El Gobierno pondrá a prueba su apoyo en el Congreso tras aprobar dos decretos de vivienda
Por Asier Martiarena Olveira — Portada
Contenido solo para suscriptores El Gobierno pondrá a prueba su apoyo en el Congreso tras aprobar dos decretos de vivienda
La emergencia habitacional
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¿Qué medidas de vivienda ha aprobado el Gobierno y cuáles pueden salir adelante y cuáles no?
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Dani Duch
Fernando H. Valls, Asier Martiarena
Madrid
30/09/2026 06:56 Síguenos en Google 0:00 Audio generado por IA 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR
El Gobierno de coalición logró ayer salvar el decreto de vivienda, pero no pudo cerrar las diferencias que han marcado la relación durante la legislatura.
PSOE y Sumar llegaron al Consejo de Ministros con el acuerdo todavía abierto. Tanto que incluso necesitaron prolongar las conversaciones, lo que obligó a retrasar una hora el inicio del cónclave, convocado inicialmente a las 9.30 horas. Una escena casi idéntica a la registrada en marzo, cuando las negociaciones que socialistas y plurinacionales mantuvieron en una sala paralela atascaron las agendas de los ministros durante algo más de dos horas. Y, como entonces, el desacuerdo acabó dejando un paquete dividido en dos para, a su vez, poder lograr el voto de Junts y PNV.
Sumar quería concentrar en un único decreto todas las medidas, incluida la renovación automática de los contratos de alquiler, además de la regulación de los arrendamientos de habitaciones y el blindaje frente a los desahucios, que tantas fricciones han provocado. Pero las reticencias del PSOE, que veía riesgos en llevar al Congreso una única norma sin los apoyos suficientes, acabaron obligando a separar la renovación automática del resto y trasladarla a un segundo real decreto ley.
El propio Ministerio de Vivienda admitió tras el Consejo que este segundo texto “no se ha podido trabajar con los grupos parlamentarios” al mismo nivel que el principal, asumiendo de facto la fragilidad con la que esta medida clave nace de cara a su convalidación en las Cortes el próximo viernes.
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Esta división salomónica del paquete no es, por tanto, un detalle técnico. Es el reflejo de la distancia entre los dos socios y, sobre todo, de una estrategia diferente ante la votación en el Congreso. El PSOE ha buscado durante toda la negociación que las medidas que salieran del Consejo de Ministros contaran con garantías suficientes para superar después la prueba de fuego parlamentaria. Sumar, en cambio, tras el fracaso de los intentos previos, ha defendido en todo momento una lógica distinta: aprobar medidas lo más ambiciosas posibles y dejar que sean después los grupos parlamentarios quienes tengan que “retratarse” en la votación. De hecho, Sumar ha defendido con ahinco la citada renovación automática de alquileres ya que el Sindicato de Inquilinas la consideró el corazón del decreto.
La mañana dejó además dos fotografías distintas de la coalición. En la Moncloa, la comparecencia oficial posterior al Consejo estuvo protagonizada exclusivamente por ministros del PSOE. A la misma hora, y casi a modo de contraprogramación, los cinco ministros de Sumar escenificaron su propia lectura del acuerdo en el Ministerio de Trabajo, ante un fondo azul con el encabezado del artículo 47 de la Constitución: “Por el derecho a la vivienda”.
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Tampoco el relato fue compartido. PSOE y Sumar apenas se mencionaron mutuamente y optaron por reivindicar por separado el resultado de la negociación. El PSOE presentó el acuerdo desde la lógica de un Gobierno que ha tenido que negociar con todos sus aliados para intentar garantizar la viabilidad parlamentaria de las medidas. Sumar, en cambio, puso el acento en las medidas que había logrado incorporar al paquete y en la presión ejercida desde la calle, en una clara alusión a las acampadas por la vivienda que estos días se extienden por plazas como la Puerta del Sol de Madrid y de otras ciudades.
De la pugna quedó, a pesar de todo, un paquete de medidas que incorpora buena parte de las reivindicaciones que Sumar había colocado en el centro de la negociación. Entre ellas figuran la prórroga de los contratos de alquiler hasta el 2029, el refuerzo de la protección frente a los desahucios hasta el 2030, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, nuevas sanciones frente a los pisos turísticos ilegales, así como la imposición de un IVA del 10%, y límites del 2% a la actualización de las rentas. El acuerdo incluye además medidas para limitar las compras especulativas por parte de los fondos hasta el año 2028 y la protección a inquilinos frente a comisiones y sobrecostes abusivos.
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El problema para el Gobierno es que el acuerdo entre sus dos socios no equivale aún a una convalidación parlamentaria. La intención del Ejecutivo es llevar los dos decretos al Congreso este viernes, pero los apoyos siguen en el aire. Sumar ha confirmado que se está hablando con todos los grupos, incluido Junts, aunque nadie ha garantizado por ahora sus votos. De hecho, son varios los grupos que, al cierre de esta edición, seguían a la espera del texto final de ambos decretos y que el Gobierno aún no les había remitido.
Fernando H. Valls
Redactor de la sección de Economía de La Vanguardia en la redacción de Madrid. Autor del libro ‘El año que vivimos sin Gobierno’ (Libros.com) y colaborador de varios programas de televisión y radio.
Asier Martiarena
Redactor de la sección de política tras una década cubriendo la actualidad de Madrid entre 2011 y 2022. Antes en Microsoft News y el diario Metro
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