La Fiscalía acusa de dos delitos a dos de las tres menores investigadas por el acoso a Sandra Peña
Por María Jesús Del Pino — Portada
La Fiscalía acusa de dos delitos a dos de las tres menores investigadas por el acoso a Sandra Peña
Justicia
Se les atribuyen dos presuntos delitos: contra la integridad moral y lesiones psíquicas justo. El escrito se conoce cuando se cumple el primer aniversario de la muerte de la joven sevillana
Imagen de archivo de un cartel durante una manifestación estudiantil contra el bullying y los discursos de odio.
David de Haro – Europa Press / Europa Press
Sevilla
15/10/2026 11:01 Síguenos en Google 0:00 Audio generado por IA 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR
La Fiscalía de Menores ha acusado a dos de las tres alumnas investigadas por el presunto acoso escolar a Sandra Peña, la sevillana de 14 años que murió el 14 de octubre de 2025. El Ministerio Público considera que las menores pudieron incurrir en delitos contra la integridad moral y lesiones psíquicas, según han confirmado fuentes de la Fiscalía.
La decisión se conoce justo un día después del primer aniversario de la muerte de Sandra, que conmocionó a Sevilla y abrió un debate sobre la respuesta de los centros educativos ante el acoso escolar. La tercera menor investigada no figura en el escrito de acusación.
La Fiscalía da así por concluida su investigación sobre las alumnas, aunque la posible responsabilidad de las dos acusadas deberá determinarse en el procedimiento judicial.
Las tres chicas comparecieron ante la Fiscalía el pasado 17 de noviembre de 2025. Durante la investigación también declararon los padres de Sandra y cuatro docentes del colegio Irlandesas de Loreto, donde estudiaba la joven. La Policía Nacional, a través de su Grupo de Menores, analizó además el teléfono móvil de la adolescente y sus redes sociales.
El colegio, bajo reproche judicial
La investigación sobre las alumnas discurre por una vía distinta a la querella que los padres presentaron contra el colegio y varios de sus responsables. En este último caso, la Audiencia Provincial de Sevilla confirmó en septiembre que archivaba la causa penal al no apreciar una relación de causalidad directa entre la actuación del centro y la muerte de Sandra que permitiera atribuir responsabilidad penal.
Pese a esta determinación, la Justicia criticó la respuesta del colegio y la calificó de «absolutamente deficitaria, insuficiente y contraria a la urgencia que imprime el Protocolo de acoso». La Audiencia consideró que las medidas adoptadas fueron demasiado leves e ineficaces, aunque entendió que esas deficiencias no bastaban para sostener los delitos denunciados por la familia.
El archivo penal no impide a los padres acudir a la jurisdicción civil. Además, la Junta de Andalucía mantiene abierto un expediente administrativo para determinar si el centro incumplió sus obligaciones. Si se acreditara una infracción muy grave, podría retirársele el concierto educativo.
Un año después
La acusación contra dos de las menores llega cuando la familia sigue esperando una respuesta sobre lo ocurrido en el colegio y las posibles responsabilidades. Desde el principio, sus padres han sostenido que Sandra sufría acoso y que no se actuó con la rapidez necesaria para protegerla.
El primer aniversario de Sandra estuvo marcado también por el vandalismo contra el altar instalado junto a la vivienda de la joven. En la madrugada del 11 de octubre, unos desconocidos arrojaron pintura blanca sobre las flores, velas, fotografías y mensajes que familiares, amigos y vecinos habían dejado en su memoria. El homenaje fue retirado al día siguiente. Ya había sufrido otro ataque en mayo.
Por otro lado, el suicidio de la joven provocó un profundo debate en el ámbito social y político. De hecho, este caso provocó cambios en el protocolo andaluz contra el acoso escolar, entre ellos el refuerzo de la comunicación con la Inspección Educativa y del registro de las actuaciones de los centros. Pero siguen pendientes varias respuestas: la que debe ofrecer la Administración sobre la actuación del colegio y la que pueda derivarse del procedimiento contra las menores.
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Chus del Pino
Chus del Pino
Córdoba, 1984. Periodista. He desarrollado mi carrera en distintos medios de información editados en Sevilla, siempre buscando historias que reflejen la realidad en la que vivimos
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