El sector de la vivienda alerta de dudas legales en los decretos del Gobierno
Por María Teresa Gutiérrez Reyes — Portada
El sector de la vivienda alerta de dudas legales en los decretos del Gobierno
Caso Maricarmen
Propietarios, empresas y juristas anticipan un aumento de la litigiosidad
El sector inmobiliario pide centrar los esfuerzos en construir nueva vivienda
Àlex Garcia
Fernando H. Valls, Maite Gutiérrez
Madrid / Barcelona
01/10/2026 17:43 Síguenos en Google 0:00 Audio generado por IA 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR
El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, fue el primero en advertir esta semana que los decretos sobre vivienda aprobados por el Gobierno pueden tener efectos negativos. “Hay que hilar muy fino” en materia de política habitacional, avisó. Ahora, con el detalle de los textos en la mano y pendientes de su convalidación en el Congreso este viernes, las dudas sobre su legalidad y sobre el impacto pernicioso en la oferta de vivienda aumentan.
Así lo han advertido desde el sector empresarial, inmobiliario y jurídico, que cuestiona tanto el contenido de las medidas como la vía elegida para aprobarlas. Las organizaciones anticipan más conflictos entre propietarios e inquilinos y reclaman que las administraciones asuman el coste de la protección social pública. También temen que las nuevas obligaciones animen a los arrendadores a retirar pisos del mercado, dificultando de esta manera el acceso a una vivienda.
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La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) formula la crítica más contundente. A su juicio, los decretos vulneran la seguridad jurídica, el derecho de propiedad, la libertad de empresa y el principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos. Asval considera que se rebasan los límites constitucionales del decreto ley y se contravienen las garantías de protección de la propiedad del derecho europeo e internacional.
La organización pide retirar los textos y abordar la reforma con consenso y coordinación técnica. En este sentido, Asval denuncia que se pretenden aplicar medidas de gran alcance de manera retroactiva, con perjuicio para la confianza legítima de los propietarios. La precipitación al redactar –sostienen– deja demasiados extremos abiertos a interpretación. Esa indeterminación elevará la conflictividad y obligará a jueces, notarios y abogados a resolver discrepancias sobre el alcance de las nuevas reglas, añaden desde la asociación de propietarios.
Las Cambres de la Propietat de Catalunya ponen asimismo el foco en la inseguridad jurídica, aunque evitan anticipar un juicio sobre la constitucionalidad de cada medida. Recuerdan que la Constitución reconoce la propiedad privada y que su función social delimita ese derecho. Su reproche se dirige sobre todo al uso de una herramienta excepcional para introducir cambios estructurales en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Una reforma de esta profundidad, afirman, necesita un debate parlamentario ordinario y tiempo para examinar sus consecuencias, al contrario de lo que ha ocurrido con los decretos Maricarmen.
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Los textos afectan, según las Cambres, a los contratos temporales, el alquiler por habitaciones, las actualizaciones de las rentas y los derechos y obligaciones de las partes. La entidad advierte de que alterar continuamente la duración de los contratos y las condiciones económicas aumenta la percepción de riesgo en inversiones con horizontes de décadas. Y solicita a los grupos parlamentarios que no convaliden las normas.
Por su parte, la CEOE, a través de su presidente, Antonio Garamendi, defiende que la respuesta al problema de la vivienda corresponde a las administraciones. “No se puede hacer cumplir ciertos derechos constitucionales vulnerando otros”, afirmó tras su reelección ayer. Denunció la “inacción” del Estado y los decretos redactados a contrarreloj para un problema que exige estabilidad y seguridad jurídica.
A las dudas legales se añade la advertencia sobre un alquiler a dos velocidades. La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei) considera que las medidas pueden proteger a los actuales inquilinos y, a la vez, levantar nuevas barreras para jóvenes, familias con hijos, autónomos y trabajadores con ingresos irregulares. Si los propietarios perciben más dificultades para recuperar la vivienda, argumenta, endurecerán los requisitos de acceso y priorizarán a los candidatos con mayor solvencia.
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“Estamos construyendo un sistema que protege al inquilino de hoy a costa del inquilino de mañana”, subraya su presidente, Miguel Ángel Gómez Huecas. Fadei anticipa menos oferta, más viviendas vacías y un trasvase de pisos hacia la venta. Como alternativa, propone un aval público ligado al inquilino que cubra impagos durante todo el contrato, incentivos fiscales para el alquiler asequible y procedimientos rápidos para recuperar el inmueble cuando exista incumplimiento o finalice legítimamente el arrendamiento.
Fernando H. Valls
Redactor de la sección de Economía de La Vanguardia en la redacción de Madrid. Autor del libro ‘El año que vivimos sin Gobierno’ (Libros.com) y colaborador de varios programas de televisión y radio.
Maite Gutiérrez
Periodista
Periodista. Ha desarrollado gran parte de su carrera en La Vanguardia, donde ha cubierto las áreas de Educación y Universidades, Política y, ahora, Economía. Licenciada en Ciencias de la Información y Postgrado en Estudios Culturales
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