¿Puede un preso seguir cobrando su pensión? Aquí puedes descubrir la respuesta legal
Por Mario Quero — Portada
¿Puede un preso seguir cobrando su pensión? Aquí puedes descubrir la respuesta legal
Jubilaciones
La anulación dependerá de la naturaleza de la prestación, los ingresos del beneficiario y las necesidades que queden cubiertas durante su estancia en prisión.
La entrada en prisión no determina automáticamente la pérdida de una pensión pública
Getty
19/09/2026 05:50 Síguenos en Google 0:00 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia Artificial
En la actualidad española, un total de 9.511.126 personas perciben una pensión pública según los datos actualizados, correspondientes al mes de julio de 2026. Los tipos de pensiones que cuentan con más personas beneficiarias son el de jubilación, seguido a bastante distancia por los de viudedad e incapacidad permanente.
Con carácter general, el cobro de estos ingresos está supeditado al cumplimiento de una serie de requisitos por parte del pensionista. No obstante, pueden existir casos donde la justicia decida suspender el ingreso de un determinado tipo de prestación si la situación del beneficiario cambia, como podría suceder en casos en los que exista una obligación de entrada en prisión.
¿Qué ocurre cuando un pensionista entra en la cárcel?
En primer lugar, es importante distinguir entre si la pensión que percibe el recluso es contributiva o no lo es. Por un lado, la pensión contributiva se trata de un “derecho generado fundamentalmente como consecuencia de las cotizaciones realizadas durante la vida laboral del beneficiario”, tal y como señala Víctor López, Managing Partner de LBO Legal.
En cambio, las pensiones no contributivas tienen como finalidad la garantía de una serie de “recursos mínimos a las personas que se encuentren en una situación de necesidad”, según matiza Gabriel Ramos, Partner | Civil & Litigation de LBO Legal.
En consecuencia, el abogado Víctor López sentencia que “el ingreso en prisión no constituye por sí solo una causa general y automática para suspender o extinguir una pensión contributiva”. Ante esta situación, conviene comprender que, si una persona ha generado legítimamente su derecho a cobrar una prestación, la privación de libertad no elimina las cotizaciones previamente realizadas, ni supone una causa de peso que justifique esta extinción o suspensión del cobro.
No obstante, a diferencia de la pensión por jubilación, sí que existen otras prestaciones no contributivas donde la entrada en prisión puede acarrear la anulación del ingreso. Esta suspensión se puede producir cuando el pensionista, que recibía un ingreso para cubrir sus necesidades, entra en prisión, donde el Estado pasa a proporcionarle una serie de recursos como el alojamiento, la alimentación o la asistencia sanitaria. De hecho, el Tribunal Supremo considera la vivienda y la manutención como prestaciones en especie relevantes a efectos de determinar la existencia de una situación real de necesidad.
Asimismo, un ejemplo de ello son las prestaciones por desempleo, donde la propia Ley General de la Seguridad Social prevé con carácter general la suspensión del cobro durante el cumplimiento de una condena privativa de libertad, con las excepciones previstas en la propia norma.
Ahora bien, el director de LBO.Legal recuerda que “la consecuencia concreta que justifique la retirada del cobro dependerá del tipo de prestación, de las rentas computables del recluso y de los límites legales establecidos”. Es decir, no existe una tabla general conforme a la cual la cobertura de determinadas necesidades provoque de manera automática la reducción o eliminación de la pensión.
En contraposición, del mismo modo que el ingreso en la cárcel puede provocar la retirada de la prestación, un cambio relevante de las circunstancias personales o económicas del recluso podría motivar a la solicitud la revisión de su situación.
Finalmente, es importante tener en cuenta que una vez el preso recibe la suspensión de la ayuda, dispone de un plazo de 30 días para realizar alegaciones. Asimismo, en caso de ser desestimado el escrito de manera expresa o mediante silencio administrativo, también cuenta con un periodo de 30 días para presentar una demanda en el Juzgado de lo Social.
Etiquetas
Fonte: Portada
