Extremadura prepara su primer protocolo para combatir los matrimonios forzados
Por elDiarioex — eldiario.es – eldiario.es
La Junta adaptará la atención a las víctimas tras incorporarse estos delitos a las competencias de las secciones de violencia sobre la mujer
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La Junta de Extremadura prepara su primer protocolo específico contra los matrimonios forzados, una de las nuevas formas de violencia incorporadas desde octubre de 2025 a las actuaciones de las secciones de violencia sobre la mujer. Lo ha anunciado este martes la presidenta extremeña, María Guardiola, durante la inauguración en Cáceres de las II Jornadas Formativas sobre Igualdad y Violencia de Género, organizadas por la Junta y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Guardiola ha explicado que la ampliación de estas competencias obliga a adaptar también la respuesta de los profesionales que intervienen con las víctimas. Desde octubre del pasado año, ha señalado, las actuaciones de violencia sobre la mujer incluyen además de la violencia de género los delitos contra la libertad sexual, la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados.
La presidenta ha situado la elaboración del nuevo protocolo dentro de las medidas destinadas a mejorar la detección, prevención y atención a las víctimas. Ha defendido que la formación de los profesionales debe adaptarse a las nuevas formas de violencia y permitir una intervención temprana.
Guardiola ha advertido además de que la violencia puede afectar no solo a las mujeres, sino también a sus hijas, hijos y hermanos, y ha señalado que en ocasiones se desarrolla durante años dentro del ámbito familiar sin que trascienda al exterior.
36 oficinas de igualdad y 22 puntos de atención psicológica
La red extremeña dispone actualmente de 36 oficinas de igualdad y violencia de género y 22 puntos de atención psicológica, según los datos aportados por la presidenta. A estos recursos se suma el Proyecto Pilar, que ofrece atención psicológica de emergencia en todos los municipios de la comunidad.
Desde finales de 2024 funcionan además cuatro centros de atención integral para víctimas de violencia sexual, dirigidos a mujeres y niñas mayores de 12 años y con atención las 24 horas. La red se completa con el asesoramiento jurídico que prestan los colegios de la abogacía de Cáceres y Badajoz antes y después de la denuncia.
Guardiola ha anunciado también que la Casa de la Mujer de Cáceres contará con una habitación de acogida de emergencia para víctimas, siguiendo el modelo de la que ya funciona en la Casa de la Mujer de Badajoz.
La presidenta ha defendido que la atención no puede depender del lugar de residencia de las víctimas y ha puesto el foco especialmente en el medio rural. La coordinación entre los diferentes recursos, ha señalado, es una de las claves para garantizar una respuesta adecuada.
Extremadura, única comunidad con todo su territorio especializado
Durante las jornadas, Guardiola también ha destacado la especialización judicial existente en Extremadura en materia de violencia sobre la mujer y ha señalado que la comunidad es actualmente la única con todo su territorio especializado.
La presidenta del TSJEx, María Félix Tena, ha recordado que Extremadura ya contaba desde 1999 con una comisión departamental para la prevención y erradicación de la violencia de género, en la que participaban distintas áreas de la Administración. También ha destacado la puesta en marcha, en 2022, del primer juzgado comarcalizado de violencia sobre la mujer que cubría una provincia completa.
Tena ha defendido la continuidad de la formación y la especialización de los profesionales y ha afirmado que “es imposible que haya igualdad en cuanto exista violencia de género”.
Por su parte, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y vocal del CGPJ, Esther Rojo Beltrán, ha reclamado que las instituciones mantengan la confianza de las mujeres en los sistemas de protección. Entre los retos que se han abordado durante las jornadas figuran también la violencia sexual digital, la inteligencia artificial, la prueba preconstituida, la discriminación interseccional y la violencia contra las mujeres en el ámbito rural.
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