De Maricarmen a una mujer de 88 años en Almería: Andalucía realiza 616 desahucios en tres meses
Por María Jesús Del Pino — Portada
De Maricarmen a una mujer de 88 años en Almería: Andalucía registra 616 desahucios en tres meses
Desahucios
Andalucía fue la tercera comunidad con más lanzamientos judiciales entre enero y marzo de este año
En Almería, un juez investiga al propietario de una vivienda por cortar el agua y la luz a una mujer de 88 años en pleno proceso de desahucio
El Sindicato de Inquilinas convocó una manifestación en Sevilla en apoyo a Maricarmen.
Sindicato de Inquilinas
Sevilla
25/09/2026 12:06 Síguenos en Google 0:00 Audio generado por IA 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR
El caso de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada este miércoles de la casa de Madrid en la que llevaba 71 años, ha vuelto a colocar la vivienda en el centro del debate. En Andalucía, solo entre enero y marzo, los juzgados practicaron 616 lanzamientos, según los datos del Consejo General del Poder Judicial facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Andalucía fue la tercera comunidad con más lanzamientos judiciales en el primer trimestre del año, por detrás de Cataluña (921) y la Comunidad Valenciana (741). La cifra, sin embargo, cayó un 45,2% respecto al mismo periodo de 2025.
La mayoría de los casos estuvieron relacionados con el alquiler: 355, el 57,6% del total. Otros 208 fueron consecuencia de ejecuciones hipotecarias y los 53 restantes respondieron a otras causas. Los tres tipos descendieron respecto al primer trimestre del año anterior.
Almería, otro rostro de la misma realidad
En Almería, otra mujer de 88 años se ha visto en una situación de especial vulnerabilidad. En agosto perdió la titularidad de su casa al no poder seguir afrontando la cuota hipotecaria después de 25 años de pagos. La vivienda fue subastada y adquirida por un nuevo propietario que, antes de que se ejecutara el lanzamiento por la autoridad judicial, instó a las compañías suministradoras a cortar el agua y la luz en pleno verano.
Ahora, el juzgado de Roquetas de Mar ha abierto diligencias previas por un posible delito de coacciones contra el nuevo propietario. El magistrado Claudio García Vidales dictó una medida cautelar para restablecer inmediatamente los suministros básicos. Según el TSJA, el propietario contactó días después con las compañías para devolverlos.
El juez advierte además de que algunos propietarios estarían interpretando de forma errónea una sentencia del Tribunal Supremo del pasado junio sobre los cortes de suministros. El auto diferencia entre quien ocupa ilegalmente un inmueble y quien, aunque haya perdido la titularidad o no pueda afrontar sus obligaciones económicas, permanece en una vivienda dentro de un procedimiento judicial.
Solicitudes de lanzamientos
Málaga, Cádiz y Granada, a la cabeza
El caso almeriense no figura entre los 616 lanzamientos ejecutados en Andalucía durante el primer trimestre. La memoria del TSJA de 2025 ofrece otra perspectiva: los servicios comunes de notificaciones y embargos recibieron 8.134 solicitudes de lanzamiento en toda Andalucía, un 5% menos que el año anterior, y practicaron 4.033 con cumplimiento positivo.
Almería recibió 1.076 solicitudes y practicó 641 con cumplimiento positivo, lo que la situó como la cuarta provincia andaluza con más solicitudes, por detrás de Málaga, Cádiz y Granada. Las solicitudes recibidas no equivalen, advierte el TSJA, a los lanzamientos finalmente ejecutados.
Lo que no se contabiliza: los “desahucios invisibles”
El Sindicato de Inquilinas pone el foco en quienes abandonan una vivienda sin que exista un lanzamiento judicial. Son los llamados “desahucios invisibles”.
Ocurre, por ejemplo, cuando termina un contrato de alquiler y el propietario plantea una subida de la renta que el inquilino no puede asumir. “Te suben mucho el alquiler, te tienes que ir y esto no se contabiliza en ningún sitio”, explica Javier Jover, militante del Sindicato de Inquilinas Andalucía.
El colectivo asegura que recibe en Sevilla consultas de personas que no pueden afrontar la nueva renta y tampoco encuentran otra vivienda a un precio asumible. Algunas terminan trasladándose a casa de familiares o alquilando una habitación.
También conocen casos de propietarios que ofrecen dinero a los inquilinos para que abandonen la vivienda antes de que termine el contrato, por ejemplo, ante la venta de un edificio o un cambio de uso para destinarlo a alojamientos turísticos. Si el inquilino acepta, tampoco existe un lanzamiento que contabilizar.
Jover asegura que el problema se agrava cuando se pide ayuda demasiado tarde. Solo durante la mañana posterior al desahucio de Maricarmen, afirma, el sindicato recibió tres casos de personas con lanzamientos previstos para la semana siguiente.
El sindicato reclama más vivienda pública y social, contratos de alquiler más largos y medidas para contener las rentas.
La vivienda como batalla política
El caso de Maricarmen ha saltado también al debate político andaluz. La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, pidió que situaciones como la de la mujer de 87 años «no se vuelvan a repetir» y defendió abordar el acceso a la vivienda como una “emergencia nacional”. También reclamó cambios legislativos y la construcción de vivienda asequible.
Desde Podemos Andalucía, su portavoz, Alejandra Durán, sostuvo que lo ocurrido en Madrid “puede pasar mañana en cualquier barrio de Andalucía” y reclamó al Gobierno andaluz que utilice sus competencias y el parque público residencial para prevenir desahucios y garantizar alternativas habitacionales.
El coordinador federal de IU y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, defendió un “giro normativo” que permita expropiar viviendas pertenecientes a fondos de inversión. Sumar prevé llevar al Consejo de Ministros una propuesta para recuperar la vivienda de Maricarmen y prorrogar los contratos de alquiler.
Adelante Andalucía ha reclamado limitar el precio del alquiler, expropiar viviendas de fondos de inversión y prohibir la compra especulativa.
El PP andaluz también se ha posicionado. La consejera de Vivienda, Rocío Díaz, apeló al cumplimiento de la sentencia judicial y reprochó al Gobierno de Pedro Sánchez que no haya modificado la Ley de Arrendamientos Urbanos. Díaz defendió además los mecanismos puestos en marcha por la Junta para asesorar y acompañar a las personas afectadas por procedimientos de desahucio.
Así, el caso de Maricarmen ha abierto un debate que va más allá de un desahucio en particular. En Andalucía, los 616 lanzamientos ejecutados entre enero y marzo ofrecen una fotografía de los procedimientos que llegan a los juzgados. Los casos que quedan fuera de esa estadística, como las salidas forzadas por una subida del alquiler, dibujan una realidad más difícil de medir.
Chus del Pino
Córdoba, 1984. Periodista. He desarrollado mi carrera en distintos medios de información editados en Sevilla, siempre buscando historias que reflejen la realidad en la que vivimos
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