Maricarmen, ¿líder del nuevo 15-M?
Por Isabel Garcia Pagan — Portada

Subdirectora de ‘La Vanguardia’
Maricarmen, ¿líder del nuevo 15-M?
En paralelo
26/09/2026 00:05 Síguenos en Google 0:00 Audio generado por IA 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR
En España hay casi 50 Maricarmenes cada día. El desahucio de esta jubilada de aspecto frágil pero combativo se ha convertido en símbolo de un drama silencioso. No es una inquiokupa , como la derecha califica a los impagos de rentas sin distinción. Es una víctima de un sistema que ha quebrado. Maricarmen salió de su hogar en camilla camino del hospital Gregorio Marañón de Madrid, con el calor de los manifestantes, pero el frío de un futuro incierto. “Maricarmen, no estás sola”, se ha gritado en las calles. Hace unos días, Olga, de 45 años, se suicidó, sola, tras ser desahuciada de su hogar en el barrio de Santa Eulàlia de l’Hospitalet.

Los datos que ofrece el Consejo General del Poder Judicial congelan conciencias y calientan los argumentarios de los partidos camino de las elecciones. En el 2025 se practicaron 25.540 desahucios, 18.317 de ellos a consecuencia de la ley de Arrendamientos Urbanos. Es un 11% menos que el año anterior. En el primer trimestre de este año van 4.005. Familias, Maricarmenes, no números. La efectividad del escudo social es relativa: en el cuarto trimestre del año pasado, se tramitaron 2.732 peticiones de suspensión de desahucios por especial vulnerabilidad; se frenaron 472.
Maricarmen es símbolo y, al mismo tiempo, arma arrojadiza en una política que recurre al gas pimienta y argumentarios cargados de neutrones. Las competencias en vivienda y servicios sociales son de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, y Pedro Sánchez ha visto una oportunidad para aparcar la crisis de Ceuta. Se aferra al drama de Maricarmen como si no fuera presidente desde hace ocho años, critican hasta sus aliados.
Cuando se quiere ejercer el autogobierno y hay recursos, el principio de subsidiariedad en la gestión es lo más eficaz. Cuando el sistema entra en quiebra, el Gobierno no puede declararse ajeno a la realidad. Se han tardado 40 años en aprobar una ley de vivienda deficiente; las autonomías del PP se desentienden y el mercado no sabe de emociones, ni siquiera cuando las intenta transmitir el presidente del Gobierno en la ONU.
Sonrojan la debilidad de Sánchez y la falta de empatía de Ayuso ante la emergencia
Es la ausencia de empatía –“es un desahucio más”–, lo que condena en la calle a Isabel Díaz Ayuso, más preocupada de la polémica del ático de Chamberí que del piso de la anciana en el Retiro. La baronesa del PP lleva muchas semanas en falso y acusa al Gobierno de hacer “ingeniería” para que la odien, de manipular a los jóvenes que gritan “el ático de Ayuso, para Maricarmen”. ¿Y dónde está Vox? La ultraderecha solo habla de vivienda para señalar inquiokupas e inmigrantes.
No había argumentos legales para impedir, a la cuarta, el desahucio de Maricarmen, y hay dudas sobre si se hubiera frenado con el decreto de moratoria. Lo que se ha demostrado es la incapacidad de la Comunidad de Madrid y la falta de voluntad del Ayuntamiento para encontrar una alternativa. También certifica la debilidad del Gobierno para mantener la bandera social. Junts y PNV desmontaron hace tiempo la falacia de la mayoría progresista y en el seno del Consejo de Ministros suena el sálvese quien pueda.

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Óscar Puente llama “tonto útil” a Sumar, Sumar pide la expropiación del piso de Maricarmen y Podemos quiere apuntarse el renacer del 15-M hoy frente al Congreso. Sánchez no tiene nada que ganar en ese escenario. La aprobación de un decreto antidesahucios obliga a alinear intereses incompatibles sobre el papel si no se trocea el contenido. La negociación del Gobierno con Junts solivianta a Gabriel Rufián, pero sus siete votos son clave para avanzar en la regulación del mercado inmobiliario. Las izquierdas pudieron actuar en la legislatura anterior y no lo hicieron. Los posconvergentes han asumido antes el coste de tumbar decretos “tutti frutti”. Pero ahora hay prisa. Están dispuestos a votar un decreto para frenar a los fondos buitre, “criminalizar” a los pequeños propietarios es su línea roja.
El drama de Maricarmen desborda ideologías y generaciones. Tiene todos los ingredientes para prender la mecha de la protesta. Las administraciones han permitido convertir un derecho en negocio y una emergencia habitacional en emergencia electoral. Hay muchas Maricarmenes por venir. Y las suyas también serán “tragedias que no podemos aceptar”.

Isabel Garcia Pagan
Subdirectora de 'La Vanguardia'
Subdirectora de La Vanguardia desde 2014. En la actualidad estoy al frente de la edición digital. He sido jefa de la sección de Política (2006-2014) . En Europa Press (1995-2006) pasé por Sociedad, Tribunales y Política.
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