El hallazgo de amianto pone en jaque la apertura del nuevo psiquiátrico penitenciario de Sevilla para 2027

Por Carla Rivero — eldiario.es – eldiario.es

La saturación que se vive en las instalaciones sevillanas, una de las tres habilitadas en todo el país, hace “urgente” el traslado de los pacientes internos a Alcalá de Guadaíra y, aunque desde Instituciones Penitenciarias mantienen el calendario oficial, los sindicatos advierten de lo “difícil” que será cumplir con los plazos. CSIF exige una evaluación de riesgos por la exposición al material tóxico

El doble asesinato en el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla reabre el debate sobre su estado: “Se podría haber evitado”

El hallazgo de amianto en las obras de remodelación del nuevo psiquiátrico penitenciario de Alcalá de Guadaíra, cuya apertura oficial está prevista para el primer trimestre de 2027, mantienen en vilo a los sindicatos, ya que, según lo comunicado a nivel interno, su apertura se podría retrasar hasta el verano. Un aplazamiento que excede a los tiempos manejados por Instituciones Penitenciarias, desde donde se insiste en que el calendario se mantiene, para así habilitar unas instalaciones más amplias y con mayores recursos, tal y como han reclamado reiteradamente los colectivos en unos meses marcados por la saturación y los incidentes vividos en el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla.

Alcalá de Guadaíra se convirtió en 2023 en la respuesta a la alta ocupación que sufre el centro sevillano actualmente. La licitación, promovida por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), fue publicada en agosto de ese año por un montante total de 5’8 millones de euros para transformar la antigua cárcel de mujeres en un hospital psiquiátrico dependiente de la administración penitenciaria. A preguntas de este medio, fuentes penitenciarias adelantan que la dotación de equipamiento está prevista para que se realice a finales de 2026 y que, una vez superada esta fase, se traslade a los internos “a lo largo del primer trimestre de 2027”.

En total, el acondicionamiento ha alcanzado un gasto de 8’5 millones de euros, 2’7 millones más de lo previsto. En cuanto a la estructura del espacio, fuentes penitenciarias aseguran que no ha habido ninguna modificación en la distribución de las instalaciones, pero sí confirman que se ha encontrado amianto una vez recepcionada la obra. Acerca de si esto supondría una demora más en el tiempo, indican que no ha habido ninguna comunicación al respecto y mantienen el primer trimestre de 2027 como la fecha límite para la inauguración del nuevo centro.

“Retraso considerable”

Sin embargo, fuentes a nivel interno trasladan que, en las reuniones que ha habido con los trabajadores se ha evidenciado que se considera “muy difícil” que se haga el traslado en las fechas previstas y, por el momento, se desconoce “cuándo” se producirá la reubicación de los internos, aunque los plazos permanezcan inamovibles.

En paralelo, desde el sindicato CSIF, alertan del “retraso considerable” que va a suponer, sobrepasando con creces el primer trimestre. Ante estos imprevistos, han solicitado información completa y una evaluación específica de los riesgos y de las mediciones ambientales, al igual que se aclare si hubo trabajadores expuestos a este material tóxico en los trabajos de adecuación de la infraestructura y si afectó a los trabajadores que había en el centro penitenciario mientras se encontraba en activo, antes de que comenzara la remodelación hace un trienio.

Estas peticiones llegan en un clima tenso a causa de los últimos acontecimientos en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, donde se rebasa la capacidad de atención, ya que hay 148 internos en un espacio planificado para 100 personas, un 48% más de lo permitido, “obligando a alojar hasta cuatro internos en una misma celda”. José Antonio Montero, delegado de CSIF Prisiones a nivel provincial, expresa su preocupación por las condiciones en las que se encuentran quienes cumplen condena y, a su vez, por los trabajadores que velan por su seguridad, cuestión que ha indicado que tratarán en el próximo Comité de Seguridad y Salud.

Ocho incidentes en cuatro meses

El asesinato de dos compañeros de celda a manos de un tercero, un joven de 26 años, hizo saltar las alarmas el pasado 13 de julio. Las víctimas, de 26 y 54 años, cumplían medida de seguridad en el establecimiento penitenciario y se encontraban en el mismo habitáculo por la falta de espacio en el recinto. Por esa razón, desde CSIF indicaron que “se podría haber evitado estas muertes si cada uno hubiera estado en su celda”. Además, los trabajadores contabilizan hasta siete incidentes más en cuatro meses, partiendo desde mayo, cuando hicieron una reclamación pública sobre la falta de personal y la ausencia de binomios mínimos de seguridad para realizar las contenciones.

Entre los sucesos, destacan que haya habido hasta tres incendios declarados. El primero tuvo lugar el 8 de junio después de que un interno prendiera fuego al mobiliario de su celda, motivo por el que se evacuó a una docena de pacientes del turno de noche y a dos internos ingresados en la UCI por la inhalación de humos. A ello, le siguió un nuevo incendio causado por otro recluso en una celda en la noche del final del Mundial de fútbol, el 19 de julio, que derivó en un episodio de autolesiones. Y, por último, se ocasionó un tercer conato en el que, además, el usuario amenazó de muerte a la plantilla.

Aparte de estos casos, se han contabilizado dos agresiones a los funcionarios del centro penitenciario. El primero, el 7 de agosto tras la tentativa de un interno de ingerir varios materiales, para luego golpear y escupir en el rostro a los empleados que le atendían; mientras que el segundo ataque registrado se dio el 24 de agosto en el momento del reparto de la cena a un interno muy agresivo, que atacó a las funcionarias y para lo que tres trabajadoras precisaron asistencia médica tras ser violentadas.

Exigencias y petición al Defensor del Pueblo

La falta de trabajadores, sobre todo de TCAE —técnico en cuidados auxiliares de enfermería—, motivó que CSIF denunciara a Inspección de Trabajo las condiciones que hay en el centro. A ello, habría que sumar que el sindicato Acaip-UGT solicitó a principios de agosto la intervención del Defensor del Pueblo para que se implementaran medidas urgentes que pudieran paliar “la inseguridad y progresivo deterioro” de las condiciones laborales del hospital sevillano.

CSIF critica que la relación de puestos de trabajo (RPT) de TCAE en el centro “no está cubierta adecuadamente debido a jubilaciones, traslados y bajas por enfermedad, con lo que la atención a los internos es muy deficitaria” y, a su vez, cuestionan el estado de la plantilla de funcionarios de vigilancia interior, que está “bajo mínimos”, siendo “los nuevos funcionarios en práctica” los que, en ocasiones, asumen estas responsabilidades. “Cada aviso de contención lo afronta un compañero solo hasta que llegan los refuerzos de otros módulos”, subraya Montero, “así es como acaban ocurriendo las desgracias que hemos vivido este verano”, añadiendo que las instalaciones están desfasados.

Entre las reclamaciones del sindicato, piden el refuerzo “inmediato” de plantillas, así como protocolos específicos ante episodios de violencia que sean comunes a todas las áreas. También, medios materiales y técnicos “suficientes” para la inmovilización segura y la dotación de dispositivos electrónicos de control y el seguimiento médico y psicológico de los trabajadores agredidos junto a un reconocimiento ágil de las lesiones en la jornada. Todo ello, bajo el paraguas de la “finalización urgente” y apertura de Alcalá de Guadaíra.

Cinco unidades y zonas verdes

Sevilla posee uno de los tres centros habilitados en el país para atender a los presos con dificultades psíquicas: dos de ellas dependen de la Secretaría General de Instituciones Penitencias del Ministerio del Interior, ubicadas en Alicante y en la provincia andaluza, y la tercera pertenece a Cataluña, que tiene las competencias transferidas, en la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica del Centro Penitenciario Brians 1, en Barcelona. La remodelación de Alcalá de Guadaíra daba oxígeno a la congestión que se ha cristalizado en el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, algo similar con lo que debería ocurrir en Siete Aguas, en Valencia, un proyecto que lleva dos décadas estancado.

En el pliego de condiciones para la reforma de Alcalá de Guadaíra, se recogía que la propuesta arquitectónica debería permitir la integración progresiva de los pacientes internos en el entorno social, al igual que la recuperación de sus capacidades para su recuperación social. El complejo contará con una unidad de crisis-agudos, compuesta de dos plantas y 20 camas para personas de nuevo ingreso, aquellas que se le aplica el protocolo de prevención de suicidios y las que se encuentren en estado de descompensación psicótica.

También, habrá una unidad de complejos, para aquellos internos con graves trastornos de conducto o que dificultan la convivencia; otra unidad de estables, donde se alojarán los individuos que pueden convivir con normalidad; y una unidad de mujeres y otra abierta para los que tengan una evolución positiva. Junto a ello, habrá espacios verdes para el desarrollo de actividades al aire libre que contribuyan a la mejoría de los reclusos que, a la espera de cuál es la evaluación final sobre el amianto, servirá para acoger a los internos en 2027.

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