Manel Pérez: “El Supremo ha abierto un conflicto al retirar el derecho de voto a españoles reconocidos por la ley de nietos”

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Por Martí PaolaPortada

Manel Pérez: “El Supremo ha abierto un conflicto al retirar el derecho de voto a españoles reconocidos por la ley de nietos”

Claves del día

El adjunto al director de La Vanguardia sostiene que la decisión cautelar del alto tribunal afecta ya a unos 400.000 nuevos ciudadanos españoles y advierte de que el debate enfrenta la interpretación judicial de la norma con una decisión previamente avalada por el Parlamento

La medida impide, de momento, que cientos de miles de nuevos españoles residentes en el extranjero puedan votar mientras el alto tribunal resuelve el fondo del recurso, en un debate que enfrenta al poder judicial y al legislativo Video
Martí Paola

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Barcelona

14/09/2026 17:59 Síguenos en Google

La decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente parte de los efectos electorales de la conocida como “ley de nietos” ha reabierto un intenso debate político y jurídico sobre los límites entre el poder legislativo y el judicial. La medida afecta a los nuevos ciudadanos españoles residentes en el extranjero que han obtenido la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática y, mientras no haya sentencia definitiva, les impide ejercer el derecho al voto en unas eventuales elecciones generales.

En una entrevista en Claves del día, el adjunto al director de La Vanguardia, Manel Pérez, recordó que la norma fue concebida para “permitir recuperar la nacionalidad española a hijos y nietos de exiliados como consecuencia de la Guerra Civil y de la represión posterior”, especialmente de quienes abandonaron España entre 1936 y 1955 y se establecieron mayoritariamente en Latinoamérica. El objetivo era restituir el vínculo jurídico de los descendientes con el país de origen de sus familias.

Pérez subrayó que la resolución del Supremo no anula la nacionalidad concedida, sino únicamente sus efectos electorales de forma provisional. “Habrá aproximadamente 400.000 españoles que tendrán pasaporte y nacionalidad, pero no podrán ejercer un derecho fundamental como es el derecho al voto”, afirmó. A esa cifra podrían sumarse más de un millón de personas que todavía tramitan su solicitud, mientras el potencial total de beneficiarios podría alcanzar los dos millones.

El origen de la controversia, explicó, no reside tanto en la ley como en el reglamento que desarrolló su aplicación. Ese texto permite acogerse al procedimiento a cualquier hijo o nieto de un español que abandonó el país en ese periodo histórico, sin exigir acreditar expresamente la condición de exiliado político. Según Pérez, el recurso presentado por Vox y una asociación próxima ha llevado al Supremo a asumir cautelarmente el argumento de que el incremento del censo exterior podría comprometer la transparencia electoral. “El Tribunal Supremo compra esos argumentos prácticamente sin ningún tipo de filtro”, sostuvo.

Más allá del debate jurídico, el periodista interpreta el caso como un episodio de fuerte carga política. A su juicio, el temor de la derecha a un eventual cambio en el comportamiento del voto exterior explica buena parte de la ofensiva judicial. “Se han puesto nerviosos y tienen miedo de que este incremento del censo de votantes fuera de España pueda dificultar su regreso al Gobierno”, señaló. Mientras el alto tribunal prepara una sentencia que previsiblemente llegará en los próximos meses, el conflicto mantiene abiertos interrogantes sobre el alcance de la ley y sobre el equilibrio entre la voluntad del Parlamento y el control ejercido por la justicia.

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Martí Paola Balbastre es periodista y presentador del programa Claves del día de La Vanguardia, un espacio informativo que analiza la actualidad con rigor y perspectiva crítica

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