Mañueco aplicará la ‘prioridad nacional’ a las ayudas públicas pese a las advertencias de la Comisión Europea
Por Alba Camazón — eldiario.es – eldiario.es
“Lo vamos a mantener”, ha avanzado Alfonso Fernández Mañueco, que se comprometió con Vox a incluir esta exigencia, por ejemplo, en el acceso a la vivienda pública
La Junta de Castilla y León presenta sus presupuestos de 2027, que prevé aprobar en las Cortes tras dos años prorrogados
La Junta de Castilla y León, dirigida por el ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco, aplicará la ‘prioridad nacional’ de 10 años en las ayudas —tal y como prevé algún apartado del pacto de gobierno de PP y Vox— pese a las advertencias de la Comisión Europea de que el número máximo de años de empadronamiento que se pueden pedir es de cinco años, y no de diez. “Lo vamos a mantener”, ha avanzado Alfonso Fernández Mañueco en la rueda de prensa en la que ha presentado este martes el Proyecto de Presupuestos de 2027.
Preguntado sobre la aplicación de la prioridad nacional, el líder de Vox y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha explicado que en estas cuentas no se puede detallar la aplicación de este nuevo criterio, aunque ha garantizado su aplicación en el próximo año. El pacto de gobierno de PP y Vox para Castilla y León incluye la exigencia de empadronamiento de 10 años para acceder a la compra de vivienda protegida y de cinco años para el alquiler. También se requiere un empadronamiento mínimo de cinco años a los menores de 30 años que quieran obtener una ayuda para sufragar parte de los gastos del carnet de conducir.
Más allá ha ido en varias ocasiones el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico (Vox), ha reivindicado desde el parlamento y desde el Gobierno el principio de “los españoles, primero”. El aviso de la Comisión Europea ha sido rubricado por el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, cuyo partido está adscrito al Grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo. Ha sido en respuesta al eurodiputado de Compromís Vicent Marzà, quien planteaba si estas medidas incurrían en una discriminación indirecta incompatible con los artículos 20 y 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
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