El caso de Maricarmen no debe repetirse
Por Editorial La Vanguardia — Portada
El caso de Maricarmen no debe repetirse 27/09/2026 00:30 Síguenos en Google 0:00 Audio generado por IA 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR
La imagen de Maricarmen abandonando su piso recostada en una camilla, tras ser desalojada de su domicilio del madrileño barrio del Retiro, en el que ha vivido setenta años, conmovió el pasado miércoles al país, sacudió la conciencia social y dejó en el aire una incómoda pregunta: ¿es aceptable que una anciana de 87 años sea desahuciada de este modo, pese a su delicado estado de salud y sin alternativa habitacional?
Es cierto que el desalojo se efectuó por orden judicial, de acuerdo con lo regulado por la ley, tras distintos aplazamientos. También lo es que empezó a incubarse en el 2018, cuando el inmueble en el que residía Maricarmen fue adquirido por un fondo de inversión que tenía otros planes para sacarle mayor rendimiento: una nueva ilustración de la discrepancia entre quienes consideran la vivienda un derecho y quienes la ven como un instrumento lucrativo. Asimismo es cierto que dicho fondo ofreció a Maricarmen venderle su piso por 250.000 euros y, ante su negativa a comprarlo, le anunció que su alquiler de renta antigua iba a saltar de los 500 euros mensuales a los 2.750, cifra inasumible para quien percibe una pensión de 1.350. Aun así, la incómoda pregunta sigue flotando en el aire: ¿es aceptable que una anciana de 87 años sea desahuciada de este modo?
Todo ello sucede, además, en un país cuyos ciudadanos consideran la falta de vivienda asequible, en particular la de alquiler, como el problema más preocupante. Lo cual, en buena lógica, debería animar a los políticos a buscar soluciones. Esa escasez tiene hoy por hoy numerosas causas, pocos paliativos satisfactorios y tremendas consecuencias.
El desahucio de una anciana ha sacudido las conciencias y, también, el tablero político
En primer lugar, claro está, ha sufrido sus consecuencias Maricarmen, que a su avanzada edad, desprovista de recursos económicos suficientes, ha debido pasar por una experiencia desgarradora, de incierto final. Una experiencia que dista de ser excepcional: el año pasado se ejecutaron en España 25.540 desahucios. Tras cada uno de ellos había un drama personal o familiar.
Dicho esto, añadiremos que las consecuencias de este asunto han ido más allá. Al Gobierno presidido por Pedro Sánchez se le ha reprochado que no haya sido capaz, en los últimos ocho años al frente de la nación, de introducir las reformas necesarias para evitar un caso tan sangrante como el de Maricarmen. A Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, tal caso le ha cogido en mal momento, después de dar sucesivas –y cada vez menos convincentes– explicaciones sobre la compra para su uso, por parte de una entidad pública, de un ático en Chamberí de seis millones de euros. La comparación de su caso con el de Maricarmen, de sus dispares apoyos y realidades, podrá ser vista como interesada, pero es bien comprensible en esta coyuntura.
El caso de Maricarmen ha tenido otras derivadas políticas no menores. Por una parte, la aparición de nuevas fisuras en la coalición de Gobierno, a raíz de las distintas posiciones ante esta cuestión del PSOE y de Sumar, que ayer amagó con no ir al Consejo de Ministros del martes sin la garantía de que aprobará un decreto ley al respecto. Por otra, una aproximación del Gobierno a Junts, entre otras fuerzas, en el marco de una operación que pasa por consensuar un plan antidesahucios. Hallar una solución siquiera parcial, pero inmediata, a este problema, le vendría muy bien al Gobierno, después de que se extendiera la percepción de que había arrastrado los pies al atacar la crisis de Ceuta.
El Gobierno busca apoyo de partidos enfrentados para un decreto que palie el problema de la vivienda
Pero aun en el caso de que el Gobierno aceptara las sugerencias de Junts, debería después asegurarse el voto de los otros partidos de la mayoría de la investidura para que, llegado el caso, dieran respaldo en el Congreso al decreto ley del que hablábamos más arriba. Complacer por igual a fuerzas tan dispares, y a menudo enfrentadas, como PSOE, Sumar, Podemos, PNV o Junts (de cuyo acercamiento al Ejecutivo recela ERC), no va a ser tarea sencilla. Pero, obviamente, hay que intentarlo.
La dimensión humana de este problema es manifiesta: ayer hubo otra manifestación en el centro de Madrid. La imagen mencionada al principio de estas líneas ha causado gran rechazo e indignación. Todos los partidos, incluyendo los más agresivos, siempre enzarzados en debates parlamentarios groseros y estériles, tienen ahora una ocasión para suspender las hostilidades, al objeto de avanzar hacia una regulación que atenúe los problemas de la vivienda y permita evitar nuevos casos como el de Maricarmen.
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