El funcionario del futuro trabajará con IA, no contra ella
Por Redacción La Vanguardia — Portada
El funcionario del futuro trabajará con IA, no contra ella
Inteligencia artificial
La inteligencia artificial empieza a transformar la contratación pública al asumir tareas repetitivas y permitir que los profesionales dediquen más tiempo al análisis, la supervisión y la toma de decisiones
La inteligencia artificial permite acelerar muchos procesos
Barcelona
17/10/2026 07:26 Síguenos en Google
La llegada de la inteligencia artificial a la Administración Pública vuelve a plantear una pregunta que ha acompañado históricamente a los grandes avances tecnológicos: qué ocurrirá con los puestos de trabajo cuando una herramienta sea capaz de realizar en minutos tareas que hasta ahora requerían horas.
En el ámbito público, donde muchos procedimientos dependen de la revisión de grandes volúmenes de información, el debate adquiere una dimensión especial. Sin embargo, el cambio que empieza a dibujarse apunta menos hacia la sustitución de profesionales que hacia una transformación de sus funciones.
La contratación pública es uno de los terrenos donde esta evolución resulta más visible. Localizar normativa, revisar expedientes, comprobar requisitos, comparar documentación o buscar resoluciones relacionadas con un procedimiento forman parte del trabajo habitual de muchos equipos técnicos. Son tareas necesarias para garantizar la seguridad jurídica, pero también requieren una elevada dedicación de tiempo.
Automatizar la búsqueda
La inteligencia artificial permite acelerar una parte de estos procesos. Un sistema especializado puede analizar documentación extensa, localizar información relacionada con un expediente, identificar cláusulas similares en distintos pliegos o resumir contenidos para facilitar su revisión.
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También puede ayudar a detectar inconsistencias o señalar información relevante antes de que el profesional entre a valorar el fondo del procedimiento. El objetivo no es trasladar la decisión a una máquina, sino reducir el tiempo destinado a tareas mecánicas para que el trabajador pueda concentrarse en aquellas que requieren interpretación y criterio.
La responsabilidad jurídica, la negociación, la valoración de los riesgos o la decisión final continúan dependiendo de las personas. La tecnología actúa, en este sentido, como una herramienta de apoyo.
Un cambio de funciones
Esta evolución también obliga a replantear el perfil del empleado público. A medida que determinadas tareas puedan automatizarse, el peso del trabajo se desplazará progresivamente hacia la supervisión, el análisis y la resolución de problemas complejos.
El funcionario no dejará de intervenir en el procedimiento, pero contará con herramientas capaces de procesar una cantidad de información difícil de gestionar manualmente en el mismo periodo de tiempo.
Es un proceso comparable al que ya se ha producido en otros sectores. La medicina utiliza sistemas avanzados para apoyar el diagnóstico, los arquitectos trabajan con programas especializados de diseño y los profesionales financieros recurren a herramientas capaces de analizar grandes cantidades de datos. En ninguno de estos casos la tecnología elimina la necesidad de conocimiento profesional, sino que modifica la forma de aplicarlo.
IA para licitaciones
Este cambio ya ha comenzado a trasladarse a la contratación pública. Empresas tecnológicas como Tendios están desarrollando asistentes de inteligencia artificial diseñados específicamente para este ámbito.
Estas herramientas buscan facilitar tanto el trabajo de las administraciones como el de las empresas que participan en licitaciones. Entre sus posibles aplicaciones se encuentra la localización de información relevante, el análisis documental o la identificación de elementos que puedan afectar a un procedimiento.
La especialización resulta especialmente importante en un terreno sometido a una normativa extensa y en el que las decisiones tienen consecuencias jurídicas y económicas. Por ello, el desarrollo de estas soluciones se dirige hacia modelos en los que la IA procesa y organiza información, mientras que la validación permanece en manos de los profesionales.
Supervisión humana
La regulación europea también avanza en esa dirección. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, conocido como AI Act, incorpora la supervisión humana entre los elementos fundamentales para garantizar un uso responsable de estas tecnologías, especialmente en aquellos ámbitos donde las decisiones pueden tener un impacto relevante.
Su aplicación refuerza un modelo en el que las herramientas inteligentes deben servir de apoyo a las personas y no sustituir su capacidad de decisión.
La transformación de la Administración, por tanto, no dependerá únicamente de incorporar nuevos sistemas tecnológicos. También requerirá que los profesionales aprendan a utilizarlos, entiendan sus límites y sean capaces de validar la información que generan.
La cuestión ya no pasa únicamente por determinar si la inteligencia artificial formará parte del funcionamiento de las administraciones, sino por decidir cómo integrarla de manera útil y segura. Si las tareas repetitivas pueden resolverse con mayor rapidez, los equipos públicos podrán dedicar una mayor parte de su jornada a interpretar, decidir, negociar y resolver problemas.
El funcionario del futuro seguirá siendo responsable de las decisiones. La diferencia es que tendrá a su alcance herramientas capaces de ayudarle a llegar a ellas con más información y en menos tiempo.
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