El hijo de un concejal del PP accede a una vivienda pública en Mallorca en un proceso cuestionado por su opacidad
Por Esther Ballesteros — eldiario.es – eldiario.es
La oposición denuncia que figura entre los beneficiarios de uno de los 35 pisos impulsados en Marratxí. La administración niega cualquier tipo de irregularidad en el procedimiento y recuerda que él lleva más de cinco años residiendo en el municipio
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La adjudicación de 34 viviendas públicas ha desatado la polémica política en Marratxí, un municipio que en las últimas décadas ha experimentado una profunda transformación urbanística y demográfica hasta convertirse, con más de 40.000 habitantes, en uno de los más poblados de Mallorca. La controversia afecta a una promoción de vivienda protegida en régimen de alquiler cuyas obras arrancaron bajo mandato socialista, pero cuyos criterios de adjudicación modificó el PP para priorizar a los residentes con más de cinco años de antigüedad en la localidad. Desde la oposición denuncian, sin embargo, que entre los beneficiarios figura el hijo de un concejal del PP y cuestionan tanto los criterios aplicados como la falta de transparencia del procedimiento.
La promoción se encuentra en sa Cabana, uno de los núcleos residenciales de Marratxí. Tradicionalmente vinculados a la vida de pueblo, estos núcleos conviven hoy con nuevas urbanizaciones y una creciente presión inmobiliaria, que ha encarecido el acceso a la vivienda y tensionado el mercado del alquiler. En agosto de 2026, el precio de oferta de la vivienda alcanzó los 4.040 euros por metro cuadrado en el conjunto del municipio, según Idealista, en un contexto de emergencia habitacional que convierte cada promoción pública en un recurso especialmente escaso.
Las obras de la nueva promoción arrancaron el 24 de enero de 2022, durante el mandato del socialista Miquel Cabot. El 2 de diciembre de 2023, ya con el popular Jaume Llompart al frente del Consistorio, el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB) recogía los listados provisionales de participantes y sus puntuaciones iniciales. El anuncio oficial, consultado por este periódico, dividía a los interesados en tres contingentes diferenciados: uno preferente para personas con más de cinco años de residencia en Marratxí; otro específico para residentes con esa misma antigüedad y movilidad reducida, y un contingente general que agrupaba a quienes llevaban menos de cinco años en el municipio y al resto de solicitantes de Balears.
Apenas diez días después, el 12 de diciembre, el Ayuntamiento anunció un acuerdo con el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) para dar prioridad en la adjudicación a los residentes en Marratxí con más de cinco años de antigüedad y reservar cinco viviendas para personas con necesidades especiales. Las primeras 22 viviendas se entregaron el 31 de julio de 2024 y las otras 12, el 21 de octubre de ese año.
El criterio de los cinco años, bajo lupa
La portavoz de Més per Marratxí, Aina Amengual, asegura que lleva ocho meses reclamando de forma infructuosa documentación sobre el proceso y que únicamente ha podido acceder a parte de la información a través de las gestiones del diputado Ferran Rosa en el Parlament, recriminando que las trabas al acceso a los datos han dificultado la fiscalización de una adjudicación en la que cada vivienda resulta especialmente relevante por la situación del mercado residencial.
La formación cuestiona los criterios aplicados en la promoción y la prioridad concedida a los residentes de Marratxí. Según los datos difundidos entonces por el Consistorio -y comprobados por este periódico en la documentación del expediente-, había 80 solicitantes con más de cinco años de residencia, además de una persona con movilidad reducida y esa antigüedad, frente a 910 solicitantes con menos de cinco años de residencia en Marratxí o procedentes del resto de Balears. “Ser de Marratxí o llevar más de cinco años empadronado acredita residencia y arraigo, pero no es lo mismo que acreditar una mayor necesidad de vivienda”, señala Amengual, quien cuestiona el efecto que tuvo ese cambio de prioridades y si pudieron quedar fuera familias con mayores dificultades habitacionales.
Los ecosoberanistas enmarcan la denuncia en la crisis de acceso a la vivienda y reclaman transparencia sobre un procedimiento que afecta a un número reducido de inmuebles frente a una demanda creciente: el Observatorio de la Vivienda de las Illes Balears estima en unas 17.000 el déficit acumulado de viviendas durante los últimos 25 años en un contexto en el que la población balear creció un 46,3% entre 2000 y 2025, frente al 31,5% de aumento del parque residencial. “Hablamos de solo 34 viviendas frente a una necesidad enorme. Cada vivienda cuenta y cada criterio de adjudicación cuenta”, afirma Amengual, quien anuncia que continuará fiscalizando la documentación para determinar el efecto de los criterios de residencia y las prioridades aplicadas, mientras insiste en que la ciudadanía debe conocer los vínculos familiares detectados entre adjudicatarios y miembros del gobierno municipal del PP.
La petición de información por parte de Amengual, presentada en el ejercicio de sus funciones de fiscalización como concejala, pretendía conocer la situación de ocupación y residencia de los inmuebles vinculados a procedimientos de desahucio y realojo en los nuevos pisos. Para ello, el pasado mes de abril reclamó la relación de personas empadronadas, la fecha de alta en el padrón y la composición de las unidades de convivencia de las viviendas de la nueva promoción. El Ayuntamiento, sin embargo, rechazó facilitar esa información nominativa alegando motivos relacionados con la protección de datos personales.
Al respecto, Amengual defiende que no reclamaba la publicación indiscriminada de datos personales, sino comprobar quién cumplía efectivamente el criterio de residencia y desde cuándo. La formación recuerda que el Reglamento Orgánico Municipal y la legislación balear de régimen local reconocen ese derecho, sujeto al deber de reserva y confidencialidad.
En su respuesta, el Consistorio alegaba que, en relación con las viviendas gestionadas directamente por el Ibavi, la corporación municipal no es la responsable del tratamiento de los datos de sus adjudicatarios y que, por tanto, Amengual debía dirigirse al propio instituto, a pesar de que el propio criterio de adjudicación otorgaba un papel determinante a la residencia en Marratxí: las bases establecían un contingente preferente para quienes acreditasen al menos cinco años de residencia continuada y efectiva en el municipio, al que solo se recurriría antes que al contingente general. Una circunstancia que, de acuerdo a las bases, debía acreditarse mediante certificados municipales de empadronamiento. A ello se suma el hecho de que en esos mismos edificios hay cinco viviendas gestionadas por el Ayuntamiento de Marratxí en virtud de un convenio firmado con el Govern el 4 de noviembre de 2025.
El Ayuntamiento niega haber intervenido
elDiario.es se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Marratxí para profundizar al respecto, desde donde remiten al comunicado que difundieron el sábado pasado tras la denuncia pública efectuada por Amengual. En él, la corporación municipal rechaza las acusaciones de la portavoz municipal de Més y asegura que en ningún momento intervino en la adjudicación al hijo de uno de sus concejales, quien, según la información recabada, estaba inscrito en el Registro de Demandantes del Ibavi desde marzo de 2023. Asimismo, niega que exista relación de parentesco entre cualquier otro adjudicatario y los concejales del equipo de gobierno.
En la misma nota, el Consistorio alega que es el Ibavi, y no el Consistorio, el que resuelve el procedimiento conforme a las bases, requisitos y criterios objetivos establecidos y, sobre la exigencia de un mínimo de cinco años de residencia, sostiene que responde a la normativa autonómica en materia de vivienda y busca priorizar el acceso de los residentes del municipio. Finalmente, considera “inaceptable lanzar acusaciones o insinuaciones públicas sin aportar pruebas” y cuestionar la actuación de los cargos y empleados públicos que participan en los procedimientos administrativos.
El Govern defiende sus criterios de acceso
Por su parte, consultadas por este periódico, fuentes de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, de la que depende el Ibavi, aseveran que las adjudicaciones por parte de este organismo las realizan los técnicos en base a baremaciones y criterios “objetivos y transparentes”, al tiempo que consideran que “estas insinuaciones solo buscan desmerecer el esfuerzo nunca realizado en materia de vivienda pública por parte de este Govern, con más de 1.800 viviendas públicas en tramitación en las Illes Balears”.
Las mismas fuentes inciden en que los cinco años de residencia en el archipiélago es un criterio establecido por la ley autonómica que ayuntamientos de distinto signo político están aplicando en sus respectivos municipios, entre ellos gobernados por PSIB y Més.
Fonte: eldiario.es – eldiario.es