El gas pimienta abre dos vías de posibles sanciones para la diputada y el trabajador del PP
Por Asier Martiarena Olveira — Portada
El gas pimienta abre dos vías de posibles sanciones para la diputada y el trabajador del PP
La resaca parlamentaria
Las consecuencias pueden ir desde una sanción económica o disciplinaria hasta la vía penal, en función de cómo se califique la actuación de cada uno
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Madrid
24/09/2026 11:21 Síguenos en Google 0:00 Audio generado por IA 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR
El spray de gas pimienta que Ana Belén Vázquez mostró desde su escaño ya ha dejado de ser solo el objeto de una polémica parlamentaria. El bote que la diputada del PP blandió para denunciar la situación de las mujeres en Ceuta acabó activándose hasta tres veces en los baños del Congreso, el gas se extendió por los conductos de ventilación y varias personas tuvieron que recibir asistencia médica. Y ahora la Policía Nacional prepara un atestado que deberá servir para determinar qué responsabilidades pueden atribuirse a cada uno de los protagonistas del episodio.
Porque las situaciones de Vázquez y del trabajador del PP que manipuló posteriormente el aerosol son distintas. La diputada está sometida al régimen disciplinario de la Cámara por su condición de parlamentaria. El trabajador, no. Para él, las posibles consecuencias pasan por otra vía, que puede ir desde la propia regulación interna del Congreso hasta una eventual responsabilidad penal si la investigación concluye que su actuación provocó lesiones.
La primera cuestión que tendrá que dilucidar la Cámara es aparentemente sencilla. Si el spray que Vázquez llevó al hemiciclo tiene la consideración de arma. El Reglamento de Armas incluye los aerosoles de defensa personal dentro de esta categoría, aunque determinados productos puedan estar autorizados para su comercialización. Aun así, el reglamento del Congreso prohíbe expresamente portar estos aerosoles dentro del recinto parlamentario.
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Por eso la discusión que se produjo en el hemiciclo sobre si el bote era legal, si necesitaba licencia o si podía comprarlo cualquier ciudadano no resuelve el problema al que ahora se enfrenta la diputada. La cuestión relevante para la Cámara es otra. qué hizo con él dentro del Congreso.
El artículo 101 contempla que un diputado que porte armas en el recinto pueda ser suspendido temporalmente por razones de disciplina parlamentaria. La suspensión no la decide por sí sola la presidenta de la Cámara. Corresponde al Pleno, a propuesta de la Mesa y mediante el procedimiento previsto en el propio reglamento, determinar si amerita una “suspensión temporal” de la diputada.
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El asunto no termina necesariamente ahí, pues cabe la posibilidad de que la conducta de Vázquez también sea examinada desde la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, si los hechos encajaran en alguno de sus tipos. El artículo 36.10 considera infracción grave portar, exhibir o usar armas de manera negligente, temeraria o intimidatoria, o fuera de los lugares habilitados para su uso, siempre que los hechos no constituyan delito. Las infracciones graves llevan aparejadas multas de entre 601 y 30.000 euros.
No significa que Vázquez vaya a ser multada por este concepto. Para que eso ocurriera tendría que abrirse el correspondiente procedimiento y determinarse que su conducta encaja en ese supuesto. Tampoco las posibles responsabilidades administrativas sustituyen a las parlamentarias: son vías diferentes y habrá que determinar primero qué hechos quedan acreditados.
La cuestión adquiere especial relevancia porque la diputada no solo llevaba el aerosol en el recinto. Lo mostró desde su escaño en plena sesión de control, en una acción concebida precisamente para llamar la atención sobre la situación en Ceuta.
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El caso del trabajador que manipuló posteriormente el bote discurre por otro camino. No es diputado y, por tanto, no puede ser suspendido ni sometido al régimen disciplinario específico que el Reglamento reserva a los parlamentarios. Pero eso no quiere decir que el Congreso carezca de instrumentos para actuar contra él. El reglamento también establece reglas para quienes se encuentren dentro de la Cámara y permite expulsar a quien provoque un desorden grave con su conducta.
La diferencia es importante porque, en su caso, la posible responsabilidad no nace de haber llevado un arma al hemiciclo. Nace de lo que ocurrió después. De la manipulación del aerosol en los baños y las consecuencias que tuvo su activación.
Según la explicación ofrecida por el PP, la diputada pidió al trabajador que limpiara el bote antes de entregarlo a la Policía porque aún podía conservar restos de gas. El trabajador lo llevó a los baños y lo accionó hasta tres veces, dos veces en un aseo y una tercera en otro. El gas terminó extendiéndose por los sistemas de ventilación y obligó a precintar varias dependencias.
Ahí es donde el expediente policial cobra especial importancia. No será lo mismo considerar que se trató de una manipulación imprudente de un aerosol que determinar que el trabajador actuó de una manera que provocó directamente las lesiones o intoxicaciones que sufrieron otras personas.
La consecuencia más grave para el trabajador llegaría si los hechos fueran considerados constitutivos de delito. El Código Penal castiga las lesiones que requieren, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico con penas de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses. Pero para llegar hasta ahí no basta con que varias personas hayan sufrido molestias por el gas. La investigación tendría que establecer qué lesiones se produjeron, cuál fue su entidad y qué relación existe entre esas lesiones y la actuación del trabajador.
El episodio ya ha dejado constancia de personas atendidas por los servicios médicos del Congreso, entre ellas una integrante de la delegación del Parlamento de Mauritania que sufrió vómitos. Una docena de personas resultaron afectadas por el gas y varias dependencias tuvieron que ser desalojadas y precintadas.
La Policía del Congreso tendrá ahora que reconstruir la secuencia completa. Qué ocurrió en el hemiciclo, quién manipuló después el aerosol, cuántas veces se activó, en qué condiciones y qué consecuencias concretas tuvo la dispersión del gas. De ese relato dependerá que el episodio quede circunscrito a la disciplina parlamentaria y, en su caso, a una infracción administrativa o que termine adquiriendo también una dimensión penal.
Asier Martiarena
Redactor de la sección de política tras una década cubriendo la actualidad de Madrid entre 2011 y 2022. Antes en Microsoft News y el diario Metro
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Fonte: Portada
