Los beneficiarios de la ‘ley de nietos’ temen la pérdida de otros derechos tras la del sufragio
Por Ismael Arana — Portada
Los beneficiarios de la ‘ley de nietos’ temen la pérdida de otros derechos tras la del sufragio
El escenario político
Los afectados subrayan la dificultad de documentar la condición de exiliados de sus ascendientes
Personas haciendo cola en el consulado general de España en Buenos Aires la semana pasada
Juan Ignacio Roncoroni / EFE
Zaragoza
20/09/2026 06:00 Síguenos en Google 0:00 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia Artificial
Con pasaporte y nacionalidad, pero sin voto. La reciente decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho al sufragio de los descendientes nacionalizados a través de la llamada ley de nietos ha causado gran inquietud y revuelo a ambos lados del Atlántico. Beneficiarios directos y allegados cuestionan la decisión, que consideran discriminatoria, pero sobre todo temen que abra la puerta a nuevas restricciones, incluida la denegación de la ciudadanía.
“Han creado una alarma social”, apunta Iliana María Escalona, representante legal de la asociación de ayuda al retornado Apoyar Madrid. Según cuenta, en los últimos días han recibido “montones” de correos y llamadas para obtener información sobre el alcance de la decisión judicial. “Les aclaramos que esta orden no cuestiona la nacionalidad ni paraliza los trámites, pero la preocupación persiste”, dice.
Con pasaporte y nacionalidad, pero sin voto
La actuación del Supremo responde al recurso presentado por Vox y Iustitia Europa contra un acuerdo de la Junta Electoral Central, que se declaró incompetente para fiscalizar los efectos electorales de la ley de Memoria Democrática del 2022.
Según el Alto Tribunal, el “incremento extraordinario” del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) por esta ley y una instrucción posterior, que “presumía” la condición de exiliado de todos los que se marcharon entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, genera un peligro “fundado, real y serio” de poder afectar a la “objetividad y transparencia” del proceso electoral, dando alas a la teoría de la derecha y la ultraderecha de que el Gobierno estaría cocinando un pucherazo. Hasta fallar sobre el fondo del asunto, el Supremo suspende el voto de unos 400.000 nuevos censados por esta ley, a los que solicita demostrar que el exilio familiar fue por razones “políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual”, como recoge la norma.
Adriana Gárriz, del Centro de Descendientes de Españoles Unidos en Argentina, asegura que esto es un requisito “realmente difícil de probar”, ya que muchos de esos exiliados huyeron como pudieron, bajo pasaporte y nombre falso o con documentos ya perdidos. “Para muchos, desaparecer era cuestión de vida o muerte”, apunta. A esto se les suman unos servicios consulares “atiborrados” de trabajo y “muy estrictos” con las gestiones, lo que repercutirá en esas comprobaciones extra.
Argentina es el país con la mayor comunidad de españoles en el extranjero. De los 434.000 inscritos en el CERA en este país para los comicios del 2023, solo votó un 6,2%. Una cifra baja, en línea con la participación de los españoles en el extranjero (el 10% hace tres años), que en aquella cita tan solo alteró un escaño en Madrid: del PSOE pasó al PP.
“Para la mayoría, la doble nacionalidad tiene que ver con la posibilidad de viajar o emigrar, no tanto con participar en los comicios”, explica Ariel Vives i Bloise, expresidente del Casal de Catalunya en Buenos Aires. Aun así, considera la decisión del Supremo una “intromisión” en la división de poderes “con un carácter político muy importante”, en parte, motivado por el auge mundial de la extrema derecha y su discurso antiinmigración. Algo que causa desasosiego entre los descendientes, sobre todo, los que están en trámites.
“Más allá de la suspensión del voto, hay preocupación porque esta medida se pueda ampliar”, corrobora José Manuel Besteiro, de la Federación de Sociedades Españolas, que aglutina a 136 entidades españolas en Argentina. Desde ella, destacan la importancia de atender al “espíritu reparador” de la ley de Memoria y piden que se les escuche antes de adoptar una solución final.
Una sensación que también cunde en Cuba, donde el presidente de la Asociación Vasco-Navarra de Beneficencia, Renato García, alerta de que la decisión del Supremo crea ciudadanos “de primera y de segunda” y ha provocado “temor” entre los solicitantes a que se interrumpa su proceso, “ya de por sí lento y escabroso”.
A las puertas de un 2027 de alto voltaje electoral, con las generales como principal caballo de batalla, el Alto Tribunal ha manifestado su intención de resolver esta cuestión de urgencia, a ser posible, para diciembre. Desde el PSOE le insisten en que resuelva la cuestión “cuanto antes”, mientras que Sumar ha anunciado una enmienda a la ley orgánica de Educación, en tramitación en el Congreso, para sortear el veto y garantizar el derecho a voto de los descendientes.
Más allá del desenlace jurídico, la presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española, Violeta Alonso, critica el ruido de fondo de este debate, con el que se está “estigmatizando” a los españoles del exterior y cuestionando sus derechos. En este contexto, vuelve a defender la necesidad de articular una circunscripción exterior, al estilo de Portugal, Francia o Italia, que con un número determinado de diputados y senadores eliminaría las dudas sobre la asignación provincial de votos. “El exterior se siente muchas veces huérfano, y le gustaría contar con sus propios representantes”, añade.
Ismael Arana
Corresponsal en Aragón desde enero de 2023. Antes, periodista en la región Asia-Pacífico con base en Hong Kong (2014-2022) Licenciado en Periodismo y en Derecho
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