Urbagestión recula y permitirá a Maricarmen volver de alquiler a su casa

Por Lourdes Barragán — eldiario.es – eldiario.es

El acuerdo llega después de seis días de protestas en Madrid, con la mediación de la EMVS durante seis horas de reunión entre los representantes legales de los implicados y el Sindicato de Inquilinas, a falta de que sea validado por la anciana de 87, que fue desahuciada el pasado miércoles

El Ayuntamiento de Madrid rechaza la oferta de Urbagestión para el piso de Maricarmen y abre una mediación

Acuerdo en Madrid para que Maricarmen pueda volver a su casa. Urbagestión ha aceptado el retorno de la inquilina a la que desahució el miércoles después de cinco días de intensas protestas y a punto de que se apruebe en el Congreso un decreto para frenar la expulsión de arrendatarios como la anciana de 87 años que desde la salida de la casa en camilla se recupera en el hospital Gregorio Marañón.

El acuerdo, comunicado por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid, que ha actuado como mediadora en el proceso, está cerrado a falta de que lo valide Maricarmen. Los detalles serán comunicados en breve, informan las mismas fuentes a Somos Madrid.

El borrador del decreto de vivienda que negocia el Gobierno con Sumar —que aún no ve con buenos ojos el texto— y con los grupos parlamentarios tan solo incluye prórrogas a los contratos de alquiler hasta 2028 según el documento inicial, al que ha tenido acceso elDiario.es, también pone esa fecha límite a la prohibición de desahucios a personas vulnerables.

Para resolver el caso que lo originó todo, las partes se habían citado a las cuatro de la tarde en la sede de la EMVS, cerca del Metro de Palos de la Frontera. Pero minutos antes de la hora se informó a los periodistas de que el encuentro iba a demorarse, a petición de la defensa de Maricarmen. En representación de la empresa municipal acudieron su presidente, Jerónimo Escalera, y la consejera delegada Ana de Miguel. Una hora más tarde, aproximadamente, la abogada Beatriz Duro aparecía finalmente acompañada de una portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Carolina Vilariño.

En un primer momento se había anunciado que el órgano sindical, impulsor principal de la acampada en Sol y una de las plataformas más cercanas a Maricarmen durante el proceso, no iba a participar en la reunión y, por parte de la vecina, solo acudirían familiares y su letrada. Finalmente no ha sido así: “Vamos a estar en la reunión. Para Maricarmen es fundamental que esté presente la representación sindical”. Unos minutos más tarde, cuando ya se había despejado la entrada, también Vicente se se sumó a la cita: es el primo de Maricarmen y uno de sus allegados más cercanos, que la ha acompañado estos días en el hospital.

Vamos a estar en la reunión. Para Maricarmen es fundamental que esté presente la representación sindical

Caroliña Vilariño
— Portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid

De hecho, mudarse con él y su pareja a Segovia era una de las opciones que se sopesaban para su futuro. Minutos antes de reunirse con la mediación municipal y los representantes de Urbagestión, la abogada Beatriz Duro insistió en que venían con intenciones de hallar una solución después de descartarse la del Plan Reviva, un programa municipal para pasar al régimen de alquiler asequible los pisos vacíos del mercado. Al considerar Cibeles que Maricarmen no cumplía los requisitos para adherirse al plan comenzó a hablarse de otras opciones incluidas en la cartera municipal, como el programa SIA.

Este Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA) oferta pisos de particulares a posibles inquilinos, quienes pueden acceder a ellos con la condición de pagar hasta el 40% de sus ingresos netos. Pertenece al Ayuntamiento de Madrid aunque ha sido poco conocido y publicitado, que actualmente oferta tan solo diez viviendas en toda la capital. La más barata es una de San Blas por 857 euros y la más cara una de Arganzuela por la que se piden 1.460 euros. Entre las ventajas para los arrendatarios de las viviendas, la EMVS ofrece tanto seguros multirriesgo del hogar y seguro de impagos a lo largo de toda la vigencia del contrato, como abonar el coste del certificado energético obligatorio para llevar a cabo cualquier tipo de alquiler.

Cronología de los intentos por llegar a un acuerdo

La reunión de este lunes llega después de una larga serie de desdichas. Ni la amplia presión ciudadana, sindical o en el debate político pudieron frenar a tiempo el cuarto intento de desahuciar a Maricarmen, que ya había vivido otras tres tentativas de desalojo en tan solo un año. El origen del conflicto se remonta a 1956, cuando su padre firmó el actual contrato de renta antigua por el que la vecina estaba pagando 500 euros por un piso cerca del Retiro, una zona encarecida con la explosión turística y poblacional de Madrid. Este murió y la madre de Maricarmen pudo mantener aquel precio gracias a una subrogación del contrato, algo que solo puede hacerse con un primer heredero y ya no aplicaba a su hija cuando, en 2005, heredó la casa al morir la última de sus progenitores.

Al principio los propietarios de entonces respetaron su permanencia y le mantuvieron el alquiler, pero ya sin el blindaje de ese modelo de renta antigua. Finalmente, Urbagestión decidió quintuplicar el precio y un tribunal avaló su argumento, iniciando el viaje judicial que nos ha traído a este momento. La posibilidad de acuerdo no ha dejado de esfumarse y reaparecer con cada nuevo intento de desahucio. El más reciente hasta ahora, sin contar el del miércoles, fue a principios de junio y ya logró movilizar a cientos de personas –anónimas o famosos– hasta acabar con buenas noticias de sabor amargo: Maricarmen podía quedarse, pero solo unos meses más. Se fijó entonces un cuarto intento para el 23 de septiembre, dando una tregua por el verano que no logró desmovilizar la causa. Unas semanas después de aquel momento a principios de junio, el día 18, se produjo un primer contacto directo vía WhatsApp entre la presidenta de Casa 47, Maribel Ramos, y la abogada de Urbagestión, tal y como ha podido acreditar elDiario.es.

En ese acercamiento, desde la empresa pública de vivienda ofrecieron dos vías de salida a la propiedad: o bien adquirir el piso desde la entidad estatal e incorporarlo al parque público, o negociar una renta que permitiera a la inquilina seguir pagando 500 euros al mes gracias a un nuevo complemento público. Dos días después, Urbagestión aceptó entrar en una mediación pero descartó la vender del inmueble, asegurando que este era el “único activo” de vivienda que poseían para zafarse de los señalamientos por actuar como un “fondo” de inversión.

A principios de julio, según la dirección de Casa 47, la alternativa pasó a ser un contrato de siete años con una renta de 1.000 euros mensuales, abierta a una nueva negociación al alza, de manera que Maricarmen pudiera seguir aportando 500 euros y el resto se cubriera mediante un complemento a su pensión. La empresa pública añadió que, en este caso, se pidió una contraorgerta a la empresa y Urbagestión dio acuse de recibo, aunque siguieron sin noticias hasta finales de ese mes. Poco después volvieron a insistir ante la proximidad del lanzamiento, término jurídico que se utiliza para hablar de un desahucio. Era algo “urgente”, tal y como especificaron en un mensaje al que la abogada simplemente respondió que sus clientes aún estaban de vacaciones.

Los contactos se retomaron a principios de septiembre en una conversación telefónica donde Maribel Ramos reprochó a la letrada su actitud durante la negociación pese a la corta cuenta atrás de la que disponían, a lo que esta confirmó que sus clientes “no se fiaban del Sindicato de Inquilinas”, que finalmente no ha sido convocado a la reunión de esta tarde. La empresa ha redirigido su discurso, especialmente en las últimas horas, a señalar al órgano sindical detrás de la acampada en Sol como el principal responsable de que “Maricarmen no siga en su casa”, pese a que fueron quienes acompañaron a la vecina durante el proceso legal y social.

Después de aquellas últimas conversaciones hubo nuevos intentos por contactar con Urbagestión y cerrar un acuerdo in extremis, entre ellos con llamadas desde otro número y una nueva interlocutora, la secretaria de Vivienda Leire Iglesias. Aunque en este caso Urbagestión sí respondió a la llamada, tampoco aquí lograron llegar a un objetivo común. Finalmente, el 22 de septiembre, la jueza Elena Cortina Blanco ordenó ejecutar el desahucio para el día siguiente.

Durante a víspera, cuando cientos de personas ya se habían concentrado frente a la vivienda de Maricarmen, Ramos volvió a escribir a la abogada de Urbagestión. Y el 23 de septiembre, mientras la Policía desalojaba a los manifestantes que intentaban impedir el lanzamiento, Casa 47 volvió a pedir un mes de aplazamiento para buscar una alternativa habitacional. No llegó.

Dos días después del desahucio, el 25 de septiembre, Urbagestión trasladó al Ayuntamiento una propuesta para que la vivienda pasara a ser gestionada por la EMVS. La empresa sostiene que esta ofreció a Maricarmen un nuevo alquiler entre un 40% y un 50% inferior al precio de mercado y que las propuestas para que terceras personas asumieran la renta o compraran el piso llegaron después del lanzamiento. Casa 47 sostiene, sin embargo, que al menos una oferta para hacerse cargo de la diferencia de renta ya había sido comunicada a la propietaria antes del desahucio.

El Ayuntamiento rechazó ese mismo día la propuesta de Urbagestión por considerarla “inviable”. Entre sus argumentos, el consistorio señaló que las viviendas deben adjudicarse respetando el orden de prelación de las solicitudes y que el acceso a esa promoción exige, entre otros requisitos, no haber sido condenado en los últimos cinco años por impago de rentas o en procedimientos de desahucio por problemas de convivencia. La situación de Maricarmen, que había permanecido en la vivienda tras el procedimiento judicial, impedía encajarla en esas condiciones.

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