Gallardón avala la legalidad de la operación del Canal de Isabel II investigada en el caso Lezo

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Por Autor AgenciasPortada

Gallardón avala la legalidad de la operación del Canal de Isabel II investigada en el caso Lezo

Bajo la sombra de la corrupción

La fiscal cree que la compra de una sociedad colombian en 2001 provocó un “sobreprecio indebido”

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón a su llegada este martes a la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares 

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón a su llegada este martes a la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares 

FERNANDO VILLAR / EFE

Agencias

15/09/2026 17:20 Síguenos en Google 0:00 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia Artificial

El expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón ha testificado en el juicio del caso de corrupción Lezo relacionado con el PP que la operación de compra de una sociedad colombiana por Canal de Isabel II en 2001, por el que son juzgados dos exconsejeros de su equipo, fue legal y rentable.

La Audiencia Nacional ha reanudado este martes el primer juicio del caso Lezo, por la compra en 2001 por Canal de Isabel II del 75 por ciento de la empresa colombiana INASSA, que a juicio de la fiscal provocó un “sobreprecio indebido” con cargo a fondos públicos por la forma en la que se ejecutó, distinta a la autorizada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad.

Alberto Ruiz-Gallardón ha manifestado en su declaración testifical que considera que “en ningún momento hubo ocultación” de los detalles de la operación por parte de los entonces consejeros de Medio Ambiente, Pedro Calvo Poch, y de Hacienda, Juan Bravo Rivera, dos de los 19 acusados en esta causa y que además formaban parte del Consejo de Administración de Canal de Isabel II, el primero como presidente.

Ha estimado que la ejecución de la compra no supuso un sobreprecio y ha destacado que la operación fue rentable y que en ningún momento hubo perjuicio ni para la Comunidad ni para el servicio prestado por Canal de Isabel II.

Ruiz-Gallardón ha recordado que el Consejo de Administración de Canal de Isabel II que acordó la operación y someterla a autorización del Gobierno autonómico era un órgano muy plural en el que además de los consejeros de la Comunidad había representación de empresarios, sindicatos y de todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid.

Ha comentado que incluso Agapito Ramos, que entonces era miembro del Consejo de Administración de Canal de Isabel II por el PSOE y que había sido consejero de la Comunidad de Madrid en el Gobierno presidido por el socialista Joaquín Leguina, le felicitó por la operación.

La fiscal mantiene en su escrito de acusación que en el marco del plan de expansión internacional aprobado por Canal de Isabel II el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid otorgó el 29 de noviembre de 2001 autorización a esta empresa pública para adquirir el 75 por ciento de la colombiana Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA) por 73 millones de dólares.

Añade que la operación estuvo plagada de ilicitudes y “contrariamente a lo autorizado” por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se hizo de manera indirecta, pues lo que realmente se compró fue la panameña Aguas de América S.A. (SAA), entre cuyos activos se encontraba el 75 por ciento de INASSA y el 51 por ciento de la sociedad dominicana WATCO S.A..

La fiscal explica que ello provocó un “sobreprecio indebido” de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros con cargo a fondos públicos, sin motivo alguno que lo justificase y “en beneficio exclusivo de los vendedores”.

Al respecto Ruiz-Gallardón ha dicho que “ese nuevo activo se adquirió sin necesidad de aumentar el endeudamiento por lo que el Consejo de Administración de Canal de Isabel II entendió que no hacía falta esa nueva autorización del Gobierno de la Comunidad de Madrid y por eso no la solicitó”.

Y ha añadido que en todo caso no se recibieron objeciones ni por la Asamblea de Madrid, a la que se remitió el acuerdo del Consejo de Gobierno, ni por la Cámara de Cuentas, el órgano fiscalizador respecto a la operación y a las cuentas de Canal Extensia, la empresa pública constituida para llevarla acabo.

También ha testificado el entonces consejero de Presidencia, Manuel Cobo, que ha denunciado que esta causa de se debe a una “operación política” contra Alberto Ruiz-Gallardón por parte de su compañero en el PP Ignacio González cuando este era vicepresidente de la Comunidad de Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre.

“Hay una conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana -exministro y expresidente de la Comunidad Valenciana-, dos personas de mi partido pero que tenían intereses que no voy a calificar, en la que, sabiendo que ya estaban siendo grabados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dicen ‘menudo pelotazo el que dio Gallardón’”, ha relatado Manuel Cobo.

Ha añadido que “además González y el gerente de Canal de Isabel II en aquel momento, encargaron informes, cuatro o cinco años después de que se hiciera la operación, cuando nosotros estábamos ya en el Ayuntamiento y ellos gobernaban en la Comunidad de Madrid” a un despacho de abogados en los que iban empeorando la valoración sobre esta operación para que pareciera muy negativa”.

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