Nueva fractura en el Poder Judicial por el apoyo a la juez del caso de David Sánchez
Por Leonor Mayor Ortega — Portada
Nueva fractura en el Poder Judicial por el apoyo a la juez del caso de David Sánchez
Gobierno de los jueces
El bloque conservador denuncia la “oposición frontal” del progresista a emitir un comunicado de respaldo a la magistrada Beatriz Biedma
Beatriz Biedma, juez instructora del caso David Sánchez
14/10/2026 11:50 Actualizado 14/10/2026 12:25 Síguenos en Google 0:00 Audio generado por IA 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha vuelto a dividir este miércoles, esta vez por el intento de los magistrados conservadores de emitir un comunicado de apoyo a la juez Beatriz Biedma, la instructora del caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, quien denunció en la Audiencia Nacional haber sufrido acoso cuando trabajaba en la instrucción de este caso en Badajoz. El comunicado no ha salido adelante finalmente por la oposición de los nueve magistrados progresistas.
Los magistrados del bloque conservador, José Antonio Montero, José Luis Costa, Pilar Jiménez, Eduardo Martinez Mediavilla, Gema Espinosa, José María Páez, Esther Rojo, Carlos Orga, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal, han propuesto esta mañana emitir el mencionado comunicado.
Según han denunciado después en una nota, “los nueve vocales autodenominados progresistas, Angel Arozamena, Ricardo Bodas, Bernardo Fernández, Luis Martín Contreras, José María Fernández Seijo, Esther Erice, Argelia Queralt, Inés Herrero y Lucia Aviles,” han mostrado una “oposición frontal, tanto respecto del debate, como de la aprobación” de ese comunicado.
“No alcanzamos a entender las razones de la oposición, así como la renuncia a una de las funciones esenciales del CGPJ, la defensa de la independencia judicial”, han lamentado los conservadores.
Ante este escrito, los nueve vocales progresistas han considerado en otra nota que el Consejo “debe ser prudente y mantener una estricta neutralidad en relación a cualquier hecho sometido a una investigación judicial”. “Debe preservar y respetar la independencia de quienes investigan y evitar pronunciamientos que puedan interpretarse como una valoración anticipada de los hechos”, han señalado.
El comunicado, que no ha salido adelante, mostraba la “profunda preocupación” del Consejo “ante las informaciones conocidas sobre posibles actuaciones de hostigamiento, seguimiento o intimidación que habrían afectado a la magistrada Beatriz Biedma y a su entorno”.
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Y continuaba: “Sin prejuzgar hechos ni responsabilidades que corresponde determinar exclusivamente a los tribunales, el Consejo quiere trasladar a la magistrada su cercanía, solidaridad y respaldo institucional. Ningún juez debe ejercer su función bajo el temor, la presión o la intimidación. La independencia judicial no constituye un privilegio de quienes juzgan, sino una garantía de todos los ciudadanos”.
“El Consejo quiere transmitir a todos los jueces y magistrados un mensaje inequívoco: no están solos en la defensa de su independencia. Ante cualquier intento de perturbarla, el CGPJ ejercerá con firmeza las competencias que el ordenamiento jurídico le atribuye y adoptará las medidas necesarias para que jueces y magistrados puedan cumplir su función con libertad, serenidad y exclusivo sometimiento a la ley. Defender la independencia de cada juez es defender el Estado de Derecho”, concluía el comunicado de apoyo a Biedma que el bloque progresista ha rechazado respaldar.
Un juez imputado
Ayer mismo, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el caso Leire Díez, imputó a José Luis Sáenz de Tejada, el juez expulsado de la carrera que insultó a Beatriz Biedma, después de que esta pidiera su imputación. Según explicó Biedma, el juez le tenía animadversión porque ella tuvo que sustituir a la magistrada que instruía una denuncia contra él por violencia machista, por la que acabó condenado.
Pedraz también citó a declarar en calidad de testigo a Raúl Montaño, el abogado de Cintia Rocho, conocida como ‘la Celsa’ y perteneciente al clan del narcotráfico con el que supuestamente contactó la presunta trama de Leire Díez para presionar y “neutralizar” a Biedma.
Esta anotación, del 25 de marzo de 2025, se encontró en la agenda de la exmilitante socialista Leire Díez y ha derivado en la personación de la citada magistrada como perjudicada en la causa en la que están investigados varios exdirigentes socialistas, como Santos Cerdán, por tratar de torpedear, supuestamente, procedimientos judiciales que afectasen al PSOE o al Gobierno.
Leonor Mayor Ortega
Licenciada en Derecho (UB) y en Periodismo (URL). Graduada en Estudios Literarios (UB). Máster AGT (Esade). Redactora de Cultura de La Vanguardia
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