Feijóo reclama la “limpieza del censo” de la mano del TS y el Gobierno ve trumpismo

Por Juan Carlos Merino Bravo — Portada

El Gobierno critica que PP y Vox hablen de  “pucherazo” aprovechando el freno judicial a la ‘ley de nietos’ 

Rumbo al 29-N

Feijóo aplaude que el Supremo mantenga la suspensión cautelar de la ley y pide “limpiar el censo” electoral

Juan Carlos Merino, Javier Gallego

Madrid

14/10/2026 06:00 Síguenos en Google 0:00 Audio generado por IA 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR

A seis semanas de las elecciones generales del 29-N, Pedro Sánchez apremió el domingo al Tribunal Supremo (TS) para que “frene el intento de atropello” que atribuyó a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, y permitiera que los descendientes del exilio franquista nacionalizados mediante la llamada ley de nietos puedan votar en las próximas elecciones generales. Y el Alto Tribunal se puso las pilas, como reclamaba el presidente del Gobierno, al emitir su resolución apenas 24 horas después, el pasado lunes, pese a que era la Fiesta Nacional. Pero la decisión del Supremo fue un jarro de agua fría para el Ejecutivo, ya que desestimó el recurso de la Abogacía del Estado y mantuvo la suspensión de los efectos censales de unas 163.000 personas ya nacionalizadas.

La ministra portavoz, Elma Saiz, evitó ayer expresar la indignación que afloró en el Ejecutivo ante esta decisión del Supremo. “El Gobierno siempre acata las resoluciones”, señaló, al término de la reunión del Consejo de Ministros. Pero Saiz alertó de que se trata de “una situación de una extraordinaria gravedad”, ya que se “restringe uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, que es el derecho al voto”. Como ya recalcó el propio Sánchez el pasado domingo, al dudar de la constitucionalidad de una suspensión del sufragio de ciudadanos ya nacionalizados, la portavoz del Gobierno advirtió que “en una democracia el derecho al voto se garantiza, no se restringe”.

Ahora bien, la resolución del Tribunal Supremo sobre la ley de nietos parece dejar al Ejecutivo poco margen de actuación. Fuentes gubernamentales admiten la complejidad jurídica de tratar de encontrar una solución a la carrera, con las elecciones a la vuelta de la esquina, que obligaría a los consulados españoles en el extranjero a acreditar, caso por caso, si esas más de 163.000 personas estaban censadas antes del 1 de agosto y certificar que son hijos o nietos de exiliados.

“¿Si uno de estos ciudadanos vive en Barcelona puede ir a votar, pero si vive en Montevideo no?”, plantean desde el Gobierno

“Se está analizando”, alegó la portavoz del Gobierno. La Abogacía del Estado estudia la cuestión, pero fuentes gubernamentales asumían ayer que los únicos legitimados para emprender acciones contra esta decisión del Tribunal Supremo serían los propios afectados, de manera individual o colectiva, y consideraban posible la opción de que acudieran en amparo al Tribunal Constitucional. “¿Si uno de estos ciudadanos vive en Barcelona puede ir a votar, pero si vive en Montevideo no?”, requerían, sin atisbar por ahora ninguna solución.

Sin apenas margen de maniobra jurídico, y solo en espera de que la Abogacía del Estado pueda encontrar alguna fórmula como vía de escape al enredo, en el Gobierno se aferraron ayer a la denuncia política contra el Partido Popular y la ultraderecha de Vox, a quienes hacen responsables de tratar de recortar el derecho al voto de ciudadanos nacionalizados españoles, después de haber cuestionado también el procedimiento del voto por correo.

“Es gravísimo intentar introducir el concepto de pucherazo en un sistema electoral tan garantista como el español”, advierten en el Ejecutivo ante la utilización partidista que, a su juicio, están haciendo el PP y Vox al denunciar una presunta alteración del censo electoral gracias a la llamada ley de nietos. En el Gobierno replican que precisamente lo que alteraría el censo electoral es que no se permitiera ejercer su derecho al voto a estos ciudadanos.

El líder del PP dice que “no se puede regalar pasaportes a los que no son nietos de exiliados”

En sentido opuesto al del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo  celebró ayer la decisión del Supremo de mantener las medidas cautelares sobre la ley de nietos. El líder del PP aseguró que “no hay limpieza democrática sin limpieza del censo” electoral, en alusión a la resolución del Supremo que emplaza a los  descendientes de españoles que hayan adquirido la nacionalidad española bajo el paraguas de la ley de nietos deberán de acreditar que son realmente descendientes de exiliados para poder votar el 29 de noviembre.

“Evidentemente no se puede dar la nacionalidad ni se pueden regalar pasaportes a aquellos que no son nietos y aquellos que no provienen de los exiliados, que es la instrucción de la hermana del ministro”, señaló Feijóo en EsRadio, antes de desmentir “otra de las trampas” que a trata de proyectar el PSOE, que difunde que el PP está en contra de otorgar la nacionalidad española a los hijos y nietos de exiliados del franquismo.

Los populares son partidarios de conceder a los descendientes de exiliados la nacionalidad española, pero rechazan la extensión que ha hecho el Gobierno, que trata de aplicar la ley en beneficio de aquellos que también se marcharon por otros motivos –algo que la norma no recoge y el propio Congreso tumbó explícitamente–.

Feijóo, que tiene movilizado al partido, aseguró también que van a vigilar con todo cuidado para que el proceso electoral sea limpio y, para ello, garantizó que los “interventores y apoderados” del PP estarán “en todas las mesas” para prevenir cualquier irregularidad. “Estamos preparados porque llevamos tantas trampas, tantas manipulaciones y tantas cloacas…”, añadió.

En la Moncloa tachan de “trumpismo” que el PP y Vox trasladen “incertidumbre” sobre el proceso electoral

En la Moncloa evitan cargar las tintas contra el Tribunal Supremo, al menos en público, para denunciar la estrategia política que atribuyen al PP y Vox, y a la que daría alas la resolución del Alto Tribunal. “Se está utilizando políticamente para trasladar al ciudadano incertidumbre sobre el proceso electoral, y eso es trumpismo”, critican.

Los socialistas subrayan que el PP y Vox no solo quieren impedir que estos ciudadanos ya nacionalizados puedan votar el próximo 29 de noviembre –pese a que recuerdan que hasta ahora Feijóo siempre lo defendió, “con pasión”, en sus mítines en Buenos Aires o Montevideo–, sino que también ponen en duda el voto por correo. Pese a que Feijóo presidió Correos.

Juan Carlos Merino

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Madrid, 1966. Redactor de La Vanguardia en Madrid desde 1997

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