Los docentes escribirán a los jueces sobre las consecuencias en el menor en cada desahucio
Por Carina Farreras De Hojas — Portada
Los docentes escribirán a los jueces sobre las consecuencias en el menor en cada desahucio
En Catalunya
Docents080 y el Observatori DESCA instan al profesorado a explicar las consecuencias educativas de la falta de vivienda del menor a Educació, la Síndica y a los ayuntamietnos
Desahucio de una madre con menores en foto de archivo
MARTI GELABERT
21/10/2026 14:23 Síguenos en Google 0:00 Audio generado por IA 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR
Los docentes se han cansado de sentirse impotentes cada vez que un alumno es desalojado de su casa, reubicado en una pensión, trasladado a otra ciudad, matriculado en otro colegio. La violencia invisible que hay en cada desalojo es insostenible cuando se vive de cerca. Los profesores, si se enteran de la situación porque muchas familias callan por vergüenza, hacen lo que pueden. Llaman a los servicios sociales: no es esa puerta. A los servicios de vivienda: tampoco. A los ayuntamientos… Nadie al lado de la administración puede ocuparse de dar una vivienda digna a una familia que ha perdido la suya.
Mientras tanto, avisan al claustro, atienden al niño, organizan charlas en la clase, pues todos los compañeros están afectados. Hasta que el alumno desaparece porque la familia ha encontrado un lugar en otra ciudad. Ese niño se queda abruptamente sin casa, sin amigos, sin profesores de referencia, sin todo aquello que había conocido.
”Eso es lo que pasó ayer a un niño de 9 años en el Clot. La familia había conseguido vencer el desahucio en otra ocasión gracias al sindicato de vivienda de su barrio. Al salir del cole ya no tenía casa”, explica Meritxell Joan, miembro de Docents 080, el colectivo de docentes que lucha para evitar los desalojos. “¿Cómo va a aprender ese niño?”.
Desahucio reciente
“Ayer, martes, un niño de 9 años salió de la escuela y no tenía casa”
Explica otro caso, el de un niño de 11 años cuya familia, tras perder la vivienda en un barrio de Barcelona, se fue a vivir a Cerdanyola del Vallès y como no tenía una vivienda fija no pudo escolarizarse durante unos meses. “Intentamos que se arreglara, pero ¿cómo puede permitirse eso?”, se pregunta.
”Las familias se encuentraante en un laberinto burocrático del que no saben salir”, insiste Andrea Martínez, miembro de una asociación de familias. En el centro en el que trabaja como profesora, había un niño de 13 años que hacía de intérprete de su madre. El padre los había abandonado y, a la semana, los echaban del piso. “Es muy duro oír estas historias y no poder hacer nada. Lloramos todos los profesores con ellos”.
”Los centros educativos pueden reaccionar y alertar a la administrción y la justicia de que no se está protegiendo los derechos de los menores”, señala lucía delgado, miembro de Docents 080.
Solo en Barcelona hay entre 50 y 60 desahucios a la semana, la mitad con menores (uno o varios). Los datos no se conocen en concreto. Una parte de los desalojos se deben a procedimientos judiciales en los que se reclaman una deuda. En Catalunya, hubo casi 10.000 ejecuciones hipotecarias en 2025, la comunidad con mayor número.
El Gobierno aprobó unos decretos sobre la vivienda que protegen a las familias con menores suspendiendo los desahucios o instando a las administaciones a buscar alojamiento. Está pendiente de la validación, la segunda semana de noviembre, de la Diputación Permanente.
En el manual se incluyen cinco modelos de cartas dirigidos a servicios sociales y los ayuntamientos, al departamento de Educació, a la Síndica de Greuges y a los juzgados.
Ante la situación que viven las escuelas, los profesores no quieren caer en la resignación. La plataforma Docents080 y el Observatori DESCA han presentado este miércoles un manual práctico para activar a las escuelas y animarlas a que envíen escritos a diversas instituciones alertando de las graves consecuencias de un desalojo o de una infravivienda en la vida de los niños.
Así documentarán cómo la inseguridad residencial perjudica profundamente la educación. lo que se denomina condiciones de educabilidad: falta de descanso, salud emocional, escasa concentración, pérdida de relaciones sociales. En el manual se incluyen cinco modelos de cartas dirigidos a servicios sociales y los ayuntamientos, al departamento de Educació, a la Síndica de Greuges y a los juzgados.
Enviarán cartas a los jueces explicando cómo afecta un eventual desahucio o una situación precaria al niño
Uno de los documentos permite comunicar el caso a los servicios sociales y al ayuntamiento para reclamar que se valore la situación familiar y se adopten medidas de protección. Otro está dirigido a Educació, para pedir que actúe dentro de sus competencias. Un tercero permite solicitar la intervención de la Síndica de Greuges.
Los otros dos modelos están pensados para el ámbito judicial. Uno es un informe sobre los vínculos del menor con su escuela, sus compañeros y sus profesores, que la familia puede aportar al juzgado a través de su abogado o de la entidad de vivienda que la acompañe. El último es un escrito dirigido directamente al juzgado para exponer el impacto educativo del desahucio y solicitar que se valore la adopción de medidas de protección en el marco del procedimiento.
Docents080 y el Observatori DESCA subrayan que “los centros pueden detectar situaciones de vulnerabilidad, acompañar a las familias y alertar a las instituciones, pero no deben asumir las consecuencias de una emergencia habitacional ni sustituir las responsabilidades de las administraciones públicas”, señala Lucía delgado, de Docents 080.
Por ello, reclaman que se garantice una alternativa de vivienda adecuada para las familias afectadas, que se preserve la continuidad escolar de los menores en el centro en que han estudiado, y una mayor coordinación por parte de los servicios sociales, los organismos de vivienda y las administraciones educativas. Quieren también que se les avise ante una posibilidad de desahucio, para que el centro educativo pueda actuar.
La iniciativa interpela asimismo a las familias, las asociaciones de familias de alumnos (AFA) y las redes comunitarias de los barrios. Las entidades quieren que las escuelas se conviertan en espacios desde los que detectar los problemas, evitar el aislamiento de las familias afectadas y construir respuestas colectivas.
Las entidades quieren trasladar a los representantes políticos sus conclusiones sobre los efectos de la inseguridad residencial en los menores y el papel que pueden desempeñar los centros educativos y las redes comunitarias en la prevención y el acompañamiento de los desahucios.
Carina Farreras
Periodista. Ha trabajado en las secciones de Política, Economía, Opinión y Cultura de La Vanguardia. Desde hace unos años cubre informaciones de Educación y Universidades en Sociedad
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