Sumar y Podemos elevan la presión ante “lo mucho que está en juego” con el decreto Maricarmen

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Por Asier Martiarena Olveira — Portada

Sumar y Podemos elevan la presión ante “lo mucho que está en juego” con el decreto Maricarmen

Negociación del decreto

Los socios, incluidos ERC, EH Bildu y BNG, reclaman al PSOE un texto más ambicioso mientras las posiciones siguen alejadas

Junts asegura haber abierto un “paréntesis” en su relación con el PSOE para abordar esta cuestión

BNG, ERC, Podemos, EH Bildu y Sumar ya sumaron fuerzas para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos en 2024 

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Fernando Villar / EFE

Asier Martiarena Olveira

Asier Martiarena

Madrid

28/09/2026 10:50 Actualizado 28/09/2026 11:03 Síguenos en Google 0:00 Audio generado por IA 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR

El caso de Maricarmen ha cambiado el paso de la negociación sobre la vivienda. El desahucio de una mujer de 87 años, expulsada de la casa en la que había vivido durante 70 años, ha puesto rostro y nombre a un problema que durante años se había expresado en cifras y que permanece bloqueado en el debate parlamentario. Por eso las distintas fuerzas de la izquierda han entendido que este lunes se juegan mucho más que el contenido de un decreto. Se juegan la respuesta que son capaces de dar a una demanda social que ha desbordado los márgenes habituales de la negociación parlamentaria.

El Gobierno afronta así una jornada contrarreloj para intentar cerrar el decreto de vivienda que pretende aprobar este martes en el Consejo de Ministros. “Va a ser un lunes muy largo”, ha admitido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, consciente de que todavía quedan demasiadas diferencias por salvar. El PSOE plantea un acuerdo “de mínimos” que permita sacar adelante el texto y continuar después negociando con los grupos las medidas que hayan quedado fuera. Mientras que sus socios de izquierda reclaman exactamente lo contrario. Un decreto “suficientemente ambicioso” como para responder a la dimensión que ha adquirido la crisis y que, en caso de rechazo, “sean los demás partidos quienes tengan que explicar por qué no lo apoyan”. “Porque hay mucho en juego”, coinciden en señalar.

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Sobre la mesa hay un paquete de medidas que explica la distancia entre unas posiciones y otras. El Gobierno negocia iniciativas para limitar la compra especulativa de vivienda por parte de los fondos buitre, mecanismos para compensar la escalada de los precios del alquiler, ayudas para la adquisición de la primera vivienda y bonificaciones fiscales para los inquilinos que permitan reducir de manera inmediata el esfuerzo económico que supone pagar el alquiler. También se plantean incentivos fiscales para los propietarios que rebajen las rentas y saquen viviendas vacías al mercado a precios moderados, además de regular el alquiler de temporada y elevar el IVA de los pisos turísticos.

Pero para Sumar y Podemos, entre otros, el debate ya no puede limitarse a encontrar una fórmula que permita reunir los votos suficientes. La líder de Más Madrid, Mónica García, ha advertido este lunes de que el Gobierno todavía está lejos de tener un “decreto Maricarmen” que “satisfaga” las necesidades de la ciudadanía. La ministra de Sanidad ha situado como “punto de partida irrenunciable” prohibir los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, poner coto al alquiler de temporada, regular el alquiler de habitaciones, expulsar a los fondos buitre del mercado residencial y prorrogar los alquileres con renovación automática. “Ya no valen ni medias tintas ni parches”, ha advertido.

Sumar ha insistido después en que el acuerdo sobre el texto sigue “muy lejos”. La formación reclama que el decreto incorpore una protección completa frente a los desahucios, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga de los contratos y medidas para atajar el fraude de los pisos turísticos. “No vamos a permitir que se diluyan elementos que son centrales para atajar la crisis de vivienda”, ha advertido, antes de subrayar que no validará un texto que “no esté a la altura del momento que exige la ciudadanía”. 

El mensaje de Podemos ha sido todavía más explícito. Irene Montero ha defendido que “las cosas no están para mínimos”, sino para resolver el problema de la vivienda. Su posición pasa por prohibir la venta de viviendas para especular, impedir los desahucios sin alternativa habitacional, expropiar las viviendas de los fondos buitre y bajar los precios de los alquileres. La candidata del partido morado a la presidencia del Gobierno ha rechazado además que la negociación deba quedar condicionada por la búsqueda de un acuerdo con los grupos que sostienen posiciones más alejadas de la izquierda. “A lo mejor esta vez el trágala hay que hacérselo a los especuladores”, ha planteado, después de acusar al Gobierno de negociar primero con Junts y el PNV para justificar después que “no dan los números”.

El caso Maricarmen ha conectado la presión de la calle con la negociación parlamentaria

La presión de los aliados del Gobierno tiene un hilo directo con la que estos días se expresa en la calle. La Puerta del Sol y otras plazas del país se han convertido en el otro escenario de una negociación que ya no transcurre únicamente entre despachos y grupos parlamentarios. Y esa movilización está alimentando las posiciones de quienes, dentro y fuera del Ejecutivo, reclaman que el decreto esté a la altura del momento abierto por el caso Maricarmen.

Cerca de 600 personas han amanecido este lunes acampadas en la Puerta del Sol después de pasar allí su segunda noche. Alrededor de 350 tiendas de campaña permanecen instaladas en el centro de la plaza, mientras la protesta se ha extendido también a Barcelona, donde un grupo de manifestantes ha cortado a primera hora la avenida Meridiana. La movilización ha dejado así de ser el telón de fondo de la negociación para convertirse en uno de sus factores.

Las formaciones de la izquierda han decidido, además, hacer visible esa conexión. Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG han convocado a las 13.00 horas una rueda de prensa conjunta frente al hospital Gregorio Marañón, donde Maricarmen permanece ingresada desde que fue desahuciada de la vivienda en la que vivió durante 70 años. El escenario no es casual. La negociación política se traslada físicamente al lugar donde permanece la mujer cuyo caso ha precipitado el debate.

La fotografía es poco habitual también por el número de fuerzas implicadas. Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG mantienen diferencias en otros muchos asuntos y no comparten necesariamente estrategia ni relación con el Ejecutivo, pero han encontrado en la vivienda un terreno común para elevar la presión sobre el PSOE. El mensaje que comparten es que el decreto no puede limitarse a una respuesta puntual a los desahucios más extremos, sino que debe abordar algunas de las causas de fondo de la crisis residencial.

Junts pide “salir de la trinchera ideológica”

Al otro lado de la negociación, Junts reclama precisamente lo contrario de una nueva batalla de bloques. El presidente del Parlament y dirigente de la formación, Josep Rull, ha pedido este lunes salir de “la trinchera ideológica” para buscar un acuerdo sobre el decreto y ha asegurado que su partido ha abierto un “paréntesis” en su relación con el PSOE, ahora “muy complicada”, para abordar esta cuestión. “Hay elementos para buscar el común denominador”, ha defendido en TV3.

Junts ya presentó el pasado 3 de septiembre una propuesta de decreto con la que, según Rull, el desahucio de Maricarmen habría sido “imposible”. Su apuesta pasa por combinar la construcción de más vivienda con un mayor control sobre los fondos buitre y más “seguridad jurídica” tanto para propietarios como para inquilinos, con el objetivo de que vuelvan al mercado un volumen importante de pisos. Rull se ha mostrado “optimista” sobre la posibilidad de un pacto si existe “generosidad” y “responsabilidad” y ha situado el acceso a la vivienda como una “prioridad nacional”.

El movimiento de Junts introduce así otra pieza en un tablero especialmente complejo para el PSOE. Mientras sus socios de izquierda le reclaman un decreto de máximos y advierten de que no aceptarán “parches”, los de Carles Puigdemont reclaman salir de la “trinchera ideológica” y construir un consenso suficientemente amplio.

Asier Martiarena Olveira

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Redactor de la sección de política tras una década cubriendo la actualidad de Madrid entre 2011 y 2022. Antes en Microsoft News y el diario Metro

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