autonomía– pero, tras acceder al ejecutivo de Moreno Bonilla, lo que está negociando es obtener más influencia en su consejo de administración –donde solo se sientan jefes de propaganda, políticos y experiodistas con filiación partidaria que responden a consignas de partido– y en otros entes autonómicos, como el Consejo Audiovisual de Andalucía, cuyos miembros son canónigos de una iglesia –los partidos de la autonomía– en la que solamente creen sus presbíteros y sus obispos.
La analogía eclesial es fecunda para entender cómo el PP –y ahora también Vox– van dejando caer sus propias banderas y aprovechan que la atención de los ciudadanos está concentrada en el adelanto de las generales para repartirse los grandes cargos y los sueldos públicos de esta legislatura. Es una conducta poco católica y que contradice el consejo de San Ignacio de Loyola, que recomendaba –quinta regla de sus Ejercicios Espirituales– no hacer mudanza en tiempo de desolación.
Moreno no está feliz –depende de Vox–, pero se ha resignado por puro pragmatismo. Nada tiene que temer de las tres instituciones autonómicas que podían censurar su gestión: la Oficina del Defensor (que ahora dirigirá Bosquet), la Cámara de Cuentas (cuyo presidente es Manuel Alejandro Cardenete, exconsejero suyo), el Consejo de Transparencia (donde seguirá Ana María Vielba, exalto cargo en la Junta) y Canal Sur, donde habrá reparto con Vox no sólo dentro del consejo de la RTVA. Quizás también en la actual estructura de Dirección de los Servicios Informativos.
El Quirinale consuma así en Andalucía lo mismo que PP y Vox llevan años criticándole todos los días al sanchismo: la colonización indiscriminada de las instituciones autonómicas. Y lo hace con personas de confianza que actúan en función de sus órdenes, no como profesionales independientes.
Los exconsejeros de Cs ya pueden decir lo mismo que The Rolling Stones cuando los periodistas les preguntaban por qué continuaban haciendo giras a una edad más que respetable: “Estamos en esto sólo por el dinero”.
El presidente de la Junta también. Desde el 2018, cuando aconteció la Grande Carambola que le llevó a San Telmo, Moreno se ha subido el sueldo –de cobrar 67.886 euros ha pasado a percibir 92.208; un 35% más– en tres ocasiones: en diciembre de 2023, coincidiendo con la Navidad; en agosto de 2024, en vacaciones de agosto, y en enero de 2026 (Año Nuevo).
Cabía esperar que volviera a hacer lo mismo (ahora en beneficio de otros) en vísperas del súbito adelanto electoral de las inminentes generales, en las que él personalmente no se juega nada y, por tanto, todo está permitido.
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