El ruido sobre los nietos
Por Miriam González Durántez — Portada
Abogada experta en derecho europeo
El ruido sobre los nietos 29/09/2026 00:30 Síguenos en Google 0:00 Audio generado por IA 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR
La política española ha descubierto la versión democrática del ruido como instrumento de tortura social: ante controversias como la de la ley de nietos (disposición adicional 8.ª de la ley 20/2022 de Memoria Democrática) suben el estruendo político hasta que la población no logra separar los hechos de los gritos. A fuerza de decibelios consiguen tapar quién hizo qué. Y logran que hasta la gente racional empiece a perder la cordura.
La última insensatez que circula por ahí es que si durante la independencia americana se defendió que “no puede haber impuestos sin representación” (no taxation without representation), ahora debemos plantear si debe haber representación sin impuestos. Es un argumento que quiebra en la lógica (que A sea precondición de B no implica que B sea precondición de A). Pero que sobre todo quiebra en la prudencia: en un país en el que un altísimo porcentaje de la población es beneficiario neto de la caja común, ¿el voto del que paga más impuestos debe valer más que el del que paga menos?, ¿hay que flirtear con argumentaciones que abren la puerta al voto ponderado precisamente ahora, cuando está a punto de entrar en el gobierno la derecha junto con la extrema derecha, con sabe Dios qué ideas sobre ciudadanos de primera y de segunda?. ¿Y encima en un país donde algunas autonomías aportan mucho a la caja común y otras tiran de ella? ¿Para arreglar un roto hay que abrir dos descosidos?
El ruido improductivo ayuda a los políticos a tapar que una saga como la de la ley de nietos no ocurre por casualidad: requiere una conjunción planetaria de ineptitudes e incompetencias. Porque desde el 2007 hasta ahora ha habido más de treinta trámites parlamentarios y varias votaciones sobre la extensión de la nacionalidad a combinaciones y permutaciones de descendientes de españoles. Y parece que en todas ellas los parlamentarios han votado sin considerar –y sin saber– el impacto potencial de esas medidas sobre el censo. El colofón es que acabaron aprobando un texto confuso.
¿Qué información piden nuestros 616 parlamentarios antes de votar? ¿A qué se dedican los más de 400 asesores políticos de las cámaras, que no advierten del posible impacto de las medidas legislativas? ¿Se estudian los parlamentarios alguna vez lo que aprueban o votan al tuntún y salen corriendo a una tertulia a amplificar el ruido? ¿Piensan lo que votan, o violan recurrentemente la Constitución, que prohíbe expresamente el voto por mandato imperativo?
Ningún ciudadano puede estar seguro de que los altos cargos sirven al Estado antes que al partido que gobierna
A los cinco días de la aprobación, una directora general de Seguridad Jurídica (capten la ironía) se permitió reconocer en una instrucción que esa ley confusa “parecía dirigirse únicamente” a un supuesto más restringido, pero decidió interpretarla de manera más amplia, que a su entender era la “verdadera voluntad” del legislador. Una discrepancia que no hizo saltar ninguna alarma. ¿El Parlamento se desentiende de las leyes que aprueba, sin mirar cómo se aplican?
La directora general en cuestión era un cargo de nombramiento y cese discrecional no abierto y encima hermana de un ministro. Pero nada de ello pareció dar lugar a que se comprobase de forma reforzada la objetividad de su instrucción antes de emitirla. Como seguimos consintiendo discrecionalidad política a gogó en todas las administraciones (libre designación, personal eventual, ceses y promociones sin mérito y capacidad, procedimientos discrecionales no competitivos…), ningún ciudadano puede estar seguro –con ningún gobierno y en ninguna comunidad autónoma– de que los altos cargos sirven al Estado antes que al partido que gobierna o que los funcionarios sirven a la ley antes que al ministro. Y eso a pesar de que nuestra Constitución establece con claridad que la Administración ha de servir con “objetividad” y con pleno “sometimiento a la ley” y que el acceso a la función pública ha de ser conforme a “los principios de mérito y capacidad”.
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Miriam González Durántez
Tenemos un sistema plagado de inconstitucionalidades que nadie corrige, porque de ellas se benefician todos los partidos. El ruido sobre la ley de nietos, y sobre todo lo demás, oculta una triste realidad: los que deberían proteger la Constitución son los que más la incumplen.
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