Imanol Ordorika: Trampa de fábrica

Por Imanol Ordorika — La Jornada

l rector Leonardo Lomelí Vanegas ha dicho que hubo aspirantes que “hicieron trampa”. Eduardo Bárzana, quien preside la comisión técnica, fue más cuidadoso: aclaró que no es posible “señalar individualmente” a los responsables. Ningún funcionario ha llamado abiertamente “tramposos” a los aspirantes. La prensa sí, y con gusto: “Alumnos tramposos”, tituló un diario; “el problema no es la tecnología, son los tramposos”, escribió un columnista; otro llamó a quienes presumieron su fraude en redes “chapuceros low cost” de “escasa capacidad intelectual”; un tercero pidió, sin matices, “castigar a los tramposos de la UNAM”. Hasta los propios aspirantes, en las filas del examen de control, pedían que “no se quedaran los tramposos”.

Nombrar a un culpable individual es más rápido, más satisfactorio y, sobre todo, más barato que explicar una falla de diseño o que asumir responsabilidad en el fracaso de una política institucional, pero es la explicación equivocada. No porque no haya habido fraude –lo hubo, y a una escala que la propia Universidad reconoció–, sino porque tratarlo como falla moral de una generación ignora décadas de investigación sobre cómo se comporta cualquier población, en cualquier país, frente a un examen de alto impacto.

Donald T. Campbell lo formuló como ley general desde 1976: cuanto más se usa un indicador cuantitativo para tomar decisiones sociales de peso, más sujeto está a presiones de corrupción y más apto se vuelve para distorsionar el proceso mismo que se suponía iba a medir. Un examen de opción múltiple, aplicado una sola vez, que decide de manera binaria el acceso a un bien escaso y muy valioso es precisamente ese tipo de indicador.

La evidencia más contundente no viene de adolescentes bajo presión familiar, sino de adultos con su carrera profesional en juego: Brian Jacob y Steven Levitt documentaron que maestros de Chicago alteraban respuestas cuando los resultados tenían consecuencias serias para ellos, y el escándalo de Atlanta –maestros y directores condenados penalmente– confirmó después el mismo patrón a mayor escala. Lo mismo ha ocurrido en el Gaokao chino –el examen de ingreso universitario más numeroso y competido del mundo–, en el examen de servicio civil de India –una plaza por cada mil 280 aspirantes–, en el NEET (UG) indio de medicina, y hasta en Operation Varsity Blues, el escándalo que en 2019 mostró a padres estadunidenses que pagaron para alterar resultados del SAT y del ACT. Ninguno se explica por falta de tecnología: varios de ellos son los sistemas con mayor inversión en vigilancia del planeta.

Esto no absuelve a quien hizo trampa en la UNAM. Pero la explicación moral –esta generación es deshonesta– es insostenible frente a un fenómeno que se repite, igual, en Pekín, Nueva Delhi, Atlanta y Bel Air. Lo que cambia entre un país y otro no es la propensión moral de sus jóvenes: es el diseño institucional que decide qué tan alto es el impacto, qué tan escaso el bien y qué tan binario el resultado.

El informe final que la comisión técnica entregó al rector Lomelí Vanegas confirma, sin proponérselo, este diagnóstico y al mismo tiempo lo elude. Es cuidadoso: advierte que los patrones estadísticos “no prueban conductas individuales” y reconoce “un mercado dispuesto a ofrecer atajos ilegítimos a las y los aspirantes”. Pero esa prudencia desaparece en cuanto se acerca a quienes tomaron las decisiones. Documenta que la convocatoria se publicó el 12 de enero de 2026 y que el contrato con Territorium Life se firmó hasta el 23 de marzo –la viabilidad del esquema se decidió antes de tener los anexos técnicos–, que la adjudicación fue directa, sin licitación, y que el contrato exigía un monitoreo “automatizado, continuo y preciso”, cuyos únicos indicadores medibles eran los tiempos de respuesta de la mesa de ayuda, no el desempeño de la vigilancia por inteligencia artificial que falló. La empresa pudo cumplir cabalmente su contrato, según sus propias métricas, mientras el fraude ocurría frente a las cámaras que debía vigilar. El informe no nombra a quien decidió contratar así ni recomienda consecuencia alguna para la empresa, sus propuestas miran sólo hacia adelante –una nueva “instancia responsable”, un comité técnico asesor–, ninguna sirve para deslindar la responsabilidad de lo ya ocurrido. Y cierra pidiendo reafirmar que “la honestidad y el esfuerzo propio son la vía de acceso a la educación pública”, encomendando esa tarea –en ese orden– a estudiantes, familias e instituciones. No hace falta escribir “tramposos” para saber dónde queda, al final, el peso moral del episodio.

Por eso la respuesta que más importa no es la que ya está en marcha –vigilancia biométrica, exámenes de control, un informe que reconoce el mercado de atajos, pero no pregunta quién lo hizo posible–, aunque sea necesaria en lo inmediato. Esa respuesta deja intacto, para la generación 2027, el mismo diseño que hizo racional apostarle al fraude este año. La pregunta que debería ocupar a la Universidad no es cuántos tramposos hubo, sino por qué un informe que documenta el diseño defectuoso y el contrato mal calibrado termina depositando en el estudiantado la honestidad que la propia institución no supo sostener ni promover.

No hay una generación tramposa. Hay un diseño que los fabrica, un contrato que no los vigiló y un informe que decidió sólo mirar hacia adelante y no hacia atrás. Y detrás de todo esto sigue la misma alarma que ninguna comisión ha querido nombrar: hay una falta grave de lugares adecuados para atender la demanda de educación superior en México. Mientras esa escasez no se resuelva, cualquier examen –vigilado, presencial, con o sin inteligencia artificial– seguirá fabricando, cada año, procesos tramposos que hoy se pretenden individualizar.

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