El PP presenta una denuncia contra el Govern y el Ayuntamiento por el socavón de Sant Gervasi
Por Carlos Márquez Daniel — Portada
El PP presenta una denuncia contra el Govern y el Ayuntamiento por el socavón de Sant Gervasi
Política municipal
Los populares acusan a ambas administraciones de “prevaricación” y de un delito “contra la seguridad colectiva en obras”
Obras para cubrir el socavón en el restaurante Verona, donde se produjo el incidente
Ana Jiménez
Barcelona
10/10/2026 06:00 Síguenos en Google 0:00 Audio generado por IA 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR
“Daniel Sirera Bellés, mayor de edad, con DNI 36.xxx, concejal del Ayuntamiento…”. Así empieza la denuncia presentada en la Fiscalía Provincial de Barcelona por el PP contra el Govern y el Consistorio liderado por el PSC por la gestión del socavón que el pasado 7 de julio se abrió en Sant Gervasi por culpa de las obras de la L9 del metro. Se acusa a ambas administraciones, y por extensión, a las empresas contratadas, de un “posible delito contra la seguridad colectiva y en obras” y de “eventual prevaricación administrativa”. El proceso se une al que la abogada de los familiares ya presentó semanas después.
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La denuncia, un documento de 22 páginas, todavía no se ha admitido a trámite e incluye una cronología de los hechos que, en opinión del presidente del grupo municipal popular, bastaría para sancionar a los responsables públicos del proyecto. Pasados tres meses -se cumplieron ayer- los vecinos de 18 pisos del entorno del agujero (tres fincas) siguen fuera de casa y no podrán regresar al menos hasta inicios del 2027.
Consell de Barri
La denuncia alega que los vecinos, semanas antes, ya avisaron de que algo no iba bien tras ver unas grietas en una acera cercana
Según el escrito presentado por el PP, el 26 de mayo se produjo un “hundimiento previo de la acera frente al convento de las Mercedarias, en la calle de Sant Gervasi. “Consta publicado -esgrime Sirera- que el hueco fue tapado de forma rápida y provisional. También se hicieron públicas referencias a grietas en el interior del convento y a otras fisuras o movimientos en edificios cercanos”. En el Consell de Barri celebrado el 18 de junio, un vecino expuso este incidente a la concejala del distrito, Maria Eugènia Gay, que respondió que el asunto estaba “revisado y controlado”.
Con todo, el PP se acoge al artículo 350 del Código Penal, que sanciona a quienes, en una obra infrinjan “normas de seguridad cuya inobservancia pueda ocasionar resultados catastróficos y pongan en peligro la vida, la integridad física de las personas o el medio ambiente”. La denuncia, en referencia a la posibilidad de que la Administración conociera de antemano el riesgo y no advirtiera del mismo, apela al artículo 404 para poner sobre la mesa una “eventual prevaricación administrativa”.
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La demanda insta a Fiscalía a solicitar toda la información a Govern y Ayuntamiento, desde el proceder desde el incidente hasta los estudios geológicos y geotécnicos, el video de ese Consell de Barri en el que se habló de esos problemas en una acera cercana y los posteriores “mensajes corporativos” sobre el asunto. A partir de aquí, las instancias judiciales deberán decidir si la denuncia prospera, y por ende, inicia las diligencias correspondientes para aclarar los hechos y, si es menester, depurar responsabilidades.
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Los vecinos del socavón siguen su propio camino judicial después de que a finales de julio ficharan a la abogada que ya llevó a los afectados del agujero del Carmel, Carmen Pérez-Pozo Toledano. A principios de septiembre, el bufete presentó una demanda colectiva de carácter administrativo también contra el Departament de Territori y el Ayuntamiento de Barcelona. Alegan daños materiales, económicos y morales sobre la base del principio ‘culpa in vigilando’, que en derecho hace referencia a la necesidad de asegurarse que un trabajo delegado a una empresa se ejecute de manera correcta.
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