Dos cargos de Vox en la Región de Murcia investigados por falsificar la firma de Antelo y cesarle como portavoz
Por Erena Calvo — eldiario.es – eldiario.es
El 16 de julio el exlíder de Vox acudió a los juzgados de Cartagena para ratificar la denuncia por la presunta falsificación de su firma, falsedad en documento oficial y usurpación de identidad
Antelo denuncia a Vox por suplantación de identidad y falsedad documental
Lo que arrancó en marzo como una disputa interna para controlar el grupo parlamentario de Vox en la Asamblea Regional de Murcia ha terminado en una investigación judicial por la posible comisión de un delito de falsificación documental. El Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena ha citado como investigados a dos personas vinculadas al grupo parlamentario de Vox, un asesor y la coordinadora, en relación con la documentación presentada para formalizar el relevo de José Ángel Antelo como portavoz. También ha sido llamada a declarar como testigo la diputada Virginia Martínez, que se desmarcó de aquella decisión.
El artículo 390 del Código Penal contempla para este delito penas de entre tres y seis años de prisión, multas de seis a 24 meses y la inhabilitación especial durante un periodo de dos a seis años.
“Siento que se haya tenido que llegar a esto; y siento que paguen justos por pecadores, ellos dicen que simplemente actuaban siguiendo órdenes de la cúpula pero está pasando en muchas partes de España y es una tristeza”, ha señalado José Ángel Antelo. “Ahora, que la justicia siga investigando y tome las decisiones que tenga que tomar, los hechos son incontestables”, ha valorado en declaraciones a este periódico. “Creo firmemente en la justicia, que separa la tiranía de la democracia y todos debemos estar bajo ese paraguas”, ha dicho.
Estas citaciones suponen un nuevo paso en un conflicto que se remonta al pasado mes de marzo, cuando Vox decidió sustituir a Antelo por Rubén Martínez Alpañez al frente del grupo parlamentario.
El problema surgió al trasladar aquella decisión a la Mesa de la Asamblea. El escrito formulado por Vox incorporaba el certificado digital del grupo parlamentario, cuya representación ante los órganos de la Cámara estaba vinculada a Antelo. El entonces portavoz denunció que su certificado había sido utilizado sin su autorización para tramitar su propia sustitución.
La Mesa decidió inicialmente no dar curso al escrito. Según explicó posteriormente, le había generado dudas sobre la utilización del certificado electrónico y tampoco quedaba acreditado suficientemente que los acuerdos internos del grupo hubieran sido adoptados con las formalidades exigibles.
La controversia no terminó con la decisión de la Mesa. Días después, el Parlamento acabó aceptando el traslado de Antelo al Grupo Mixto y reclamó a Vox que formalizara la nueva portavocía. Rubén Martínez Alpañez pasó a ocupar ese puesto.
De la denuncia política a los juzgados
Antelo decidió llevar el asunto a la Justicia. El 16 de julio acudió a los juzgados de Cartagena para ratificar la denuncia por la presunta falsificación de su firma, falsedad en documento oficial y usurpación de identidad.
El exdirigente de Vox sostuvo entonces que la utilización de su firma electrónica había permitido presentar un documento mediante el cual se solicitaba su propio cese. También señaló que había sido la letrada de la Asamblea Regional quien había advertido inicialmente de las irregularidades y había dejado constancia de ellas en un informe.
La investigación deberá determinar, entre otras cuestiones, quién realizó materialmente la presentación electrónica, qué certificado se utilizó, quién tenía autorización para emplearlo y bajo qué instrucciones se actuó.
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