La ley de lobbys fracasa en el Congreso y España pierde otros 260 millones de los fondos europeos
Por Fernando Hernández Valls — Portada
La ley de lobbys fracasa en el Congreso y España pierde otros 260 millones de los fondos europeos
Grupos de interés
El Gobierno ha renegociado con la Comisión Europea el perjuicio por no convalidar el hito comprometido en el Plan de Recuperación
El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, este miércoles en el Congreso
Rodrigo Jiménez / EFE
Fernando H. Valls
Madrid
16/09/2026 19:07 Síguenos en Google 0:00 0:00 0.5x 0.8x 1x 1.2x 1.5x SUSCRÍBETE PARA ESCUCHAR El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia Artificial
España seguirá sin tener una ley de lobbys que aporte transparencia a las relaciones privadas entre empresas y políticos. El Congreso de los Diputados ha rechazado el real decreto-ley que aprobó el Gobierno a finales de agosto, de forma que la regulación ha estado menos de un mes en vigor y ha terminado decayendo. PP, Vox y Junts han votado en contra de la norma. España perderá 260 millones de los fondos europeos, menos de lo previsto tras una negociación con la Comisión Europea.
Prácticamente todo el arco parlamentario está a favor de regular la actividad de los lobbys. Así lo han expresado los distintos portavoces parlamentarios durante el debate de este miércoles. Sin embargo, la fórmula empleada por el Gobierno y la inclusión o exclusión de determinados aspectos en la ley han acabado provocando una negativa mayoritaria del hemiciclo.
El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha asegurado que la ley hubiera aportado “transparencia” a un sector que quiere profesionalizar su labor. Aunque en el Ibex 35 la norma generaba rechazo, la patronal Apri, que agrupa a las principales compañías, se había manifestado a favor de una ley que Bruselas lleva desde el 2021 reclamando a España.
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Uno de los puntos de fricción era la inclusión de patronales y sindicatos en la categoría de lobbys. López defendió que esa categorización no iba a afectar al diálogo social, contemplado en la Constitución. Incluso se comprometió a aclarar esta discrepancia en una nueva norma. El ministro también destacó que el registro obligatorio en el que debían inscribirse los lobbys dependería del Consejo de Transparencia, y no de la Oficina de Conflicto de Intereses y, por tanto, de su departamento. Pero todos estos intentos han sido en vano.
PP, Vox y Junts han votado en contra de la convalidación del real decreto-ley. El argumento del principal partido de la oposición es que, si bien está a favor de regular la actividad de los grupos de interés, la vía de un decreto de urgencia no es la adecuada. Junts, por su parte, ha reprochado al Gobierno incluir como lobbistas a representantes de pequeñas empresas y de organizaciones sectoriales, lo que hubiera dificultado su acceso a la administración. El PNV se ha abstenido. La ley, por tanto, decae con sólo tres semanas de vigencia. De hecho, en este tiempo el registro de lobbys ha tenido más de 300 solicitudes de adscripción y más de 3.000 consultas.
Es la tercera vez que España intenta legislar sobre los lobbys, sin éxito. Durante la pasada legislatura se aprobó un proyecto de ley que decayó con motivo de la convocatoria electoral. En el presente periodo de sesiones se ha tramitado una nueva ley que está bloqueada en fase de debate. El actual real decreto-ley ha sido el tercer intento infructuoso.
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Fuentes gubernamentales cifran en 260 millones la pérdida económica para España por no poder legislar sobre los lobbys. 260 millones en transferencias que no se recibirán del Plan de Recuperación. Ya no hay tiempo para cumplir con el compromiso alcanzado con Bruselas. En un principio, las fuentes consultadas elevaron ese perjuicio a entre 800 y 1.500 millones. Sin embargo, el Gobierno ha renegociado con la Comisión Europea, que ha tenido en cuenta el cumplimiento de España de otras reformas asociadas al mismo hito en el que está comprendida la ley de lobbys.
1.400 millones menos por incumplimientos
España ha perdido casi 1.300 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation EU debido al incumplimiento de varios objetivos pactados. Ayer no pudo aprobar la ley de lobbys, lo que restará 260 millones a las transferencias totales. Antes, el Ejecutivo tampoco pudo aprobar las reformas del impuesto del diésel, la que afecta a la temporalidad de los interinos y la relativa a la digitalización de las entidades locales. Estas tres reformas congelaron 1.100 millones. La Comisión Europea tiene tasado el recorte de fondos a un país miembro, aunque existen negociaciones que pueden reducir las partidas retenidas si el país cumple otros compromisos.
Fernando H. Valls
Redactor de la sección de Economía de La Vanguardia en la redacción de Madrid. Autor del libro ‘El año que vivimos sin Gobierno’ (Libros.com) y colaborador de varios programas de televisión y radio.
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