Rarámuris de Norogachi piden respeto a su autodeterminación

La Jornada

Funcionarios locales intentan imponerles proyectos

Integrantes de los gobiernos indígenas rarámuri de la región de Norogachi, de la sierra Tarahumara en Chihuahua, exigieron respeto a su derecho a la libre autodeterminación, pues señalaron que a través del Fondo Federal de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Faispiam), funcionarios locales intentan imponerles los proyectos, proveedores y prestadores de servicios, cuando éstos necesitan ser decididos en asambleas comunitarias.

Ejemplificaron que en el presente año se les planteó invertir en letrinas, pero muchos pobladores prefieren que el recurso sea para otras obras, además han detectado que las personas quienes les recomiendan los servidores públicos para ejecutar los proyectos son familiares o gente cercana a ellos.

En un escrito dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (Inpi), rechazaron “cualquier forma de tutelaje sobre nuestros derechos comunitarios, los cuales se encuentran plenamente reconocidos tanto en instrumentos jurídicos internacionales como nacionales y locales”.

Isidro Gardea García, primer siríami de Norogachi; Jesús Raúl Naba Peña, primer siríami de Pawichíki, Juan Espino Hernández, comisario policial de Siquirichi, Guachochi, entre otros, resaltaron que actualmente el pueblo rarámuri está en proceso de adquisición y desarrollo de habilidades, las cuales “nos permiten organizar y administrar nuestro capital social, humano, económico y político”.

Frenan empoderamiento técnico y operativo

Por ello, afirmaron, “la imposición de una tutela gubernamental frena nuestro empoderamiento técnico y operativo, reduciendo con ello nuestra autonomía a una simulación burocrática”.

Así, rechazaron la imposición de proveedores, prestadores de servicios y logística externos para la ejecución de sus proyectos comunitarios. “Somos nosotros quienes poseemos la capacidad y el derecho legítimo de decidir con qué constructores trabajar, a qué fleteros locales contratar y dónde adquirir materiales a implementar para materializar infraestructura comunitaria, de modo que el beneficio económico se quede y circule dentro de nuestra propia región indígena”.

Defendieron que sus asambleas comunitarias, en las cuales se planea, proyecta y deciden las obras, cuentan con los mecanismos internos de control, consenso y transparencia para administrar los recursos entregados a través del Faispiam, a cargo de la Secretaría del Bienestar.

Asimismo, los integrantes de los gobiernos indígenas rarámuri señalaron que el hecho de limitar los rubros de inversión a obras preestablecidas “anula las prioridades reales de nuestras comunidades”.

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