La Junta Electoral recalca a PP y Vox que la transparencia del voto por correo está regulada en la ley y rechaza medidas extra
Por elDiario.es — eldiario.es – eldiario.es
El organismo recuerda que las juntas electorales únicamente pueden actuar si se le trasladan “denuncias sobre hechos o indicios concretos de irregularidad”
La Junta Electoral ordena enviar la documentación para el 29N a todos los inscritos en el extranjero con el aviso de que no todos podrán votar
La Junta Electoral Central (JEC) ha recordado a PP y Vox que la transparencia del voto por correo, tanto de los residentes en España como en el extranjero, está regulada en la ley y por eso ha rechazado la introducción de las medidas extraordinarias para reforzar la “custodia” de estos sufragios que plantearon los populares y también las que reclamaron los de Santiago Abascal en el caso del voto de los registrados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), el censo de los españoles que residen de forma permanente en el exterior.
En las dos resoluciones ante estas peticiones, el organismo arbitral recuerda también a PP y Vox que la Administración electoral “debe aplicar los procedimientos dispuestos en la legislación electoral en tanto no sean modificados por el legislador” y les anima a cambiar la ley si consideran que hay que reforzar algún extremo del procedimiento electoral. “Tratándose de un partido político con representación parlamentaria parece más lógico que se utilice esta vía antes que la del traslado al Gobierno y a las Cortes Generales del criterio de la Junta Electoral Central al respecto”, argumenta la JEC.
Además, el ‘árbitro’ de las elecciones explica a PP y Vox que las juntas electorales únicamente pueden actuar si se le trasladan “denuncias sobre hechos o indicios concretos de irregularidad” como se ha hecho en el pasado, cuando se tomaron las medidas oportunas ante los hechos denunciados. En este punto, recuerdan los hechos ocurridos en el marco de las elecciones de Extremadura en diciembre de 2025 después de un robo en la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz) en la que unos ladrones sustrajeron la caja fuerte del establecimiento con 14.000 euros y 124 votos emitidos por correo.
La Guardia Civil lo consideró un acto de “delincuencia común” y la Junta Provincial de Badajoz activó un operativo especial “para asegurar que estos ciudadanos pudieran ejercer su derecho, logrando que 122 de los 124 electorales afectados pudiesen llevarlo a cabo, no siendo posible en 2 casos por hallarse estos fuera del territorio nacional”. Además, con respecto al voto por correo, la JEC insiste en que Correos “adoptará las medidas oportunas y suficientes para la custodia de la documentación electoral que contenga los votos hasta su entrega a las Mesas o a las Juntas Electorales”.
Con respecto a las medidas en el caso del voto CERA, la JEC explica que en el escrito de Vox “tan solo se invoca la existencia de un diferente régimen de acreditación de la identidad del votante, la trazabilidad y la seguridad e integridad en la custodia del voto por correo de los españoles que residen dentro del territorio nacional y el voto de los electores inscritos en el CERA”. “En este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional 153/2014, de 25 de septiembre, ya declaró que en este caso, ”no considera el Tribunal Constitucional infringido el derecho a la igualdad, toda vez que son distintas circunstancias de los españoles residentes y de los residentes ausentes como bien expresa la necesidad de recurrir a artificios administrativos para hacer posible la condición de vecinos de estos últimos“, argumenta.
La Junta Electoral ya anunció este jueves que daría orden a la Oficina del Censo Electoral de enviar la documentación para poder votar el próximo 29N a los 2,7 millones de electores inscritos en el CERA. La documentación se enviará también, por tanto, a los 163.020 nacionalizados a través de la ley de nietos a los que el Tribunal Supremo ha pedido dejar fuera de estos comicios. El acuerdo incluye un aviso de que habrá electores que no podrán votar de acuerdo al mandato del Alto Tribunal.
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