El último baile del Supremo y Puigdemont
Por Isabel Garcia Pagan — Portada
Subdirectora de ‘La Vanguardia’
El último baile del Supremo y Puigdemont
En paralelo
19/09/2026 00:05 Síguenos en Google 0:00 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia Artificial
En el imaginario judicial catalán hay dos bodas ilustres que acaban en condena. La primera, la de la hija de Fèlix Millet. El exdirector del Palau de la Música ordenó cubrir la platea para celebrar un banquete de alto copete y cargó la factura de la fiesta a las cuentas de la entidad cultural. Luego, les cobró la mitad a sus consuegros. Ánimo de lucro, enriquecimiento y divorcio familiar tras descubrirse el pastel… La otra es una fantasía del Tribunal Supremo para justificar su negativa a aplicar la amnistía a Carles Puigdemont y el resto de líderes del procés .
El magistrado Pablo Llarena comparó el referéndum del 1-O con el banquete de boda de un hijo pagado con dinero público. Según Llarena, el expresident endosó los gastos de sus “apetencias personales” a la Generalitat; y, como el dinero no salió de su bolsillo, se enriqueció. La Sala de lo Penal se apuntó al convite con su colega: “El funcionario que contrata la celebración del banquete de boda de su hija asume una obligación de pago (…) Si abona el importe con fondos públicos, su patrimonio se incrementa y el funcionario se enriquece personalmente”.
La ley de Amnistía del procés excluía las actuaciones que supusieran un beneficio personal patrimonial. Cómo se paga la boda es irrelevante, lo importante es la cuenta corriente del padre de la novia. En el Supremo sostienen que Puigdemont se benefició económicamente con el 1-O. El resto de objeciones para esquivar el cumplimiento de la ley de Amnistía planteadas por Llarena y la sala han sido desmontadas por el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal de Justicia de la UE. Ni la ley es inconstitucional ni el procés afectó a los intereses económicos europeos.
El propio Llarena ha admitido que a su resistencia solo le queda la guinda del pastel del enriquecimiento, y será amarga si el Constitucional desmonta la teoría de la boda. La magistrada del Supremo Ana Ferrer ya la calificó de “ficción jurídica” en un voto particular.
El TC aborda la tesis de la boda, última trinchera judicial contra la amnistía de los líderes del 1-O
El enlace independentista acabó en ruptura por incompatibilidad de caracteres y partidismo, pero la pareja comparte la hipoteca judicial hace nueve años. El pleno del TC se reúne el martes con el guion ya escrito para abordar el recurso de Jordi Turull. El magistrado encargado de la sentencia, el conservador José María Macías, se aferra al relato del Supremo. La mayoría progresista lo rechazará y trasladará la decisión al siguiente pleno, previsto para el 5 de octubre. O Macías redacta una sentencia contraria a su criterio, o lo hará otro magistrado para que el tribunal acabe ordenando al Supremo que amnistíe a los líderes independentistas.
Las decisiones dilatorias en los tribunales son frecuentes, por lo que se impone la prudencia en el calendario del retorno de Puigdemont y la rehabilitación política de Oriol Junqueras. No obstante, incluso los más escépticos palpan hoy el nuevo escenario. Más aún cuando el propio Llarena admite la posibilidad de levantar la orden de detención contra el expresident ante nuevas “circunstancias concretas”, como una decisión del Constitucional.
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Isabel Garcia Pagan
El calendario político también juega, y no solo por las elecciones municipales de mayo. Junto a la ofensiva de la derecha contra Pedro Sánchez, la crisis de Ceuta y las corruptelas en torno al PSOE, en las filas independentistas suponen un interés del Supremo en atribuir a Sánchez la imagen del retorno de Puigdemont antes de las elecciones generales. Y cuanto más cerca de las urnas, mejor, en busca de una movilización –“¡A por ellos!”– que perjudique las expectativas del líder del PSOE.
El Supremo –lo escribió en una sentencia– no quiere ser una “boca muda” que se limita a aplicar la amnistía a voluntad del legislador, y en febrero se abre la primera ventana electoral del 2027 para unas generales, tal y como ansían los cuadros del PSOE. También el Tribunal de Cuentas agota las páginas de su agenda antiamnistía. Hace tres meses que la justicia europea respondió a la consejera Elena Hernáez avalando la ley. La defensa de Puigdemont le advierte ya con reclamar al Estado por “violar el derecho comunitario”. El plazo para que la treintena de cargos independentistas encausados pidan por enésima vez ser amnistiados se acabó ayer. A partir del lunes debería poner fin a un proceso contable de más de seis años.
Isabel Garcia Pagan
Subdirectora de 'La Vanguardia'
Subdirectora de La Vanguardia desde 2014. En la actualidad estoy al frente de la edición digital. He sido jefa de la sección de Política (2006-2014) . En Europa Press (1995-2006) pasé por Sociedad, Tribunales y Política.
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