El Gobierno se juega 1.500 millones de fondos de la UE si fracasa la ley de lobbies
Por Fernando Hernández Valls — Portada
El Gobierno se juega 1.500 millones de fondos de la UE si fracasa la ley de lobbies
Las reformas pendientes
Junts avanza su voto en contra y el PP se reserva para la votación del próximo miércoles
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Dani Duch
Fernando H. Valls
Iñaki de las Heras
12/09/2026 06:00 Síguenos en Google 0:00 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia Artificial
España podría ver recortados entre 800 y 1.500 millones de euros de fondos europeos pendientes de recibir si no consigue convalidar en el Congreso el próximo miércoles el real decreto-ley de lobbies. Mientras aparecen posiciones diversas en el entorno empresarial, el Gobierno sigue sin tener los votos necesarios para sacar adelante la votación. Las empresas del Ibex, la CEOE y los sindicatos intentan que naufrague, pero los grupos dedicados a las influencias apuestan por que España cuente, tras seis años de debate, con una norma que regule su actividad.
La crítica al real decreto-ley que aprobó de urgencia el Gobierno complica la votación y, por tanto, que España pueda incluir esta reforma en la solicitud de cobro del séptimo tramo del Plan de Recuperación por 26.000 millones. El Ministerio de Economía prevé remitir la documentación a Bruselas a finales de este mes. El 31 de agosto finalizó el plazo para aprobar las reformas pactadas.
El Ibex, la CEOE y los sindicatos rechazan el nuevo registro, pero los profesionales de la influencia lo apoyan
La cancelación de pagos por no cumplir con lo pactado con Bruselas está tasada en una metodología de la propia Comisión. El importe se calcula dividiendo la contribución financiera máxima de España, más de 160.000 millones, entre el número de hitos y objetivos, 595. Luego se aplica una serie de coeficientes y ajustes, tanto al alza como a la baja. La propia Comisión se reserva una valoración subjetiva de la reforma. Con esta metodología, las fuentes cifran en hasta 1.500 millones el posible perjuicio para España.
Bruselas ha elevado cinco recomendaciones a España sobre los lobbies en los últimos años. En el 2022 le recomendó continuar los esfuerzos para adoptar una legislación que incluyera un registro público obligatorio de lobbistas. El Gobierno aprobó ese mismo año el anteproyecto de ley de lobbies y lo sometió a consulta pública.
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En el 2023 la Comisión mantuvo la recomendación y, un año después, la repitió con mayor énfasis. Se habían disuelto las Cortes por la convocatoria de elecciones y la norma había decaído. En el 2025, el Informe sobre el Estado de Derecho volvió a la carga. El último aviso llegó en junio.
Pese a estas peticiones, los avisos de Bruselas no se encuentran en las recomendaciones específicas al país del Semestre Europeo, sino que se recogen en el Informe Anual sobre el Estado de Derecho, una instancia, podría decirse, de menor rango.
Junts se dispone a votar en contra de la convalidación del real decreto-ley mientras que en el PP no fijarán su posición hasta la próxima semana, aunque por ahora gana peso la opción de rechazarla. Mientras, Foment del Treball ha trasladado que la regulación genera mayor burocracia y dificulta el acceso de las pequeñas empresas a la interlocución con el Gobierno, lo que puede contribuir a condicionar el voto en contra de Junts.
La formación catalana reclama, en efecto, diferenciar la actividad profesional dellobbyde los contactos con políticos que pudieran tener pequeñas organizaciones sectoriales o modestas agrupaciones profesionales. Es decir, demanda que el registro obligatorio solo afecte a quien se dedica profesionalmente a la actividad de influencia. Además, Junts lleva tiempo reclamando al Gobierno introducir medidas en las que también hay fondos europeos en juego, sin haber recibido, hasta ahora, respuesta a sus reclamaciones por el Gobierno. Por ejemplo, ha planteado rebajar el IVA del deporte o acabar con la temporalidad en la función pública, sin éxito.
En el caso del PP, el Gobierno ha incluido en el real decreto-ley algunas de sus enmiendas. Una de ellas es que la autoridad que gestione el nuevo registro obligatorio sea el independiente Consejo de Transparencia y no la Oficina de Conflictos de Intereses, adscrita al Ministerio para la Transformación Digital. Otra medida es que haya una interoperabilidad con los registros autonómicos, como los de Catalunya, Valencia o Madrid.
La CEOE y los sindicatos también son críticos con la norma, al considerar que incluir a los agentes sociales en un registro de este tipo puede dañar su papel de interlocutores con el Gobierno, reconocido en la Constitución.
Mientras, la principal asociación de lobby de España, APRI, expresa su “profundo malestar por la incapacidad de los grupos políticos de aprobar una regulación que aportaría transparencia entre las relaciones público-privadas al igual que ocurre en Bruselas”. Aporta un documento para demostrar que el real decreto-ley incorpora una gran cantidad de enmiendas del PP, Sumar, ERC, PNV, EH Bildu, Junts y BNG. El 85% de la norma tiene “huella del trabajo parlamentario anterior”, afirma.
Fernando H. Valls
Redactor de la sección de Economía de La Vanguardia en la redacción de Madrid. Autor del libro ‘El año que vivimos sin Gobierno’ (Libros.com) y colaborador de varios programas de televisión y radio.
Iñaki de las Heras
Redactor de la sección de Economía y Empresas de La Vanguardia. Licenciado en Periodismo (UCM) y en Psicología (UNED). Ha trabajado en Europa Press y en Expansión
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