Bruselas advierte de que la “prioridad nacional” puede vulnerar el derecho europeo
Por Salvador Enguix Oliver — Portada
Bruselas advierte de que la “prioridad nacional” puede vulnerar el derecho europeo
Política
PSPV y Compromís exigen retirar la ley de acompañamiento que afecta con este principio a vivienda y ayudas, mientras el PP atribuye las advertencias a un malentendido y Vox defiende la legalidad de la medida
El PP y Vox aprobaron a finales de julio la ley de acompañamiento de los presupuestos valencianos, que permite desarrollar reglamentariamente el principio de “prioridad nacional”
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, saluda al síndic de Vox en las Corts, José María Llanos.
José Cuéllar/Corts Valencianes
Valencia
13/10/2026 15:52 Síguenos en Google 0:00 Audio generado por IA 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR
La Comisión Europea advierte de que las normas que establezcan una “prioridad nacional” en el acceso a las prestaciones públicas y a la vivienda pueden contravenir el derecho comunitario si generan discriminación indirecta y no están justificadas ni son proporcionadas. Así lo señala el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, en respuesta a una pregunta parlamentaria del eurodiputado de Compromís Vicent Marzà sobre las medidas pactadas por el PP y Vox en distintas comunidades autónomas.
En su respuesta, fechada el 10 de septiembre, Brunner recuerda que los residentes de larga duración tienen garantizada la igualdad de trato con los nacionales del país de acogida en ámbitos como las prestaciones sociales y los procedimientos de acceso a la vivienda. El comisario subraya que la jurisprudencia europea prohíbe no solo la discriminación directa por nacionalidad, sino también aquella que, mediante otros criterios, produzca en la práctica el mismo resultado. “A menos que esté justificada y sea proporcionada”, una disposición nacional puede ser discriminatoria si perjudica a ciudadanos de otros estados miembros o de terceros países frente a los nacionales del país de acogida.
La Comisión, no obstante, precisa que no se pronuncia sobre proyectos legislativos y que, cuando respondió a Marzà, la ley aragonesa que motivó su pregunta todavía no se había aprobado. Sí se compromete a seguir la evolución de la situación para garantizar el cumplimiento del derecho comunitario.
Llorca y la “prioridad nacional”
El ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que el debate sobre la introducción de la ‘prioridad nacional’ en leyes y ayudas le parece “estéril” y ha recalcado que “no se arrepiente de nada” de pacto presupuestario con Vox, puesto que va a permitir a la Comunitat “seguir siendo una tierra próspera”. Al respecto, Llorca ha declarado: “Yo que he sido alcalde sé cómo funcionan las ordenanzas municipales. Si se atiende a las ordenanzas municipales de la mayor parte de ayuntamientos, por ejemplo de la Comunitat Valenciana, siempre se establecen prioridades a aquellos vecinos que llevan más tiempo empadronados y, por lo tanto, yo no le veo eso ningún problema. Son medidas que adoptan todos los que están al frente de las administraciones, sean del signo político que sean”.
La respuesta adquiere relevancia en la Comunitat Valenciana después de que PP y Vox aprobaran a finales de julio la ley de acompañamiento de los presupuestos, que permite desarrollar reglamentariamente el principio de «prioridad nacional» en materia de vivienda pública y servicios sociales. La norma establece para las nuevas inscripciones como demandante de vivienda protegida en régimen de compra un mínimo de diez años de empadronamiento histórico en algún municipio de la Comunitat Valenciana y de España, de forma continuada o interrumpida. Compromís ha planteado una nueva pregunta a la Comisión sobre esta legislación, todavía sin respuesta.
El PP y Vox aprobaron a finales de julio la ley de acompañamiento de los presupuestos valencianos, que permite desarrollar reglamentariamente el principio de “prioridad nacional”
El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha reclamado la retirada de los artículos afectados y ha anunciado que incorporará la respuesta europea a la denuncia presentada ante el Defensor del Pueblo. A su juicio, Bruselas ha dejado claro que la prioridad nacional incumple el derecho comunitario. “El Consell debería anular estos artículos”, ha afirmado, salvo que el PP, ha añadido, se muestre “dócil y débil” ante Vox.
El PSPV también ha exigido retirar la medida. Su síndic, José Muñoz, ha defendido que la prioridad de un gobierno “honrado” debe ser la vivienda y la defensa de los derechos humanos, y ha rechazado que los requisitos aplicados por ayuntamientos socialistas sean equiparables a la prioridad nacional. “Existe el arraigo, que es diferente. Si quieren el arraigo, deberían poner arraigo en la ley”, ha señalado.
El PP, por su parte, ha atribuido las advertencias europeas a un posible “malentendido”. Su síndic, Nando Pastor, ha asegurado que los requisitos de arraigo se aplican también en municipios gobernados por el PSPV, entre ellos Gandia, Paterna y Mislata, y ha confiado en que la Comisión avale la medida. Pastor ha recordado que en Gandia se exige una década de empadronamiento y ha citado también los requisitos que, según ha indicado, establecieron gobiernos socialistas para acceder a determinadas ayudas.
Vox ha descartado igualmente cualquier problema de legalidad. Su síndic, José María Llanos, ha defendido que la prioridad nacional se articule mediante criterios de baremación que tengan en cuenta el arraigo, la situación económica, las circunstancias familiares, la escolarización y las aportaciones a la Seguridad Social y a los servicios públicos. “Esto es absolutamente legal y permitido por nuestra Constitución”, ha sostenido. Llanos ha insistido en que su formación no tiene «ninguna duda» sobre la constitucionalidad de la medida y ha señalado que corresponde debatir a las instituciones europeas sobre su encaje jurídico.
Salvador Enguix
Periodista
Licenciado en Ciencias de la Información por la UAB y Doctor en Comunicación por la UV. Delegado en València y redactor jefe de La Vanguardia desde 1991
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