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Director de La Vanguardia

Los lobbies seguirán opacos 17/09/2026 00:05 Síguenos en Google 0:00 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia Artificial

Cada vez que aparecen graves casos de corrupción política que se convierten en tema central de la actualidad, el gobierno de turno, sea del PSOE o del PP, se compromete a poner en marcha una serie de medidas para impedir su proliferación. Los anuncios son siempre loables y bienintencionados, pero la gran mayoría de iniciativas se quedan después en el camino.

Ha sucedido lo mismo con la ley de lobbies que fue rechazada ayer en el Congreso por los votos en contra del PP, Vox y Junts y la abstención del PNV. Todos los grupos están de acuerdo en que se deben regular los grupos de presión, aunque no se ponen de acuerdo en cómo hacerlo. Desde el 2008, cuando el entonces diputado de Iniciativa per Catalunya Joan Herrera planteó crear un registro de grupos de presión, ha habido muchos intentos de regular los llamados­ lobbies, tal y como están controlados en el Parlamento Europeo. Pero a la hora de la verdad, por una u otras razones las iniciativas no han prosperado.

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López
El ministro para la Transformación Digital, Óscar López Dani Duch

La propuesta que decayó ayer contaba con el apoyo de la patronal Apri, que agrupa las principales compañías que se dedican a este tipo de asesoramientos y la oposición de las grandes empresas del Ibex­ 35. El hecho de que el Gobierno incluyera también en la categoría de lobbies a patronal y sindicatos ha sido otro motivo de fuerte discrepancia. La ley obligaba a un ejercicio de transparencia y que cada área de la Administración levantase acta con fecha, lugar, participantes y resumen de los temas con cada grupo o sociedad de este tipo que se reuniese. No se puede decir que el Gobierno no lo haya intentado. Su proyecto de ley estaba bloqueado en el Congreso por desacuerdos entre los grupos y, por ello, recurrió a la vía del decreto ley y tras aprobarlo en Consejo de Ministros hace tres semanas, intentó convalidarlo ayer en el Congreso.

El fracaso es una mala noticia para la necesaria transparencia que debe existir en la Administración. Los grupos llamados de presión no pueden ser criminalizados. Son entidades que defienden legítimamente sus derechos. Por ello, deberían poder hacer su trabajo con luz y taquígrafos, y con ello se evitaría algunas practicas que han acabado en los juzgados.

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Director de La Vanguardia desde marzo de 2020. Ha trabajado como redactor en las secciones de Política, Sociedad y Ciudades de La Vanguardia, donde entró en 1992

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