Ayuso se escuda en la ley y devuelve a Sánchez la responsabilidad por el desahucio de Maricarmen

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Por Asier Martiarena OlveiraPortada

Ayuso se escuda en la ley y devuelve a Sánchez la responsabilidad por el desahucio de Maricarmen

El escenario político

La presidenta madrileña atribuye el desalojo a una orden judicial y acusa al presidente del Gobierno de alentar las protestas

Maricarmen, desahuciada a los 87 años en Madrid, sale en camilla de la que ha sido su casa durante siete décadas

Quién es Maricarmen y por qué la desahucian si nunca dejó de pagar el alquiler

Isabel Díaz Ayuso durante el acto de inicio del curso político del PP de Madrid 

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Dani Duch

Asier Martiarena Olveira

Asier Martiarena

Madrid

24/09/2026 10:25 Actualizado 24/09/2026 10:59 Síguenos en Google 0:00 Audio generado por IA 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR

Isabel Díaz Ayuso ha encontrado en la ley el parapeto con el que responder a Pedro Sánchez. Horas después de que el presidente del Gobierno señalara a la presidenta madrileña y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, como responsables políticos de la “tragedia social” que representa el desahucio de Maricarmen, Ayuso ha devuelto la pelota a La Moncloa. El desalojo de la mujer de 87 años, ha sostenido, no es una decisión de su Gobierno, sino la ejecución de una orden judicial por parte de la Policía Nacional. Y si las reglas no gustan, ha venido a decir, Sánchez y sus socios han tenido ocho años para cambiarlas.

“Ayer se produjo un desahucio de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España, a manos de la Policía Nacional, que la gestiona el Gobierno. Por orden judicial, no por otro motivo, no es una decisión nuestra”, ha argumentado la dirigente popular durante un acto del Círculo de Empresarios de Madrid. “En cumplimiento de una ley y de unas leyes que este Gobierno y sus socios han tenido ocho años para modificar, si no estaban de acuerdo con ellas”, ha añadido.

La respuesta de Ayuso busca cerrar por la vía de las competencias una cuestión que Sánchez había planteado en términos políticos. El presidente no discutió quién ejecutó el lanzamiento. Su reproche fue otro. Que las administraciones gobernadas por el PP en Madrid, tanto la Comunidad como el Ayuntamiento, podían haber hecho más para evitar que una mujer de 87 años acabara en la calle.

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Ahí es donde el caso de Maricarmen toca una fibra más incómoda para el PP madrileño. Porque el desahucio puede ser, jurídicamente, el cumplimiento de una resolución judicial. Pero la política de vivienda que ha llevado hasta ese escenario forma parte de un debate mucho más amplio, y en ese debate Ayuso y Almeida llevan años dejando clara su posición.

En octubre de 2021, Almeida lo resumió en una sola palabra. Fue como respuesta a Más Madrid, quien previamente le había reprochado al alcalde en las redes sociales que “no va a hacer nada para regular los precios de los alquileres en la ciudad”. A lo que el regidor respondió: “Exacto”.

No era un desliz. El alcalde ha defendido desde entonces que intervenir los precios provoca inseguridad jurídica y termina expulsando viviendas del mercado. Ayuso ha mantenido un discurso prácticamente paralelo desde la Comunidad de Madrid. Ha presentado los límites al alquiler como un “ataque directo contra la propiedad privada”, ha rechazado declarar zonas tensionadas y ha convertido la negativa a intervenir los precios en uno de los rasgos distintivos de su política de vivienda.

Ese es el contexto en el que ahora Ayuso reivindica el “Estado de Derecho”, la “seguridad jurídica”, “la ley y el orden” para responder a Sánchez. No porque exista una contradicción entre cumplir una orden judicial y defender una determinada política de vivienda, sino porque el episodio vuelve a colocar frente a frente dos concepciones políticas sobre qué pueden -y qué deben- hacer las administraciones ante el problema de la vivienda.

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Mientras Sánchez reclama responsabilidad política a Ayuso y Almeida, la presidenta insiste en que la solución no pasa por intervenir el mercado y vuelve a cargar contra la Ley de Vivienda, que ha calificado de “absurda” porque, a su juicio, contribuye a que los precios sigan subiendo. También ha reprochado al Gobierno haber prometido 184.000 viviendas y no haber construido ninguna.

Pero Ayuso no se ha limitado a discutir sobre vivienda. El desahucio de Maricarmen ha desbordado ya ese terreno y se ha convertido en un nuevo pulso entre la presidenta madrileña y el Gobierno. El miércoles, unas 10.000 personas se concentraron frente al ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid por 6,3 millones de euros para reclamar que ese inmueble se destinara a la anciana. La imagen, con el edificio convertido en el punto de encuentro de la protesta, añade una dimensión simbólica a una disputa que lleva tiempo enquistada.

Ayuso ha respondido elevando el tono. Ha denunciado una “barra libre de demagogia” y “algaradas” contra su Gobierno y ha acusado a Sánchez de alentar las protestas. “Promover la quema de calles” ha sido la expresión utilizada por la presidenta para describir la actitud del jefe del Ejecutivo desde Naciones Unidas.

Según la dirigente popular, las movilizaciones son cada vez “más violentas” y están creando un “ambiente irrespirable de tensión” que perjudica a las empresas y a la inversión. El mensaje se parece cada vez menos a una discusión sobre el desahucio de una anciana y más a una batalla política por el relato de la vivienda en Madrid.

La presidenta madrileña ha recurrido además a los datos territoriales para defenderse de las críticas. Ha asegurado que Catalunya, Andalucía y la Comunidad Valenciana registran más desahucios que Madrid y ha afirmado que “por cada desahucio que hay en Madrid se producen cinco en la Catalunya de Illa y de Sánchez”.

Ese el argumento con el que Ayuso intenta sacar el caso de Maricarmen del terreno en el que Sánchez lo colocó anoche desde Nueva York. Del drama concreto de una mujer de 87 años a las cifras nacionales; de la responsabilidad de las administraciones madrileñas a las competencias de la Policía Nacional; y del ático de Chamberí a la Ley de Vivienda.

Asier Martiarena Olveira

Asier Martiarena

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Redactor de la sección de política tras una década cubriendo la actualidad de Madrid entre 2011 y 2022. Antes en Microsoft News y el diario Metro

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