Greenpeace se enfrenta a la mayor pena en España en el juicio que se empieza en València

Por Autor Agencias — Portada

Greenpeace se enfrenta a la mayor pena en España en el juicio que se empieza en València

Tribunales

La Fiscalía pide cinco años de cárcel para cada uno de ellos por participar en un acto contra un buque cargado de gas en Sagunto en 2021

Agencias

23/09/2026 09:56 Síguenos en Google 0:00 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia Artificial

Once activistas de Greenpeace se enfrentan desde este miércoles a la mayor pena jamás solicitada contra defensores ambientales en España, pues el Ministerio Fiscal pide cinco años de cárcel para cada uno de ellos por participar en un acto contra un buque cargado de gas en Sagunto (Valencia) en 2021.

Esa protesta se llevó a cabo contra un buque que traía gas procedente de Estados Unidos y en un contexto de emergencia climática y de un mundo tratando de volver a la normalidad tras la pandemia de covid-19.

Las once personas acusadas, de ocho nacionalidades diferentes (entre ellas, cuatro españoles), se enfrentan a cinco años de cárcel y la reparación del daño causado. Hasta el momento, Greenpeace ha hecho frente al pago de sanciones económicas por valor de 160.000 euros.

Hay 11 personas acusadas, de ocho nacionalideaes diferentes

El caso ha suscitado la preocupación de Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas sobre los defensores medioambientales, y de Amnistía Internacional, que han anunciado su asistencia al juicio en calidad de observadores.

Además, Greenpeace ha recibido mensajes de apoyo y solidaridad de las principales organizaciones del derecho a la protesta en España, como Novact, Irídia, Legal Sol o las coaliciones No Somos Delito y Defender a Quien Defiende.

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Para Greenpeace, este juicio se enmarca en “una preocupante tendencia mundial de endurecimiento de la represión e intento de silenciamiento del activismo y la movilización social”.

En los últimos años, la respuesta policial y judicial ante la protesta en favor del clima, el derecho a la vivienda o la solidaridad con Palestina ha derivado en “la imposición de sanciones desproporcionadas, detenciones y acusaciones de graves delitos, incluso vinculados al terrorismo o al crimen organizado”, según Greenpeace.

“La historia demuestra que la desobediencia civil y la protesta pacífica no constituyen una amenaza a la legalidad, sino un motor indispensable para el avance de las libertades y los derechos democráticos”, subrayó este martes la directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, en una rueda de prensa en Valencia a bordo del rompehielos Arctic Sunrise, de Greenpeace Internacional.

Saldaña añadió: “Tratar la movilización ciudadana como un mero asunto de orden público ignora su función imprescindible en la sociedad: la protesta actúa como un mecanismo de contrapoder y un indicador de salud democrática, permitiendo canalizar la indignación, señalar situaciones injustas y participar en sus soluciones”.

Tratar la movilización ciudadana como un mero asunto de orden público ignora su función imprescindible en la sociedad

Eva Saldaña, Greenpeace España

El responsable del Área de Espacio Democrático y Derecho a la Protesta de Greenpeace, Javier Raposo, apuntó que, “ante el actual contexto global marcado por la aceleración de la crisis climática, el declive de los sistemas democráticos, el acaparamiento del poder sin precedentes y el desprecio a los derechos humanos más básicos, la desobediencia civil y otras formas de resistencia pacífica resultan herramientas imprescindibles para construir respuestas colectivas a los grandes desafíos de nuestro tiempo”.

Pena “desproporcionada”

Para el equipo jurídico de Greenpeace, la “desproporcionada pena” solicitada por el Ministerio Fiscal refleja un marco de “máxima represión” contra la protesta actual y futura, e ignora que el derecho a manifestarse prevalece sobre las “molestias menores” que puedan causarse a la ciudadanía.

“Los hechos que se juzgan se encuadran, por lo tanto, dentro del ámbito de la protesta pacífica o de la desobediencia civil, y queremos nuevamente reseñar que no se causó daño alguno ni a las personas ni a la circulación marítima”, indicó Inés Díez, abogada de Greenpeace.

El Derecho internacional de los derechos humanos exige a los Estados respetar y proteger el ejercicio de la desobediencia civil pacífica, ya sea en espacios públicos o privados, abiertos o cerrados.

Este será el argumento central que la defensa de Greenpeace llevará ante el tribunal que va a juzgar a las 11 personas activistas. “Nunca debieron verse sometidas a un proceso penal que lleva ya cinco años abierto por unos hechos que se encuadran dentro del derecho a la protesta. Nunca las personas que protestan de forma pacífica deben ver peligrar su libertad por protestar. Nunca ningún activista debería poner su vida en pausa a la espera de que un tribunal decida si es culpable cinco años después de los hechos”, explicó Díez.

Uno de los acusados: “Ser activista climático hoy en España es plantarse frente al derrotismo”

Entre las personas acusadas se encuentra Francisco del Pozo, que declaró: “Ser activista climático hoy en España es plantarse frente al derrotismo, es decir no, basta ya de no hacer nada ante un clima que se desmorona entre incendios inapagables, danas arrolladoras, calor y sequía extremos”.

“Ser activista es ser mensajero de una realidad terriblemente incómoda para los poderosos: tener un planeta habitable aún es posible, pero hay que hacer cambios y que los verdaderos culpables paren y paguen por lo que han hecho”, recalcó.

Del Pozo apuntó el coste personal de ello puede ser alto. “Ser activista también es sufrir junto a tus seres queridos durante años la ansiedad y la preocupación de ser injustamente acusados de delitos definidos de forma tendenciosa, y la amenaza siempre presente de penas de cárcel desproporcionadas”.

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Fonte: Portada