Colaboración ante la crisis de la vivienda
Por Editorial La Vanguardia — Portada
Colaboración ante la crisis de la vivienda 11/10/2026 00:05 Síguenos en Google 0:00 Audio generado por IA 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR
Detrás de cada carencia habitacional hay una persona, a menudo joven, que trata de emanciparse pero no lo consigue por falta de recursos. En la sección de Sociedad, los lectores podrán hoy poner cara a algunas de esas personas. Son jóvenes que buscan solución temporal a su problema en pisos no regulados, compartidos, lejos de su ciudad o del barrio donde nacieron, etcétera. O que, en casi la mitad de los casos, se ven de hecho condenados a seguir en casa de sus padres.
No son casos aislados. El año pasado, el 44,3% de los jóvenes españoles de entre 26 y 34 años seguían residiendo en casa de sus progenitores. La mitad de ellos, por su incapacidad para afrontar los costes del alquiler de una vivienda o, huelga decirlo, de su compra. No hablamos solo de personas sin recursos. Hablamos también de personas con un empleo. Entre estas últimas, el promedio de sus ingresos destinado a alquiler alcanzaría el 98,7%. La tasa de emancipación juvenil estaba en mayo pasado en el 14,5%.
Los jóvenes no son los únicos afectados por la escasez de vivienda asequible. También la sufren personas de generaciones anteriores, incluidas las mayores, los colectivos de población inmigrante, los recién llegados al país y cualquier otro grupo de tesorería precaria. Se trata de un problema al alza, que arrastramos desde hace decenios, y para el que ningún partido con experiencia de gobierno ha hallado solución satisfactoria.
Si de veras quieren atenuar el problema, los grandes partidos deben buscar soluciones juntos
En las últimas semanas este problema ha pasado al primer plano de la actualidad, relevando al de la crisis de Ceuta. El desahucio en camilla de Maricarmen, una anciana de 87 años, del piso en el que había vivido durante siete decenios, avivó de modo extraordinario la sensibilidad del país ante esta cuestión. Las ciudades vieron como crecían en sus plazas acampadas de jóvenes que reclamaban una vivienda digna. Y el fallecimiento de Maricarmen en un hospital, tan solo dos semanas después de su desalojo, enardeció las protestas.
Las fuerzas políticas han reaccionado de modo distinto ante la crisis de la vivienda. El Gobierno, pese a sus ocho años de trayectoria, trató de aprobar dos decretos de emergencia en el Congreso. Fue sin éxito, debido la oposición de PP, Vox y Junts, que los tumbaron. Aquella derrota precipitó la convocatoria de elecciones generales. Ahora el Gobierno se dispone a aprobar decretos en la misma línea recurriendo a la diputación permanente del Congreso, órgano facultado cuando el Parlamento está disuelto a la espera de nuevos comicios. Todo ello, ante el horizonte de una huelga general lanzada por el Sindicato de Inquilinas y respaldada por CC.OO. y UGT.
La vivienda, según se desprende de lo dicho hasta aquí, se ha convertido en un caballo de batalla política, cuando lo que exige la solución del problema, o al menos su contención, es lo contrario: la colaboración entre todas las fuerzas políticas responsables, también con el sector privado, que debería abocar a una revisión estructural. A tal fin, y por más difícil que parezca en vísperas de campaña, conviene serenar los ánimos. Hay que buscar un mejor equilibrio entre el derecho a la vivienda, los derechos de los propietarios y el mercado.
Debido ante todo al déficit de vivienda, la tasa de emancipación está en España en el 14,5%
Una buena manera de empezar pasaría por acotar con más precisión el problema. Por ejemplo, en lo relativo a las necesidades reales de habitación y a las distintas formas de atenderlas, activando desde la construcción de nuevos pisos hasta la rehabilitación de los viejos, la activación de los que están vacíos o los cambios legales que permitan dar función residencial de otro tipo de locales.
Pero también convendría ser más precisos al mencionar a los distintos actores de este drama. Es miserable la reacción de ultraderechistas que han injuriado a Maricarmen. Y no tiene sentido que los activistas en pro de la vivienda hayan denominado rentismo a su supuesto enemigo, cuando entre los propietarios de pisos hay perfiles distintos, que se deben conocer si verdaderamente se quiere actuar con justicia: desde ciudadanos que invirtieron lo ahorrado en uno o dos pisos –un rentista era, hasta la fecha, quien vivía de rentas, generalmente heredadas, sin trabajar–, hasta grandes tenedores y fondos de inversión que compran fincas enteras, expulsan a sus vecinos y multiplican el monto de los alquileres a los nuevos inquilinos.
Hay que templar los ánimos y actuar con voluntad real de avanzar hacia la resolución del problema. Los partidos centrales, con vocación de Estado, tienen ante sí una gran tarea, que exige su colaboración si de veras quieren atenuar el problema que hoy más preocupa a los españoles.
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