Sectarismo supremo

Por Ignacio Escolar — eldiario.es – eldiario.es

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Hay gente que cree que el Gobierno es capaz de amañar el resultado electoral a través de Indra. Gente desinformada, sectaria o ambas cosas a la vez, porque es imposible que esta empresa manipule el recuento: en España lo hacen ciudadanos elegidos por sorteo, en presencia de los interventores de los partidos. Los medios lo hemos explicado decenas de veces, pero eso no impide que el bulo del pucherazo de Indra se resista a morir.

Una de esas personas desinformadas, sectarias o ambas cosas a la vez es juez del Tribunal Supremo español. Antes fue magistrado del Tribunal Constitucional, a propuesta del Gobierno de Rajoy, y también número dos de la Fiscalía General del Estado durante la última mayoría absoluta del PP. Se llama Antonio Narváez. Fue el primero de su promoción, lo que también demuestra que no todo se aprende con una oposición. 

Narváez es partidario declarado de Alberto Núñez Feijóo y no solo porque buena parte de sus ascensos se los deba al PP: así lo manifestó en una polémica cena de la Asociación de Fiscales con el líder de la oposición en abril de 2023. En esa reunión, Narváez cuestionó el recuento de Indra, criticó duramente al Gobierno de Pedro Sánchez por “deteriorar las instituciones” y expresó su deseo de que Feijóo llegara a La Moncloa: “Ojalá”. 

Antonio Narváez dio credibilidad al bulo de Indra. Ahora ha avalado otra conspiración de la extrema derecha: que el Gobierno prepara un “pucherazo” con la ley de nietos, que permite recuperar la nacionalidad a los descendientes del exilio español. Él es el ponente del auto del Tribunal Supremo que ha dejado sin derecho a voto a cientos de miles de españoles. Es un disparate jurídico de principio a fin. 

Algo de contexto, para no perderse.

El 19 de octubre de 2022, el Congreso aprobó la Ley de Memoria Democrática. En ella se da la posibilidad de recuperar la nacionalidad a los hijos y nietos de los españoles que se fueron al exilio “por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual”. 

Unos días después, el Ministerio de Justicia publicó en el BOE una instrucción donde se explica a los consulados cómo aplicar esta ley: los formularios, los plazos y qué documentos son válidos para acreditar el exilio. 

Había un problema: una gran parte de los nietos de los primeros exiliados no guarda el carné del PCE del abuelo, ni tampoco documento alguno de que fuera homosexual, republicano o ateo. Así que se estableció un criterio: presumir la condición de exiliado para todos los que salieron “entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”. Y exigir más documentación para quienes se fueron entre 1955 y 1978.

No es un criterio perfecto, pero tampoco hay una alternativa mucho mejor. Exigir papeles más detallados sobre algo que ocurrió hace 90 años habría dejado fuera a muchos descendientes de exiliados; habría generado una injusticia aún mayor. 

Además, este criterio no fue una invención de Sofía Puente, la directora general que firmó esa instrucción. Es exactamente el mismo que ya se aplicó en 2008, con la ley de memoria anterior: “Se presumirá la condición de exiliado” a todos los que salieron “entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”. La frase de la polémica es un corta y pega literal de algo que no fue discutido hace casi dos décadas. 

Poco después de publicarse en el BOE, una organización ultra recurrió la instrucción de Sofía Puente. Ya entonces pidió la suspensión cautelar con el mismo argumento que usan hoy: que no todos los que emigraron entre 1936 y 1955 eran exiliados. El TSJ de Madrid les mandó a paseo en 2023 y desestimó la petición. Después archivó definitivamente la demanda porque esta organización no estaba legitimada para recurrir.

Esa misma organización ultra volvió a la carga poco después. En 2024, presentó una querella contra Sofía Puente, acusándola de prevaricación. También fue archivada. 

Mientras tanto, el bulo del “pucherazo” de la ley de nietos creció y creció. Primero, amplificado por la ultraderecha. Más tarde, con el apoyo de Alberto Núñez Feijóo, que dio por buena la conspiración. Antes del verano, Vox llevó el tema a la Junta Electoral Central, pidiendo otra vez la suspensión de esta instrucción, con el argumento de que Sánchez estaba ampliando el censo para amañar las elecciones. La ultraderecha volvió a fracasar: la Junta Electoral rechazó su petición.

Iban perdiendo tres a cero… hasta que el Supremo apareció.

Vox recurrió la decisión de la Junta Electoral Central ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Allí, por fin, los ultras han encontrado quien les compre la conspiración. En un auto extravagante, el Supremo ha suspendido cautelarmente el derecho a voto de cientos de miles de españoles, descendientes de los exiliados. Afecta a todas las personas –alrededor de 400.000– que se habían acogido a esta opción. No se les quita el pasaporte; siguen siendo españoles. Solo se les impide votar.

Un repaso a los cinco jueces que han avalado esta decisión demuestra hasta qué punto el dominio de la derecha en las cúpulas judiciales es abrumador. Antonio Narváez no es el único vinculado con el PP.

Luis María Díez-Picazo Giménez: está al frente de esta sección y es conservador. Es uno de los protegidos de Carlos Lesmes: director general de Justicia con Aznar y presidente del CGPJ con Rajoy. Fue Lesmes quien lo promocionó a la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Llegó al Supremo en marzo de 2008, nombrado por un CGPJ con el mandato caducado, durante uno de los bloqueos del PP.

Díez-Picazo pasará a la historia por protagonizar uno de los episodios más negros de la justicia española: suspendió una sentencia firme del Supremo que condenaba a la banca a pagar un impuesto que grava las hipotecas. Para evitar ese cambio, convocó un anómalo pleno con todos los magistrados de la Sala para revisar la decisión por su “enorme repercusión económica y social”. Es algo que no había pasado nunca antes y que dudo que vuelva a pasar. En ese pleno, la sentencia se revirtió por un solo voto. Una vez más ganó la banca, a costa de todos los hipotecados.

Antonio Jesús Fonseca-Herrero: también conservador y también cercano a Carlos Lesmes. Fue el entonces presidente del CGPJ quien lo promocionó como responsable de la acción disciplinaria –el que expedienta a los jueces– durante los años de mayoría conservadora tras la victoria de Mariano Rajoy.

José Luis Requero: conservador y miembro del Opus Dei. En 2001 fue nombrado vocal del CGPJ, a propuesta del PP de Aznar. Estuvo allí hasta 2008: dos años más de los que debía, por el habitual bloqueo a la renovación que aplica el PP cada vez que pierde las elecciones. En esa época, se hizo famoso por comparar el matrimonio homosexual con “la unión entre un hombre y un animal” en un informe del consejo contra la ley del matrimonio igualitario de Zapatero. 

En 2014, durante el rodillo conservador de Carlos Lesmes en el CGPJ, fue ascendido al Tribunal Supremo con los votos de los vocales nombrados por el PP de Mariano Rajoy. 

Manuel Delgado-Iribarren: también conservador y uno de los últimos en llegar al Supremo. Fue nombrado hace poco más de un año por el nuevo consejo, a propuesta de los vocales elegidos por el PP. Entró por el turno de juristas –no es juez de carrera– y su principal aval en la derecha es Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional y gran muñidor del PP en los asuntos judiciales, con quien ha escrito varios libros. Arnaldo fue clave en la extraña carrera académica de Pablo Casado. Años después, Casado impulsó su llegada al Constitucional.

¿Alguna mujer? ¿Algún progresista? Solo una persona en representación de ambas ‘minorías’. La sexta integrante de este tribunal es María Alicia Millán Herrandis, asociada a Juezas y Jueces para la Democracia. Ella es también la única que se ha opuesto a este dislate del Supremo con un contundente voto particular.

Que la derecha tenga una mayoría de cinco a uno en esta sección del Supremo no es una rareza: es lo habitual. Tampoco es fruto del azar.

Todos los jueces del Supremo son nombrados por el CGPJ; allí no se llega por oposición. Son nombramientos irrevocables, hasta la jubilación. 

Estas abrumadoras mayorías de la derecha en el Supremo son consecuencia directa de las maniobras del PP durante décadas, al bloquear la renovación del CGPJ cada vez que perdían las elecciones, o al cambiar las mayorías necesarias para los nombramientos cuando la derecha controlaba el consejo. 

Pero volvamos a la ley de nietos, porque esta medida del Supremo no solo es cuestionable por las biografías de quienes la han tomado y su poca apariencia de imparcialidad. Es una decisión disparatada, por muchas razones más. 

Es un disparate porque es extemporánea. La instrucción de Sofía Puente sobre cómo aplicar la Ley de Memoria Democrática se publicó en el BOE hace ya cuatro años. El plazo para recurrir –dos meses– está más que prescrito y el órgano judicial competente –el Tribunal Superior de Madrid– ya descartó intervenir. 

Es un disparate porque pisotea un derecho fundamental: el derecho a voto. Es tan importante en nuestra Constitución que ni siquiera se puede suspender con la declaración de un estado de sitio o de excepción. Y el Supremo lo ha hecho a las bravas, cancelando un derecho fundamental de terceros que no son parte del proceso y que ni siquiera han podido defenderse. 

Es un disparate porque es una medida completamente desproporcionada: no hay un equilibrio entre el bien que el Supremo dice querer proteger y la medida que ha decidido aplicar. 

Es un disparate porque es contradictorio: porque el Supremo no anula la nacionalidad de estas personas, solo uno de los derechos fundamentales que conlleva. 

Es un disparate porque el recurso de Vox va en contra de la decisión de la Junta Electoral Central, no contra la instrucción del Ministerio de Justicia –no podrían, estarían fuera de plazo–. Lo que hace el Supremo es aprovechar la ocasión para entrar a criticar esa instrucción por una vía que no corresponde. Es una clara desviación procesal.

Y es un disparate porque el bulo del pucherazo con la ley de nietos es tan falso como el de Indra que Antonio Narváez ya se tragó. 

La inmensa mayoría de los nietos e hijos de exiliados que han pedido la nacionalidad lo hacen por razones sentimentales o porque quieren un pasaporte de un país de la Unión Europea, que les da más posibilidades migratorias o de viajes a Europa o EEUU. Su participación en las elecciones ronda el 10%. Su influencia real en las próximas generales será mínima. 

Tampoco hay dato alguno que permita presuponer que apoyarán en las urnas al Gobierno. La única vez que ese voto exterior ha movido un escaño en unas generales fue en 2023… a favor del PP.

Me despido aquí por hoy. No sin antes recordar que publicar esta carta, criticar esta decisión del Supremo, no es un ataque intolerable a la Justicia de esos que denuncia la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló. 

Lo que debilita la confianza de los ciudadanos en la Justicia no son las críticas: son decisiones así.

Fonte: eldiario.es – eldiario.es