Dos madres con hijos menores vuelven a denunciar por “coacciones” a la empresa que intenta desahuciarlas en Azuqueca

Por Alicia Avilés Pozo — eldiario.es – eldiario.es

Las vecinas, con certificado de vulnerabilidad y que llevan más de un año luchando para que no las echen de las viviendas que tienen alquiladas, han vuelto a quedarse sin suministro eléctrico después de que hayan sido sustraídos por segunda vez los contadores de la luz. Hace apenas dos días llegaron a encerrarse en el cuarto de esta instalación para impedir que miembros de una empresa ‘desokupación’ les cortaran el suministro

Encerradas en el cuarto de contadores para evitar un nuevo intento de desahucio en Azuqueca de Henares

Iris y Angustias ya no pueden más y han decidido acudir de nuevo a los tribunales para pedir medidas cautelares. Las dos madres en situación de vulnerabilidad y con hijos menores a su cargo, de 9 y 4 años respectivamente, y que llevan meses luchando contra su desahucio del bloque ubicado en la calle Abetos, número 22, de Azuqueca de Henares, en Guadalajara, han vuelto a denunciar a la mercantil que quiere echarlas del edificio y a los hombres sin identificar de una compañía de desokupación por “coacción inmobiliaria y acoso”. Las dos vecinas, ambas trabajadoras, pagaban el alquiler hasta que desapareció la primera empresa propietaria. Nunca han recibido notificación oficial de desahucio.

La nueva petición de medidas cautelares y denuncia la han interpuesto hoy ante los Juzgados de Guadalajara tras volver a quedarse sin suministro eléctrico, después de que esta madrugada, alrededor de las 5:00 horas, hayan sido sustraídos los contadores de la luz correspondientes a sus inmuebles.

Se trata de la misma situación que vivieron hace apenas dos días, pero entonces fueron repuestos y las vecinas recuperaron la conexión eléctrica. Esta madrugada los contadores han vuelto a desaparecer. Además, según María Eugenia Blanco, abogada de las dos afectadas y miembro de la Plataforma Feminista de Guadalajara, al menos uno de los contratos de suministro eléctrico habría cambiado de titularidad, pasando a figurar a nombre de quien sería el supuesto propietario del inmueble.

Las dos madres crían solas a sus hijos menores y cuentan con certificados de vulnerabilidad expedidos por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Azuqueca. Se han visto “sometidas a una situación especialmente grave” al verse privadas de un servicio tan básico como la electricidad. “La falta de suministro afecta directamente a las condiciones de vida de las familias y a las necesidades cotidianas de los menores”.

La repetición de estos hechos en apenas 48 horas, después de que las vecinas consiguieran recuperar la luz e incluso encerrarse en el cuarto de contadores, agrava, según la abogada, la “incertidumbre y la vulnerabilidad” a la que se enfrentan.

Varias denuncias y peticiones de investigación

Por todo ello, las dos reclaman que se esclarezcan los hechos, que se depuren las responsabilidades que correspondan y que se garantice la restitución y continuidad del suministro eléctrico. Y por ello han decidido pedir medidas cautelares y denunciar ante los tribunales.

La petición judicial que han presentado, y a la que ha tenido acceso este periódico, se suma a otras dos denuncias anteriores registradas los días 2 y 6 de octubre. Pero ahora solicitan medidas cautelares y diligencias de investigación por un delito continuado de acoso inmobiliario y coacciones agravadas, en su modalidad de impedimento del legítimo disfrute de la vivienda, así como robo de contadores. Incluyen también los presuntos delitos de estafa y fraude en el cambio de la titularidad de suministros energéticos.

Dirigen su denuncia a la mercantil propietaria de la vivienda y a otras personas sin identificar que “dijeron actuar en nombre de una empresa de desokupación”.

En sus argumentos, alegan que está “acreditada la sistemática campaña de hostigamiento e intimidación inmobiliaria” desplegada por la mercantil a través de intermediarios e integrantes de empresas de desocupación extrajudicial. Relatan que tras la primera inutilización e instalación no autorizada de accesos al cuarto de contadores y el corte flagrante de suministros básicos, un técnico de la empresa distribuidora acudió a reponer el servicio mediante la instalación y precinto de los correspondientes contadores en las viviendas habitadas por ambas y sus hijos.

Fue esta pasada madrugada, señalan, cuando una de ellas recibió una alerta automatizada en su dispositivo móvil indicándole que su alarma no recibía corriente eléctrica. En ese momento, descendió al cuarto de contadores del edificio para verificar lo sucedido, requiriendo la presencia urgente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Guardia Civil). Una vez en el lugar, y en presencia de los agentes de la Guardia Civil, constató que el cuarto había entrado gente y que los contadores de ambas habían sido de nuevo arrancados y robados.

Esta misma mañana, la compañía distribuidora les informó, tras llamarla para denunciar el “corte ilegal y la sustracción del equipo”, de que durante la madrugada se había tramitado e introducido en el sistema informático de comercialización un cambio de titularidad “exprés y no autorizado”, sin que pudieran identificar al titular del contrato.

Por todo ello, en su escrito, la abogada alega de nuevo la “situación de riesgo inminente e indefensión” de las dos madres. “Todo responde a un plan trazado de acoso e intimidación inmobiliaria, cuyo único fin es privar por vías de hecho a dos familias vulnerables de la habitabilidad básica de sus viviendas para forzar su desalojo extrajudicial, incurriendo en un delito continuado y en un evidente riesgo de reiteración delictiva inmediata”.

Las dos vecinas, apunta su abogada, siguen sin tener notificación formal de la empresa para que abandonen al edificio. “Directamente, manda a los matones”, explicaba Iris esta semana cuando se encerraron en el cuarto de contadores. No es una situación nueva. Hace ahora un año ya se denunciaba, también ante los tribunales el “continuo acoso” al que se está sometido estas dos mujeres desde julio de 2025 “con actos intimidatorios y violentos con total impunidad y falta de humanidad”, señala María Eugenia Blanco.

La Plataforma Feminista de Guadalajara lleva prestando acompañamiento ambas desde entonces. “Nos contaron lo que les estaba pasando: son dos inquilinas del edificio a las que un buen día alguien llama a la puerta y les dice que las va a echar”. Una de ellas lleva allí viviendo once años de alquiler y la otra, cuatro.

Las viviendas que habitan ya no son propiedad de la inmobiliaria con la que originalmente firmaron un contrato de alquiler. “Empezaron pagando alquiler, claro, hasta que desaparece la propiedad (los activistas hablan de entrada en concurso de acreedores de aquella empresa) y llega un momento en que no saben a quién pagar el alquiler. A mí me llama una cosa la atención, y es que en ningún momento la actual empresa propietaria de las viviendas se dirige a ellas, no les manda un burofax diciendo: miren, ustedes están en una situación X. Nada, cero”, declaraba entonces.

No hay notificaciones oficiales de desahucio

La situación está exactamente igual hoy. Sigue sin haber notificaciones oficiales a las afectadas por parte de la empresa, pero con situaciones puntuales de “acoso”, como la que se viene repitiendo ahora desde septiembre y con cortes de suministro “ilegales” de agua y luz.

En junio de este año, la propia Iris regresaba de dejar a su hija en el colegio, y se encontró con varios hombres “con perfil de desokupas” dentro del portal y que le impedían el acceso a su casa. Los hechos los confirmó a este medio la propia Iris, que vive en el primer piso del bloque: “He llegado a casa y al ver que no me dejaban entrar, he llamado a la Guardia Civil, sobre todo después de ver que estos hombres ya habían tapiado con una puerta antiokupa la vivienda de la vecina del bajo”. Es en la que reside su otra vecina, Angustias, en el bajo. Se quedó en la calle con su hijo de cuatro años.

La abogada explicó entonces que la Guardia Civil pidió a los hombres apostados en la puerta que se fueran tras constatar que era el domicilio habitual de ambas vecinas. Pasado el verano se ha producido un nuevo intento.

El colectivo feminista y el Sindicato de Inquilinas “se activan” cada vez que tienen noticia de acciones de estas características para intentar que dejen las viviendas. Confirman que hay un procedimiento iniciado en el juzgado denunciando su situación y que incluso se ha contactado con la comunidad de vecinos del edificio para evitar que sean expulsadas, sin resultados.

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