La caída de los decretos de vivienda en el Congreso abre la puerta a un adelanto electoral
Por Asier Martiarena Olveira — Portada
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Junts ha argumentado su rechazo augurando que los decretos producirían el efecto contrario al perseguido por el Gobierno
Dani Duch
Madrid
02/10/2026 15:51 Síguenos en Google 0:00 Audio generado por IA 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR
Los dos decretos de vivienda que con tanto suspense aprobó el Gobierno el martes han caído este viernes en el Congreso. Ni la presión de la izquierda, ni las movilizaciones sociales, ni el caso de Maricarmen Abascal, ni la negociación hasta el último minuto han conseguido alterar la posición de Junts, cuyos siete diputados han votado finalmente en contra de las dos iniciativas junto a PP, Vox y UPN.
El Ejecutivo pierde así una de las principales banderas sociales con las que pretendía recuperar la iniciativa política en un momento especialmente delicado para Pedro Sánchez, marcado por el desgaste de la crisis de Ceuta y por las investigaciones de corrupción que afectan al entorno socialista. Pero la derrota tiene, sin embargo, una segunda lectura. El fracaso parlamentario deja al Gobierno más cerca de un escenario que hasta hace pocos días parecía menos inmediato, el de un adelanto electoral. En sectores del PSOE, y del propio Ejecutivo, consideran que el bloqueo de los decretos puede convertirse precisamente en el argumento para llevar a las urnas una legislatura que lleva meses atrapada en una mayoría parlamentaria cada vez más difícil de articular.
“Es el momento de aprovechar para convocar elecciones”, asegura un ministro del PSOE a La Vanguardia. Esa es la idea que empieza a abrirse paso en algunos sectores del Gobierno. Que la derrota no tiene por qué ser únicamente un revés, por “muy grande que haya sido”. Puede ser también la “oportunidad” para transformar el conflicto de la vivienda en un eje electoral y enfrentar a los ciudadanos con el bloqueo parlamentario de las medidas que el Ejecutivo había presentado como respuesta a una demanda social creciente. La paradoja es evidente. Sánchez ha perdido la votación que pretendía utilizar para recuperar iniciativa política, pero sale del Congreso con un argumento que algunos dirigentes socialistas consideran especialmente movilizador.
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La Moncloa ha intentado hasta el último momento evitar el naufragio. Isabel Rodríguez ha subido a la tribuna del Congreso con un último llamamiento a Junts. “Hemos incorporado el 90% de sus propuestas. Voten a favor o absténganse”, ha reclamado la ministra de Vivienda. El Ejecutivo, de hecho, había dividido las medidas en dos decretos precisamente para tratar de hacer posible un acuerdo entre unos socios de investidura enfrentados durante meses por la política de vivienda. Pero el movimiento no ha sido suficiente.
La derrota deja al Gobierno sin un paquete que incluía la protección frente a los desahucios de personas vulnerables, la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler durante dos años y otras medidas destinadas a contener la presión sobre los inquilinos.
La prórroga, en particular, había sido presentada como una de las piezas de mayor alcance social. Según los cálculos difundidos por el Ministerio de Consumo, su caída dejaría sin esa protección a unos cinco millones de personas y afectaría potencialmente a 1.895.676 contratos de alquiler. La estimación se ha realizado con datos del Panel de Hogares de 2023 de la Agencia Tributaria, la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 y los registros del INE.
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Con todo ello, los dos socios de Gobierno han salido del salón de plenos cargando contra las derechas. Su lectura es que PP, Vox y Junts han preferido bloquear unas medidas destinadas “a proteger a quienes tienen dificultades para acceder a una vivienda en un mercado tensionado y a limitar el margen de actuación de los grandes tenedores y los fondos de inversión”.
Junts, sin embargo, ha rechazado ese marco. Los posconvergentes se han enrocado en que los decretos producirían precisamente el efecto contrario al perseguido por el Gobierno. Su argumento es que las restricciones introducidas pueden reducir la oferta de vivienda en alquiler, elevar los precios y dificultar todavía más el acceso de las familias con menos recursos. La formación ha insistido además en que los textos no actúan con suficiente contundencia contra los fondos buitre.
Y por eso ha querido acompañar su no con una alternativa. En un movimiento de última hora, el grupo parlamentario anunció a primera hora del día que entregaría en el propio pleno una propuesta de decreto elaborada por la formación, con la intención de que sirva como punto de partida para negociar un nuevo texto. Los posconvergentes la presentan como una oferta “amplia y técnicamente solvente, que actúa con contundencia contra los fondos buitre y protege a todas las familias”, frente a unos decretos del Gobierno que, a su juicio, tienen “efectos negativos e irreversibles” sobre el mercado.
El Gobierno, no obstante, ha rechazado esa posibilidad y ha optado por llevar la votación hasta el final, aun sabiendo que el resultado dependía de unos votos que los independentistas catalanes habían decidido entregar al bloque formado por PP y Vox.
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El desenlace tiene también una lectura particular para Sumar. El socio minoritario del Ejecutivo ha sido especialmente crítico con Junts durante toda la negociación y considera que el rechazo de los decretos evidencia hasta qué punto resulta difícil construir una mayoría progresista estable con los posconvergentes. Pero, al mismo tiempo, el espacio de Yolanda Díaz ya mira hacia un escenario electoral.
Los partidos que trabajan en la construcción de la nueva marca electoral de Sumar -Izquierda Unida, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar- han decidido reunirse este domingo para analizar los distintos escenarios y preparar una eventual convocatoria electoral. La reunión no estaba prevista y adquiere ahora una relevancia especial. Cabe recordar que el espacio continúa sin candidato y sin una marca definitiva pese a llevar meses preparando una fórmula común para las próximas generales. Pero la vivienda les ha dotado de un impulso necesario que también les ha permitido recuperar un perfil propio dentro del Ejecutivo.
El PP, entretanto, no ha modificado su posición. Borja Sémper ha definido los decretos como “un disparate que va a perjudicar a quien más ayuda necesita” y ha cuestionado que vayan a “ayudar al mercado de la vivienda”. El portavoz popular ha reprochado al Gobierno que haya tenido “ocho años para desplegar políticas” y que pretenda ahora “con parches en tres días, solucionar un problema que han sido incapaces de abordar”.
La caída de los decretos devuelve así la vivienda al punto de partida, pero en un escenario político muy distinto al de hace apenas unas semanas. La cuestión ya no es solo qué sucederá con las medidas que hoy han decaído. Es qué hará Sánchez con una mayoría parlamentaria que vuelve a demostrar sus límites y con una calle que, por primera vez en mucho tiempo, ha colocado la vivienda en el centro de la conversación política.
Asier Martiarena
Redactor de la sección de política tras una década cubriendo la actualidad de Madrid entre 2011 y 2022. Antes en Microsoft News y el diario Metro
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